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El crecimiento de los planes sociales desnuda el avance de la pobreza

Publicado by CTA Autónoma Córdobaen enero 26, 2021enero 25, 2021

Los planes sociales no constituyen un avance en los derechos sociales sino una evidencia de que el proceso económico no genera los empleos y los ingresos para que la población pueda vivir de su trabajo.

Por Ismael Bermúdez 

La magnitud de los planes sociales en toda la región y en particular en la Argentina, que van desde los planes sociales hasta la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta alimentaria, no es una expresión del avance de los derechos sociales sino una consecuencia del estancamiento y retroceso de la economía, el deterioro salarial, la informalidad laboral y el avance de la pobreza e indigencia.

Basta mencionar que, con todos esos planes sociales, la pobreza en la Argentina supera el 45% de la población. Claro está que, sin esos planes, la pobreza superaría el 50%. Pero de esta diferencia marginal no se desprende que los planes constituyan “un avance de los derechos sociales” –como se menciona a diario- sino una evidencia de que el proceso económico no genera los empleos y los ingresos para que la población pueda vivir de su trabajo.

Más que un “derecho social” son planes de “contención social” y “contención política” que no impiden la pauperización y la reproducción de la pobreza, como lo evidencia que la pobreza infantil supera el 60%.

En los últimos meses, la pobreza creció 7 puntos porcentuales y ascendió a 45%, según un relevamiento realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA).

En los últimos meses, la pobreza creció 7 puntos porcentuales y ascendió a 45%, según un relevamiento realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA).

No puede calificarse de “avance de los derechos sociales” que los planes de empleo de Desarrollo Social, que comprende a 760.000 personas, cobren la mitad del salario mínimo, o sea, $ 10.300. Que 1,5 millones de personas (98% mujeres) cobran una tarjeta alimentaria de $ 4.000 por un hijo de menos de 6 años y $ 6.000 por 2 o más hijos menores de esa edad, con una AUH que cobran 2,2 millones de padres a razón de $ 3.717 por hijo menor de 18 años.

Son todos valores que rondan la canasta de indigencia –valorizada por el Indec en $ 22.680 para una familia tipo- y muy lejos de la canasta de pobreza valuada en $ 54.207. Y que están muy por encima de lo que cobran los beneficiarios de planes sociales, de los ingresos de los asalariados no registrados -incluyendo los que perciben la AUH-, de los al menos la mitad de los trabajadores registrados, incluyendo el cobro del salario familiar y de buena parte de los trabajadores independientes o por cuenta propia.

El avance de las ayudas sociales se integra a lo que se conoce como enfoque de la protección social horizontal que –a diferencia de la vertical, asociada al trabajo– se transparentó en el concepto de Piso de Protección Social sostenido por la Organización Internacional del Trabajo, en colaboración con los organismos financieros internacionales, que han financiado buena parte de esos planes sociales, como los créditos del Banco Mundial al programa AUH.

La pandemia y la cuarentena agravaron este cuadro social porque los más afectados por la pérdida del empleo fueron los asalariados y cuentapropistas pobres.

Básicamente es una estrategia para amortiguar los efectos de las crisis internacionales y de cada uno de los países. Refiere a un “conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y empoderando a las personas a lo largo del ciclo de vida” (OIT). Además, otros organismos internacionales han reconocido también el rol central que tienen “las políticas de protección social para estabilizar la demanda agregada y mejorar la resiliencia frente a perturbaciones económicas, contribuyendo a facilitar sendas de desarrollo más inclusivas y sostenibles”.

El balance marca que las ayudas sociales están muy lejos de garantizar la “seguridad de los ingresos de la población” y “el acceso a los servicios sociales esenciales”. Las privaciones en salud, vivienda, educación son enormes. Son ayudas que no impiden la creciente pauperización, informalidad laboral y desempleo. La pandemia y la cuarentena agravaron este cuadro social porque los más afectados por la pérdida del empleo fueron los asalariados y cuentapropistas pobres, mientras la disparada de los precios de los alimentos golpeó más a los pobres e indigentes.

Fuente: www.airedesantafe.com.ar

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