La Justicia Provincial dictó el sobreseimiento del Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, en la causa donde el Fiscal Ernesto de Aragón, Distrito 4, Turno 1, lo procesó -junto a otros dirigentes sociales- por “entorpecimiento al transporte” ante la jornada de protesta piquetera concretada con la Marcha Contra el Hambre, que se realizó el 5 de abril de 2023.
La sentencia de la Cámara de Acusación del Poder Judicial de Córdoba marca un punto de inflexión respecto al acoso judicial que viene sufriendo Giuliani al ejercer el derecho constitucional a la protesta que fija el artículo 14 de la Carta Magna.
“Está dirigido a criminalizar la protesta social, a castigar a las organizaciones populares, donde se ataca la consecuencia ante la falta de respuesta de los reclamos por la grave crisis social que vivimos”, había denunciado Giuliani oportunamente al fustigar la actuación del Fiscal.
De Aragón incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados y adicionó al plexo probatorio los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policia Judicial (DIO) analizando: Los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 ‘Piquetazo Nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados. También fueron secuestrados y peritados los teléfonos celulares de los dirigentes, sin participación de peritos de parte.
Ahora, la Cámara dio la razón a los defensores letrados del dirigente estatal, que fundaron su rechazo a la elevación a juicio impulsada por el Fiscal, en el Derecho Internacional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, dictada recientemente, entre otros argumentos.
De Aragón le había imputado a Giuliani el delito previsto en el art 194 de CP “obstrucción de la circulación en la vía pública”. El Secretario General de ATE y la CTA-A Córdoba acusó al Fiscal de ser el brazo ejecutor del ‘Cordobesismo’.“Se trata de un intento por disciplinar la protesta social. Nosotros ratificamos la inconstitucionalidad de la imputación por lo que nuestro camino seguirá siendo la unidad, la lucha y la calle porque protestar no es delito, es un derecho”, denunció.
El fallo fija entonces un claro límite al Gobierno de Córdoba sobre los intentos por frenar la protesta social y fundamentalmente a la Justicia obediente con esa intención.
En uno de los punto significativos de la resolución judicial, la Cámara estableció que “no existe a nivel provincial una legislación similar a la nacional” a los fines de regular el derecho a la protesta que impuso el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, que habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales” que promovió la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a nivel federal.
Además, el tribunal dejó claro que “…Es indiscutible el derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio argentino, a reunirse y a peticionar a las autoridades (art. 14 de la Constitución Nacional), en cuyo marco se ejerce, o en sí mismo consiste, el derecho a manifestar sus opiniones y reclamos en la vía pública”.
Sin duda, se trata de un fuerte golpe a la pretensión del ‘Cordobesismo’ de restringir la movilización popular.
Foto de portada: Federico Giuliani, junto a los abogados de ATE Eugenio Biafore y Claudio Orosz, en tribunales el mes de mayo del año pasado.
Fuente: www.atecordoba.org