Por Jesús Chirino*
El militar Argentino del Valle Larrabure, en agosto de 1974, fue tomado prisionero en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María por la compañía “Decididos” del Ejército Revolucionario del Pueblo. Un año después del ataque a la Fábrica Militar se lo encontró sin vida en una zanja, en los suburbios de Rosario. Existen quienes señalan que fue asesinado, pero existen muestras de la manipulación de las pruebas, por los propios militares, y desde la guerrilla se sostiene que se suicidó.
Esta nota no pretende restar importancia al dolor y el sufrimiento de entonces y el que continúa en sus allegados; tampoco se pretende atacar la figura de Larrabure, sino introducirlo en la utilización de su figura para la construcción de un símbolo para quienes reivindican la dictadura y el autoritarismo.
Todas las muertes duelen, pero no todos los crímenes son iguales
Se ha publicado en los últimos días que el obispo castrense monseñor Santiago Olivera recibió una comunicación del cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, señalando la autorización del Vaticano para la apertura de la causa de beatificación del coronel Argentino del Valle Larrabure. En este caso, escribió el periodista Andrés Ferreras en un diario capitalino, el criterio sería que Larrabure sea reconocido como mártir de la Iglesia Católica. En la misma nota, el presbítero Alberto Bustamante, de la Diócesis de Villa María, declaró que este proceso “no es, para la Iglesia, tomar partido por un sector”. Pero resulta imposible sustraer el caso Larrabure de la centralidad que ha ocupado en las reivindicaciones, explícitas o veladas, de la última dictadura y de discursos autoritarios. Sobre este particular puede consultarse la obra de Germán Ferrari, “Símbolos y fantasmas. Las víctimas de la guerrilla: de la amnistía a la ‘justicia para todos’”.
Desde la recuperación democrática, la derecha argentina ha pretendido que los actos de la guerrilla sean equiparados con el terrorismo de Estado ejercido en los años 70. Derogado el autoindulto dictado por el gobierno de facto; desarrollado el juicio a los comandantes y la resistencia popular a las asonadas militares que pedían “una solución” para quienes debían enfrentar juicios por su participación en el terrorismo de Estado, los reivindicadores de la dictadura fue desarrollando diferentes estrategias.
Cuando Alfonsín dispuso el juicio a las Juntas e hizo lo mismo con los líderes guerrilleros, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que los crímenes que hubieran podido cometer las organizaciones armadas eran prescriptibles, es decir, que no pueden ser equiparados con los “crímenes de lesa humanidad” cometidos desde el Estado durante la violencia de los ´70. Pero este fallo judicial no detuvo a los reivindicadores de la dictadura. En los años ´80 llegaban a rechazar que había existido un “terrorismo de derecha” y un “terrorismo de izquierda”, es decir, la teoría de los dos demonios consagrada en el prólogo del Nunca Más. Tomaban esa posición como una manera de desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Luego, ante el avance de los juicios y las abrumadoras cantidades de pruebas, comenzaron a aceptar que habían existido “errores”. Siempre fueron ideando distintas estrategias, como conmemorar lo que denominan el “Día de los caídos en la lucha contra la subversión” y la construcción de “símbolos”.
Ferrari plantea que la figura del Coronel Argentino del Valle Larrabure pasa a remplazar la de Pedro Eugenio Aramburu “como emblema para los familiares de las víctimas de la guerrilla y los defensores del último régimen castrense”. Aramburu cargaba con el antecedente del bombardeo a Plaza de Mayo en 1955 y los fusilamientos en 1956, Larrabure no contaba con ese tipo de antecedentes. Ferrari también marca que “ya en el Juicio a las Juntas, durante un alegato presentado por su defensa, el almirante Emilio Eduardo Massera alzó el caso Larrabure como símbolo de lo que podía realizar la ´delincuencia terrorista´”. Esta utilización de la figura del coronel no menoscaba su integridad ni dolor que provocó su muerte, más bien habla del oportunismo político de quienes pretenden erigirlo como símbolo de la reivindicación de la dictadura y el autoritarismo.
La Justicia dijo que no fue crimen de lesa humanidad
En agosto de 2018, la Cámara Federal de Rosario, en fallo unánime, dictaminó que la causa de la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure no fue un crimen de lesa humanidad. El diario La Capital, del 31 de agosto, publicó que “la defensa de Juan Arnold Kremer, ex número dos del ERP y considerado autor mediato del ilícito, por el contrario, señaló que los actos de violencia terrorista, sin dejar en ocasiones de ser hechos criminales, no son casos de lesa humanidad, que es lo único que convierte a un delito en imprescriptible”. Por su parte el juez Jorge Gallino, uno de los cinco integrantes de la Cámara, entre otras cuestiones, opinó que el rechazo de la imprescriptibilidad de los hechos se debía a que “…no se ha acreditado que el hecho tratado fuera cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado o de una organización con apoyo estatal, extremos que es crucial probar, por tratarse de elementos de contexto descritos en el encabezado o preámbulo del art. 7 del Estatuto de Roma, que establecen las condiciones que debe reunir la comisión de alguno de los delitos que se enumeran en el artículo para constituir un crimen lesa humanidad”.
Si bien existe una apelación ante la Corte Suprema, no parece que el planteo tenga muchas probabilidades de encontrar eco favorable.
El presentador del caso
Quien estuvo a cargo de la investigación para elevar el caso Larrabure al Vaticano fue el obispo Santiago Olivera, delegado para la Causa de los Santos del Episcopado Argentino, el mismo que en 2018 declaró “no se están cumpliendo algunos derechos humanos para nuestros fieles militares”, en referencia a quienes cumplían condena por delitos de lesa humanidad. Se trata de un hombre que tergiversa los discursos habitualmente sostenidos por organizaciones de Derechos Humanos para, veladamente, reivindicar la dictadura.
Es así que declaró “Hay que buscar justicia y no venganza”, esto lo dijo en apoyo a una iniciativa, en 2018, para excarcelar a 96 represores condenados, entre los que se contaban figuras como Christian Von Wernich quien fuera capellán de la policía de Ramón Camps. En el 45° aniversario del último golpe de Estado volvió a reclamar por una “memoria sin ideologías que ciegan” y una “justicia que supere la simple venganza, que realmente sea justicia”. Es decir, que ignora que la propia justicia ha señalado que un solo lado cometió delitos de lesa humanidad y que no existieron “dos demonios”.
Olivera está muy en sintonía con el planteo “justicia para todos” o “justicia completa” sostenido por personajes como Cecilia Pando.
Carta de organismos de Derechos Humanos
A finales de julio de 2017, un grupo de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y religiosas, dirigieron una nota al mismo Santiago Olivera, cuando asumió como obispo castrense de la República Argentina. Entre los firmantes de esa misiva se encuentran las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; la Fundación Servicio, Paz y Justicia. También personalidades de la lucha por el respeto de los derechos humanos, como el propio Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Allí manifiestan que “la dictadura que ocupó el poder entre 1976 y 1983 fue cívico-militar y también eclesiástica. Su componente religioso fue tan necesario como el represivo, el político y el económico. La profundidad y la extensión temporal que alcanzó, no se hubieran logrado sin la legitimación que la doctrina católica brindó al gobierno militar y a la violencia desplegada. Dicha legitimación reposó en el discurso público de los obispos, en el silencio aquiescente del Episcopado y centralmente en el trabajo que por décadas realizó el Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas”.
En cuanto al obispo Olivera, le dicen que él “se ha expresado públicamente en los términos de una remozada “teoría de los dos demonios”, idea que conlleva una falsa lectura del pasado, que es funcional a la impunidad penal de los perpetradores del genocidio, y que se ha ido superando con el tiempo y el esfuerzo pedagógico de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, intelectuales, docentes y referentes políticos. En sus declaraciones previas a su asunción oficial, usted ha reducido los crímenes de las Fuerzas Armadas a “equivocaciones”, ha cuestionado la “selectividad” de la justicia y la “parcialidad” de la memoria colectiva, y ha expresado su apoyo a la prisión domiciliaria de los genocidas condenados. Todas ellas, señales de una perniciosa continuidad con el pasado”.
No están aquí todos los datos para sostener el argumento central de esta nota, pero quizás lo expuesto alcance para despertar la curiosidad acerca de las diferentes estrategias que usa la derecha en el intento de construir algunos símbolos que les sean útiles para reivindicar la dictadura y el autoritarismo.
*Docente. Periodista. Secretario General de la Unión de Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTA). Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María
Fuente: www.eldiariocba.com.ar