El Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, procedió este jueves a identificar, imputar y retener el teléfono celular del Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la Marcha contra el Hambre realizada el pasado 5 de abril por la Unidad Piquetera. El dirigente estatal compareció ante la Fiscalía que lo acusa de “obstrucción del transporte público” en los términos del artículo 194 del Código Penal, en una clara escalada política y judicial de criminalización de la protesta social que, en la provincia de Córdoba, tiene nombre y apellido de responsables ideológicos y materiales.
La CTA-A Córdoba repudió en un comunicado de prensa la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, el hambre y la inseguridad, el Gobierno -a través de la Justicia adicta- persiga y procese a los que salimos a la calle para denunciar la crisis económica y social que se lleva puesto los ingresos de la población”.
Martín Llaryora, Intendente de Córdoba y candidato a Gobernador por el “Cordobesismo”.
“Aunque el Intendente de Córdoba y candidato a Gobernador, Martín Llaryora, quiera desmarcarse, sus huellas están en este ‘Plan Antipiquete’ que motorizan varios de sus dirigentes en la Legislatura y el Poder Judicial; el cual tiene como propósito regular la protesta social ante la profundización del ajuste que aplicará el Estado en todos sus niveles desde diciembre, cuando cambien los gobiernos”, enfatizó la Central.
Y agregó: “En cumplimiento de estas directrices generales surgidas del Hábeas Corpus presentado por vecinos de Nueva Córdoba, el Fiscal Ernesto de Aragón imputó a nuestro compañero Federico Giuliani, a Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero, y otras cuatro personas con el objetivo de lanzar un globo de ensayo para ver si funciona como instrumento para disciplinar a los que reclaman contra este calamitoso estado de cosas”.
“No sólo eso. La Jefa de la Policía, Liliana Zárate, confirmó que la fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para reprimir el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho”, subraya la nota.
“El Gobierno y la Justicia de Córdoba tienen que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción, la inseguridad que golpea a los que menos tienen, la violencia institucional de la Policía, el hambre y la marginalidad crecientes, en lugar de asediar a los que luchan para que vuelva a imperar la Justicia Social en la provincia y el país”, remata la declaración de la CTA-A cordobesa.
Foto de portada: Fiscal Ernesto de Aragón