El Secretario General de la CTA Autónoma Regional San Francisco, Antonio Muratore, dijo a esta Agencia en referencia al proyecto oficial de bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad y a la proliferación de episodios de criminalización y judicialización de los pibes y pibas de barriadas humildes que “no se trata de errores o excesos, ni de la herencia de la dictadura, sino de una política destinada a hacer ‘callar y obedecer’. Gatillo fácil, tortura y detención arbitraria forman parte de un combo de una política del llamado Estado democrático destinada al control de la población pobre”.
Y agregó: “A San Francisco llegó primero la Gendarmería y ahora la Policía Federal. El Gobierno de turno a cargo de Ignacio García Aresca (Unión por Córdoba-PJ), delfín del flamante precandidato a Intendente de Córdoba, Martín Llaryora (UPC-PJ-Alternativa Federal), no escatimó esfuerzos (en gestiones y dinero) para que las dos fuerzas federales se establezcan en la ciudad y para ello ambos recurrieron a los empresarios que integran la directiva del Parque Industrial y al Obispado, respectivamente, que ‘cedieron’ los espacios físicos para sus radicaciones”.
El “Tano” Muratore denunció que “por Gendarmería el Municipio tuvo que ‘hacer un esfuerzo con una inversión de más de 600.000 pesos’, había asegurado por entonces García Aresca, mientras en el caso de la Policía Federal, la Casa Diocesana perteneciente al Obispado de San Francisco fue ‘entregada’ en alquiler a la Municipalidad por ‘47.500 pesos por mes en el primer año y 60 mil en el segundo’, a decir de las autoridades locales”.
“No debemos mirar para el costado y tenemos que pensar en la seguridad de todos los vecinos, y por ello tomamos el compromiso y participamos desde nuestro lugar”, había manifestado García Aresca durante el acto de inauguración del local de Gendarmería. Basado en el aumento notorio y sostenido del discurso acerca de la “inseguridad”, que dota de consenso este tipo de políticas, según esa interpretación, hablar de inseguridad es una forma alegórica de clamar por más represión.
El Secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA), Seccional San Francisco, afirmó: “Lo cierto es que las fuerzas federales ya desembarcaron, y los elogios del Intendente no se hicieron esperar: ‘Sabemos del honor que representa ser gendarme, conocemos de su corrección en el cumplimiento para que la tarea encomendada sea irreprochable, valoramos su disciplina, su energía, su lealtad, aprendimos a conocerlos como centinelas de la Patria, custodios de la Soberanía Nacional, de la democracia, de las leyes y de la integridad y derecho de las personas, son sinónimo de patria, ley y derecho, pero sobre todas las cosas son personas de bien. Estoy convencido que juntos vamos a lograr los objetivos de paz, solidaridad y tranquilidad que toda comunidad merece’, dijo García Aresca en un panegírico que incomoda, sobre todo cada vez que uno lee, mira o escucha sobre la participación de efectivos de las fuerzas de seguridad en el mundo del delito”.
“Y aunque siempre hubo períodos, como en la década de los ’90 donde sectores reaccionarios planteaban que había que ‘meter bala por la espalda’ y otros garantistas que afirmaban ‘necesitamos seguridad pero no de cualquier manera’, todos terminaron votando la Ley Antiterrorista y el endurecimiento de las leyes penales para otorgarle al aparato represivo mayores facultades” señaló, contundente, Muratore.
Para el periodista de La Voz de San Justo, “aún Zaffaroni, con su proyecto de darle a los menores el derecho a ser juzgados con todas las garantías, en la práctica, lo que realmente se garantiza con este tipo de medidas es el derecho a ser condenados”.
“El discurso dominante pide a gritos mayor presencia policial y de las fuerzas de seguridad para contener -según ellos- la creciente violencia que recrudece desde las barriadas pobres y el proyecto de criminalizar a los menores desde los 15 años gana adeptos en nuestra comunidad, aunque también existen organizaciones como nuestra CTA Autónoma que una vez más se muestra junto a otras organizaciones libres del pueblo militando por el ‘No a la Baja’, buscando poner freno a tan irracional iniciativa”, enfatizó.
Muratore añadió que “el debate por la baja de imputabilidad utiliza a los menores como “chivo expiatorio”, en un año electoral, para desviar la mirada de otras situaciones en las cuales los niños y jóvenes son las principales víctimas. En 2018 aumentó la pobreza, la desocupación y se han llevado a cabo ajustes en ministerios como el de Educación. Ante esto, lo que el Estado tiene que hacer es extender las políticas de protección de derechos y no las de criminalización sobre la infancia y la juventud que no son el verdadero problema”.
“Los preocupantes indicadores de 2018 dan cuenta que un 48% de los niños y adolescentes se encuentran bajo la línea de la pobreza, es decir uno de cada dos son pobres y los adultos son los que cometen el 96,5% de los delitos en nuestro país. ¿Por qué entonces empecinarse en bajar la edad de imputabilidad?”, se preguntó.
A su juicio, “a esos pibes que existen y que están involucrados en situaciones delictivas o en el borde del delito, hay que abordarlos y trabajar con ellos por fuera del sistema penal. Un niño también tiene derecho a no verse involucrado en situaciones delictivas”.
Para Muratore, “los que gobiernan tratan también a través del Código de Convivencia Ciudadana de disciplinar a los ‘revoltosos urbanos’: Putas, travestis, vendedores ambulantes, cuida coches, son criminalizados por utilizar sus cuerpos y manos para alimentar a sus familias, y a menudo son llevados a las comisarías -muchas veces a los golpes- para que desistan de realizar la única tarea que les garantiza el sustento diario”.
“San Francisco no es la excepción a la regla ni mucho menos y como rezaba un graffiti de Mayo del ´68 francés, por aquí necesitamos ‘más pelis y menos polis’, de eso estoy seguro”, remató el “Tano” Muratore.