AMMAR Córdoba reclama una ley para proteger a las trabajadoras sexuales ante los femicidios
La detención del presunto femicida de Daniela Villalba volvió a poner en el centro de la discusión la violencia contra las trabajadoras sexuales. Desde la Asociación Civil AMMAR Córdoba-CTAA reclamaron al Gobierno provincial, municipal y nacional una ley que garantice condiciones de seguridad para ejercer la actividad y exigieron respuestas ante los reiterados crímenes contra mujeres del sector.
Blanca Mendoza (foto), referente de la organización, cuestionó la demora en la investigación y sostuvo que el femicidio de Daniela habría ocurrido el lunes, pero que la noticia se conoció públicamente el viernes. Según planteó, las autoridades ya contaban con indicios desde el martes y una intervención más rápida podría haber impedido que el sospechoso viajara a Buenos Aires, donde habría cometido otro asesinato. “El femicidio que se cometió en Buenos Aires se podría haber evitado si la Justicia y la Policía hubieran actuado a tiempo”, afirmó.
Mendoza también recordó que, tras el caso de Camila Merlo, ocurrido el año pasado, les habían prometido una mesa de diálogo que todavía no se concretó. Además, señaló que solicitaron una audiencia con el ministro Quintero sin obtener respuesta. En ese sentido, reclamó que el acusado responda por ambos crímenes y pidió justicia para las dos víctimas y sus familias.
“No queremos que nos den más condolencias. Queremos decir que podemos trabajar libremente y sin violencia”, expresó la referente de AMMAR, quien insistió en la necesidad de una ley que reconozca el trabajo sexual y permita salir de la clandestinidad. “No nos está matando el trabajo que hacemos, nos está matando la forma en que lo tenemos que ejercer”, sostuvo.
Por último, Mendoza manifestó el dolor y el temor que atraviesa el colectivo ante los femicidios y cuestionó la crueldad con la que, según denunció, son asesinadas algunas trabajadoras sexuales. “Nuestros cuerpos no valen y somos descartables”, lamentó, y reiteró el pedido de políticas públicas que garanticen protección, prevención de la violencia y condiciones laborales seguras.