Tras casi cuatro años de análisis, el Consejo de Administración de la OIT aprobó las conclusiones del Comité Tripartito encargado de evaluar la denuncia y determinó que, efectivamente, existían comunidades indígenas alcanzadas por el proyecto y que el Estado debía haber garantizado mecanismos de consulta adecuados antes de avanzar con decisiones administrativas de ejecución.
Entre los puntos más relevantes del informe, la OIT sostuvo que las audiencias públicas ambientales no constituyen por sí mismas procesos de consulta indígena, tal como exige el Convenio 169. Además, advirtió que no se acreditó que los estudios de impacto ambiental se hubieran realizado en cooperación con todas las comunidades involucradas, ni que se hubiera evaluado de forma integral la dimensión social, cultural, espiritual y ambiental del territorio afectado.
Otro aspecto central de la resolución es que el organismo internacional descartó la interpretación restrictiva sostenida por las autoridades provinciales, que limitaba el derecho a consulta únicamente a comunidades formalmente registradas. El Comité recordó que la protección del Convenio alcanza a todas las comunidades indígenas, con independencia de su situación jurídica o registral.
En materia patrimonial, la OIT también tomó nota de las medidas judiciales dictadas para proteger sitios arqueológicos y culturales, especialmente en relación con la Comunidad Las Tunas, y solicitó al Estado argentino continuar garantizando, en cooperación con las comunidades afectadas, la preservación de esos bienes y recursos.
Asimismo, el informe incorpora preocupación por los hechos de represión, judicialización y criminalización de defensores ambientales y referentes sindicales ocurridos durante las protestas contra la obra. En ese sentido, el Comité requirió al Estado que informe sobre estas situaciones en futuras instancias de control de cumplimiento del Convenio.
La abogada Marcela Fernández, representante legal en las acciones de amparo vinculadas a la causa, destacó que la resolución “confirma la existencia de graves falencias en los mecanismos de participación y consulta” y consideró que “se trata de un antecedente de gran relevancia para la protección de los derechos colectivos de las comunidades originarias y para el control de futuros proyectos de infraestructura”.
Desde la CTA Autónoma Córdoba señalaron que la resolución constituye un reconocimiento internacional a una lucha sostenida durante años por comunidades indígenas, organizaciones sindicales y colectivos ambientales del Valle de Punilla, y reafirmaron su compromiso con la defensa del territorio, el ambiente y los derechos humanos.
El fallo de la OIT no implica la paralización de la obra ni la nulidad de las autorizaciones ambientales vigentes, pero establece un precedente significativo que fortalece la exigibilidad del derecho a la consulta previa y la participación efectiva de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios y modos de vida.
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla