Por primera vez la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) presentó ante la Organización Internacional del Trabajo un informe que incluye y denuncia las graves problemáticas que atraviesa el colectivo. Tal como lo afirmó Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad, “nunca costó tanto acceder a los derechos como en este gobierno macrista”.
El informe hace referencia a uno de los Convenios prioritarios de la OIT, n° 111 relativo a la Discriminación en materia de empleo y ocupación. “Si hablamos de discriminación en relación al empleo, uno de los colectivos más afectados son los trabajadores con discapacidad. Ello a pesar de que en nuestro país existe una frondosa legislación de protección y promoción del empleo para trabajadores discapacitados” explicó Javier Izaguirre, abogado de la CTA-A.
Es así que la ley 22.431 del año 1981, en su artículo 8 contempla que “El Estado nacional —entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Sin embargo, y tal como lo denuncia el informe “lamentablemente, casi cuatro décadas después de sancionada la norma, el Estado nacional continúa en deuda con tal prescripción. Y el problema se extiende no sólo a las expectativas en el empleo público, sino que afecta la capacitación laboral y los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan insertarse en el mercado de trabajo”.
En el 2016 Gabriela Michetti, Vicepresidente de la Nación dispuso el despido de más de 2.000 trabajadores del Congreso Nacional, entre los cuales se encontraban 60 trabajadores con discapacidad. Si bien la decisión se pudo revertir a partir de la protesta y movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado, la propia medida da cuenta del desinterés de las autoridades por implementar políticas activas orientadas a mejorar la situación de precariedad que afecta a la mayoría de los trabajadores con discapacidad.
En un contexto donde el desempleo afecta al 90% de trabajadores con discapacidad, el gobierno nacional lejos de mejorar los programas de empleabilidad, inserción y estabilidad en el empleo, ha dispuesto medidas de austeridad que directa e indirectamente afectan a ese colectivo de trabajadores.
En el 2013 se promulgó en nuestro país, la Ley N° 26.816 por medio de la cual se creó el Régimen Federal de empleo protegido para personas con discapacidad, teniendo por objeto promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado. Sin embargo, la falta de interés del sector privado, y los planes económicos de ajuste dispuestos por el gobierno nacional han empeorado la situación de vulnerabilidad.
Como señaló Ferreres: “La política de ajuste aplicada por el gobierno de Macri provocó graves perjuicios y zozobra sobre una amplia capa de la población, incluida, principalmente, las personas con discapacidad”. Y denunció que “al poco tiempo de asumir, el Gobierno empieza con la quita de Pensiones llegando al 2017 a la brutal baja de 70.000 de un plumazo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitió que se le pidió un recorte en su área y no devolvió las pensiones que la Justicia la intimó a efectivizar ante cientos de amparos”. Y la avanzada de recortes continúa con un nuevo decreto que intenta dar de baja pensiones por invalidez.
“Dicha disposición se fundamenta en un DNU del menemismo de 1997 que exige para su otorgamiento condiciones de pobreza de toda pobreza lo cual responde a una concepción regresiva, absolutamente repugnante a la Convención y al derecho a una vida autónoma y a la inclusión en sociedad en igualdad de oportunidades de las Personas con Discapacidad que ésta consagra, en tanto sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo” explicó.
Asimismo, Ferreres señaló otras medidas atentatorias contras las personas con discapacidad: “mediante un DNU anticonstitucional que colisiona con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno disuelve la Comisión Nacional de Discapacidad, la Comisión Nacional de Pensiones cuyas funciones y personal son absorbidas por la Agencia Nacional de Discapacidad que crea el mismo DNU. Ninguna ONG de Personas con Discapacidad, de padres y familiares fue consultada. Tampoco profesionales, especialistas, trabajadores, tal como lo establece la Convención que tiene rango constitucional en nuestro país. Lo concreto es que se quitaron miles de pensiones, que no hay políticas para acceder a un trabajo digno, que las Obras Sociales retacean y niegan tratamientos, medicamentos y otras coberturas, que no está garantizada la rehabilitación y la reinserción laboral, que la educación inclusiva en todos sus niveles está solo en los papeles y que muchos otros derechos que no se cumplen impiden la participación social y la dignidad de las Personas con Discapacidad”.
“El gobierno argentino incumple con las obligaciones que asumió al ratificar el Convenio n° 111 si la práctica nacional contraría las disposiciones del mismo” aseveró Izaguirre. La magnitud del problema no tiene relación con la protección normativa. Contrariamente, existe una frondosa legislación que de protección y promoción del apoyo y empleo a personas con discapacidad. El problema es que no se cumple”.
Fuente: www.agenciacta.org