Por Fabio Basteiro y Roberto Reinoso, (aeronáuticos, autores de ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones?, Red Editorial, 2022)
La compañía aérea Flybondi alcanzó en los últimos años el récord mundial en cancelaciones y el último lugar en la preferencia de los pasajeros. El “siga, siga” de la ANAC libertaria comparte la responsabilidad con su actual dueño, Leonardo Scaturice, de vínculos con la SIDE, cuyo nombre comenzó a circular en los medios cuando una empleada suya pasó quince valias trasladadas desde Miami por un avión privado de la compañía del lobista mileísta eludiendo los controles en el aeroparque. El silencio en el PRO de Macri y Dietrich, pioneros de esta empresa.
Siga que no hay sangre. Ante el alud de cancelaciones por parte de la low cost en 2024, 2025 y 2026, la ANAC (Administración Nacional de la Aviación Civil), organismo que debería sancionar los incumplimientos, se limitó a labrar inofensivas actas de advertencia, casi una palmada en la espalda. Tuvieron que salir las provincias a intentar frenar la barbarie porteña: la low cost recibió sanciones económicas en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Rio Negro, donde el reclamo de pasajeros y cámaras de turismo locales se hizo sentir. Además, el organismo de control no contestó las consultas de la prensa (¿ejecutando el “no odiamos lo suficiente a los periodistas”?) En abierta complicidad, desde la ANAC afirmaron que no tenían nada que hacer con los incumplimientos permanentes que caracterizan a la empresa. Esto es más grave si se tiene en cuenta que algunos expertos del ambiente aeronáutico hablan de un “desfinanciamiento premeditado” y de “recaudación fraudulenta” de fondos por pasajes para vuelos que finalmente no operan: muchos pasajeros denuncian que no reciben el reintegro de vuelos cancelados. Los “cielos abiertos” de Milei desprotegen al pasajero. Ante el abandono, usuarios se nuclearon en la cuenta de Instagram @BastaFlyBondi para reclamar la intervención de la Secretaría de Turismo y la devolución del dinero, ya que la compañía sólo ofrece reintegros con boletos a usar en el futuro.
Mutismo low cost. La propia línea aérea tampoco atendió consultas de medios y, finalmente, renunció su directora de Comunicaciones. El único que hizo comentarios fue el Ceo, también renunciante, Mauricio Sana. Al irse, celebró que “en Flybondi tuve la oportunidad de liderar uno de los proyectos más disruptivos de la aviación argentina”. Pareció una mala jugada del inconsciente, porque en la aviación comercial la palabra “disruptivo” se usa para designar al pasajero que pone en riesgo la seguridad del vuelo por no respetar las normas de a bordo. El incumplimiento de vuelos y normas de seguridad fue el sello de la low cost.
Negacionismo PRO. El último 17 de octubre el ex ministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich posteó en X: “Algunos decían que las low cost no iban a durar. Ocho años después, Flybondi y otras aerolíneas low cost siguen volando, conectando y creciendo”. El caos operativo de esta línea aérea ya venía de hace rato, pero Dietrich construyó con este tuit de octubre una realidad paralela. Ahora, frente a este presente terminal se mantiene callado sobre el tema, lo mismo que Macri, quien parece no haber gobernado porque no se hace cargo de nada.
El silencio del PRO aturde, porque las irregularidades y el fracaso de Flybondi hunde sus raíces en ese gobierno. Tal como denunciamos hace cinco años en nuestro libro ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones?, aún antes de empezar a volar, Flybondi disfrutó del favor del Estado macrista: en la primera Audiencia por otorgamiento de rutas, en 2017, le asignaron 85 rutas sin tener un sólo avión y declarando un capital inicial de sólo 6.000 dólares. «Nadie va a comprar aviones hasta tanto te autoricen las rutas”, defendió la decisión el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich, cuando le preguntaron sobre la anomalía. La condescendencia continuó durante 2018, cuando en una nueva audiencia le otorgaron otras 284 rutas.
Varios de sus funcionarios estaban sospechados de participar en esta línea aérea. Richard Guy Gluzman, uno de los fundadores de Flybondi, se había desempeñado como vicepresidente del fondo de inversiones Pegasus, propiedad del vicejefe de Gabinete de Macri, Mario Quintana. Gluzman también era vicepresidente del Banco Supervielle, y en ese carácter, había colocado en 2016 obligaciones negociables de la concesionaria Dietrich S.A., de la familia del ministro (confirmado por su hermano, Hernán Dietrich). Además, la low cost no fue alcanzada por los decretos que anunció el gobierno PRO sobre conflictos de intereses y no vio demorado el inicio de sus operaciones en 2018, como sí le sucedió a Avianca. Gluzman, además, también tenía su propio lugar en el Estado, ya que en ese momento era funcionario de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo), donde nadie sabía bien qué hacía. Fue desvinculado cuando comenzaron a salir a la luz numerosos casos de conflictos de intereses entre funcionarios del gobierno. Por su parte, el entonces vicepresidente de Flybondi, Gastón Parisier, había sido socio entre 2010 y 2016 de Lucas Werthein, asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el organismo que autorizó la conversión del aeródromo de El Palomar en aeropuerto comercial para ser operado por Flybondi y otras low cost. Los íntimos vínculos del partido de gobierno y la línea aérea llevaron también a que recibieran subsidios de provincias y municipios gobernados por el PRO.
Sin rasgarse las vestiduras por el gasto público que demandaban los trabajos de reforma, Dietrich convirtió el aeródromo militar de El Palomar en un aeropuerto comercial para uso de Flybondi. Apuró las obras sin preocuparse por los problemas de seguridad y acústica que los vecinos denunciaban. Desatendió los reclamos de las organizaciones de derechos humanos, que advertían que era un “Sitio de memoria” protegido por ley, y que cualquier reforma conllevaba la posibilidad de destruir pruebas de delitos de lesa humanidad. “Bondi”, como les gusta autodenominarse a la aérea, consiguió en esa época del ORSNA un descuento del 70% de la tasa de embarque que la firma Aeropuertos 2000 cobraba en ese “aeropuerto” por cada pasajero embarcado. La inutilidad del nuevo aeropuerto quedó demostrada cuando durante el gobierno del Frente de Todos, las dos low cost que volaban allí no mostraron resistencia a operar en el Aeroparque Newbery.
Fin. Todas las “ayudas” del Estado macrista se mostraron inútiles frente a la gradual debacle de Flybondi. En estos días se hizo público que perdió 10 puntos de participación en el mercado de pasajeros. La preparaban para reemplazar a la línea de bandera, pero paradójicamente Aerolíneas Argentinas, aún desfinanciada y mal gestionada por el gobierno de Milei, en una revancha silenciosa, volando desde atrás, terminó arrebatándole buena parte de esa presencia en el mercado. Además, el nuevo dueño de Flybondi, Leonardo Scatturice, quedó envuelto en sospechas luego de que en febrero de 2025 la ex tripulante Laura Arrieta fue filmada pasando quince valijas eludiendo todo control aduanero, de las que nunca se pudo conocer el contenido. “La valijera”, como quedó bautizada, había llegado en el jet privado Bombardier propiedad del empresario.
El corolario es dramático: trabajadores despedidos, retiros voluntarios, renuncias de sus directivos pasajeros varados en aeropuertos, empleados del “check-in” golpeados, quejas de prestadores turísticos en el interior, caída abrupta en el número de pasajeros transportados por la low cost, talleres de mantenimiento denunciados como ilegales, sindicato armado por la propia empresa, operaciones con un sólo avión, sanciones económicas, condenas del Poder Judicial. Cruje un capitalismo lumpen plantado por el PRO y regado hoy por libertarios.
Fuente: www.coyuntura.com.ar