Ingreso Básico Universal, Control Social de la Inflación y Recuperación de la Economía

Si bien aún no hay información sobre la evolución de los ingresos en el segundo trimestre, resulta preocupante que el incremento de los precios, principalmente de los alimentos, se mantuvo en niveles tan elevados que esa fuerte pérdida del poder adquisitivo difícilmente se haya revertido en estos últimos meses.

De hecho, tanto el valor de la Canasta Básica Alimentaria como de la Canasta Básica Total fueron acelerando los incrementos interanuales, hasta llegar a Junio 2021 a un aumento del 57,6% y del 51,8%, respectivamente. Así, el valor de la CBA para una familia tipo llegó a los $28.414, mientras que la CBT alcanzó los $66.488.

La gravedad de la situación se evidencia al constatar que mientras el Ingreso promedio de los ocupados se ubica en los $40.000, la canasta de pobreza llega a los $66.488. Así el Ingreso promedio de quienes trabajan en el país cubre el 60% del valor de la canasta de pobreza.

A la vez, el Salario Mínimo vital y móvil ($27.216) no alcanza siquiera a la canasta de Indigencia.

La aceleración inflacionaria provocó también un ajuste en el poder adquisitivo de las principales prestaciones sociales transferidas a las familias de menores recursos. En concreto, el valor nominal de la AUH llegó a los $4.503,7 en Junio, mientras el Haber Mínimo alcanzó los $23.064,7. La evolución de ambos montos implicó un recorte en el poder de compra de estas prestaciones del 8,9% respecto a Junio 2020. Si bien en el caso de la AUH este deterioro puede haberse compensado parcialmente a través del incremento y la extensión en la cobertura de la Tarjeta Alimentar, en el caso de las jubilaciones el fuerte ajuste experimentado durante la gestión de Cambiemos aún no ha logrado revertirse.

Ante este panorama y con un cuadro laboral por demás endeble, queda claro que es necesario un refuerzo aún más importante de las políticas de ingresos y productivas si realmente se pretende revertir los niveles de desigualdad, empobrecimiento y hambre que sufre la sociedad argentina. Niveles de desigualdad que se han acentuado mediante los mecanismos desplegados por el capital concentrado para capturar el deterioro del poder adquisitivo del salario vía precios y vía mayor explotación laboral (en el primer trimestre el excedente bruto de explotación creció 5,1 p.p. del PBI a partir, principalmente, de la transferencia de la masa salarial de 3,8 puntos porcentuales).

En este marco, seguimos insistiendo en la necesidad de implementar una Renta Básica Universal de carácter incondicional y combinarla con un programa de empleo garantizado, de forma tal de fijar un umbral de dignidad en materia de ingresos para nuestra sociedad, que garantice una Argentina libre de hambre y fomente la expansión de la demanda en el mercado interno para poner en marcha la utilización de la capacidad instalada ociosa, acelerando la recuperación de la actividad económica.

Estas medidas deben ir acompañadas de nuevas formas de regulación de los precios. En este sentido, entendemos que debemos avanzar hacia un “control social de la Inflación”. La estructura productiva Argentina se divide en 20 bloques sectoriales que agrupan a las principales cadenas de producción. En ellas hay que estructurar Mesas de Concertación y Control compartido de la estructura de Costos. Mesas donde participan productores, distribuidores y consumidores. Mesas donde el Estado junto a las Pymes, los trabajadores y las organizaciones de consumidores puedan avanzar en limitar los abusos de posición dominante. La tarea es regular y a la vez potenciar nuevos oferentes y nuevos canales de Distribución.

Control Social de la Inflación e Ingreso Básico Universal para garantizar un piso alimentario que promueva una Argentina libre de Hambre, es una tarea impostergable. Mejorar el poder adquisitivo de las mayorías para ampliar el mercado interno e inducir el uso de la capacidad ociosa es clave para evitar que se ahogue la reactivación y abrir la puerta al desarrollo económico del país.