El proyecto internacional SPRINT evaluó el impacto de la exposición a mezclas de plaguicidas y su efectos crónicos en la salud de ecosistemas, plantas, animales y seres humanos en 10 países europeos y Argentina. Los resultados revelaron la presencia de glifosato en el 86% de la orina y en el 100% de la materia fecal humana analizada en la provincia de Buenos Aires. Frente a la contundencia de los hallazgos, el Consejo Directivo del INTA frenó la divulgación de los datos e inició un sumario con riesgo de exoneración contra la investigadora a cargo, la Dra. Virginia Aparicio, encendiendo las alarmas sobre la libertad científica y el derecho a la salud pública. Organizaciones sindicales como APINTA, redes de científicos independientes y organismos internacionales de derechos humanos han manifestado su absoluto repudio al sumario, exigiendo la protección de la libertad de investigación y el fin de las presiones corporativas sobre los organismos autárquicos del Estado.
SPRINT: La matriz de contraste global que desnudó la realidad argentina
Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora de INTA CONICET, trabaja en la Estación Experimental Balcarce como especialista en estudios de agroquímicos en sistemas agrícolas. En Argentina, coordinó el proyecto internacional SPRINT (de sus siglas en inglés: transición hacia la protección vegetal sostenible), financiado por la Unión Europea (UE), en el que participaron 10 países europeos más Argentina. Su objetivo fue evaluar los efectos de las mezclas más comunes de uso en los sistemas productivos sobre suelo, agua, peces, heces de animales, aire y presencia en sangre, orina y materia fecal de animales y humanos. “Lo que pretendía esta información de base de diagnóstico es hallar las mezclas más comunes de plaguicidas para después estudiar sus efectos psicológicos, sus efectos médicos en distintos sistemas del aparato del cuerpo humano”, señaló Aparicio en un medio local.
Argentina fue seleccionada como la «matriz de contraste» por ser uno de los mayores consumidores mundiales de plaguicidas y utilizar algunas sustancias prohibidas en suelo europeo, solo superado por China y Estados Unidos, por lo que los datos obtenidos en Argentina proporcionarán información valiosa sobre los riesgos de los productos químicos importados. Además, somos el principal exportador de soja para alimentación animal en Europa.
En nuestro país, trabajó en este proyecto un equipo de investigadores del INTA de diferentes áreas de conocimiento de la zona del sudeste bonaerense. La toma de datos se realizó en la campaña 2021, se tomaron muestras en el ambiente y a 73 personas voluntarias pertenecientes a tres grupos poblacionales: productores agrícolas (algunos que usan plaguicidas regularmente y otros que privilegian prácticas agroecológicas), vecinos de zonas rurales (cercanos a lugares de fumigación) y habitantes urbanos (de ciudades cercanas). La toma de datos abarcó más de 200 plaguicidas de uso actual en muestras de suelo, agua, sedimentos, peces, heces de murciélagos, granos, sangre, orina y materia fecal de animales y humanos. A los voluntarios humanos se les tomaron muestras de sangre, materia fecal, orina e hisopado nasal, y se les pidió usar pulseras durante una semana para registrar su contacto cotidiano con plaguicidas. Los voluntarios eran instruidos en el modo de hacer el muestreo, conocían el protocolo de ética y firmaban un consentimiento informado que tuvo como contraparte la entrega del análisis de los datos registrados.
El 21 de junio de 2023, se agendó una reunión virtual para explicar los resultados de esta parte de la investigación, pero, una semana antes, el encuentro fue suspendido por orden del entonces director nacional del INTA. De este modo, se impidió a los voluntarios acceder a la explicación de esos datos como era parte del compromiso asumido por la investigación.
Una síntesis de los principales logros y resultados finales del proyecto SPRINT están publicados desde julio de este año.
Los datos recogidos en Argentina arrojaron cifras contundentes:
- El 86,1% de los voluntarios presentó glifosato en orina, frente al 35,2% registrado en Europa, y en el 100% de las muestras de materia fecal de humanos.
- Se identificaron de 2 a 10 plaguicidas coexistentes por persona.
- Se constataron entre 7 y 53 sustancias químicas volátiles en el aire que se respira y en el polvo doméstico se hallaron de 43 a 86 plaguicidas.
- En los alimentos, se detectó la presencia de 6 a 22 plaguicidas.
El método del silenciamiento: sumario, persecución y el fantasma de Carrasco
En lugar de usar estos datos para tomar medidas de salud pública y regulación, la respuesta del Consejo Directivo del INTA, organismo integrado por representantes del sector público designados por el Poder Ejecutivo nacional y del sector privado como Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina, fue la cancelación de la difusión pública de los datos y la retirada formal del proyecto SPRINT en diciembre de 2023. Paralelamente, las autoridades abrieron un sumario administrativo contra la Dra. Aparicio que contempla la exoneración, la sanción disciplinaria más severa en el empleo público. Su abogado, Mario Bolla, salió a aclarar que “la acusación de ocultamiento de información a jerarquías superiores es mentira”, porque “Virginia comunicó cada acción del proyecto al jefe directo de la Estación Experimental de INTA donde trabaja”; en cuanto que causó perjuicio económico y material al Estado nacional, “es falso, ya que todas las partidas presupuestarias llegaron desde Europa y fueron debidamente rendidas”, concluyó.
El tratamiento institucional del caso SPRINT guarda una trágica y directa continuidad con el precedente marcado por el doctor Andrés Carrasco, maestro, médico investigador, presidente de CONICET, quien comprobó los efectos directos del glifosato sobre el desarrollo neurológico en embriones de vertebrados anfibios. «No descubrí nada nuevo. Solo confirmé en el laboratorio lo que tantos pueblos denuncian en sus territorios», declaró Carrasco luego de esta publicación que evidenció lo que nadie quería ver, la correlación entre la exposición a plaguicidas y un mayor riesgo de desarrollar diversas enfermedades como cánceres, problemas reproductivos y defectos de nacimiento. Fue amenazado, desacreditado por el mismo ministro de Ciencia, vinculado a las empresas transgénicas, Lino Barañao, quien llegó a decir que el glifosato era «como agua con sal», mientras se armaba una campaña mediática en su contra desde medios como el Grupo Clarín y La Nación entre otros, que hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Aún así, Carrasco llegó a declarar que “lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”.
Hoy, casi dos décadas después, el intento de sancionar a Virginia Aparicio por documentar esa misma presencia de agrotóxicos en sangre, orina y aire confirma un patrón histórico: la persistente criminalización de la evidencia científica independiente cuando sus resultados cuestionan los intereses económicos del sector.
Plaguicidas, el “kit” de los transgénicos y la ilusión del bajo riesgo
El uso masivo de agroquímicos en la Argentina se consolidó en los años 90 con la introducción de la soja transgénica y el herbicida glifosato. Presentado comercialmente bajo categorías de baja peligrosidad, la toxicidad real de esta sustancias sigue en debate continuo. En la actualidad, el país consume alrededor de 500 millones de litros de plaguicidas al año, un promedio aproximado de 12 litros por habitante, mientras estudios epidemiológicos independientes en pueblos fumigados muestran un incremento de padecimientos como cáncer, problemas tiroideos y malformaciones en embriones.
Los plaguicidas o pesticidas son sustancias destinadas a prevenir, destruir o combatir cualquier plaga. Se aplican de forma masiva en la agricultura para proteger los cultivos de insectos, hongos, ácaros, bacterias y malezas. También se usan en ámbitos domésticos y urbanos. Contaminan el aire, el suelo, el agua y los alimentos, lo que genera graves riesgos para los ecosistemas y la salud pública; además, suelen ser persistentes y pueden ingresar y acumularse a lo largo de la cadena alimentaria pasando desde el suelo a las plantas y quienes se alimentan de ellas, como humanos y animales. En el aire, son llevados por los vientos, arrastrados por lluvias y, en el agua, desviados por la escorrentía llegando a los mares y aguas subterráneas. Afectan a organismos beneficiosos como insectos, hongos y bacterias del suelo.
En Argentina, la actividad agrícola ligada a cultivos extensivos como la soja, el maíz y el trigo demanda un alto volumen de plaguicidas, con un origen que va desde productos naturales hasta compuestos sintéticos. Se clasifican por tipo de plaga o de estructura química y modo de acción, dominando en mercado los herbicidas, siendo el glifosato el más utilizado globalmente.
Según cómo afectan al ambiente, los plaguicidas se podrían clasificar en: Bajo efecto ambiental, que han sido modificados para tener mecanismos de acción no neurológicos en animales; y altamente tóxicos, que afectan procesos biológicos en plagas, pero también en seres humanos y otros animales.
Ya en esta clasificación simple, cabe preguntarse: ¿cuál es el límite entre una categoría y la otra? ¿A qué consideramos “bajo efecto”?
También pueden clasificarse según cómo afectan a los seres vivos en:
- Herbicidas, que actúan sobre plantas y malezas, con efectos relativamente menores en animales y ecosistemas cuando se usan con buenas prácticas. El glifosato y la atrazina, los plaguicidas más usados, pertenecen a esta categoría.
- Fungicidas, con potencial de afectar otros organismos además de hongos en el suelo y agua.
- Rodenticidas, que afectan roedores, pero pueden perjudicar a otros animales.
Los efectos “relativamente menores” es lo que está en cuestión hoy. La toxicidad de los plaguicidas es central en la evaluación de su uso y regulación, dado que todos los plaguicidas poseen algún nivel de riesgo para la salud humana y el ambiente. En nuestro país, las sustancias químicas de uso agrícola son certificadas y controladas por el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), organismo que releva los productos fitosanitarios y plaguicidas en el Registro Nacional de Terapeútica Vegetal.
El Round Up, marca comercial para el herbicida en base a Glifosato, figura en este registro como Clase toxicológica IV: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO, sin más datos sobre su toxicidad para aves, abejas u organismos acuáticos.
Las evidencias que caen del cielo y se sienten en los cuerpos
Las evidencias sobre la dispersión ambiental de estas sustancias no son nuevas. Investigaciones del 2018 del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA/UNLP) detectaron presencia de glifosato y atrazina en el 80% de las muestras de agua de lluvia analizadas, alcanzando concentraciones hasta 20 veces superiores a las registradas en EE. UU. y Canadá. Y si está en el agua de lluvia, no es difícil pensar que “nos cae del cielo” a todos quienes habitamos estos territorios.
Una encuesta publicada en la revista científica internacional Clinical Epidemiology and Global Health, realizada durante siete años por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Ciencias Médicas de Rosario (UNR) al 68% de los habitantes de ocho localidades rurales de la provincia de Santa Fe rodeadas de campos fumigados con plaguicidas, confirmó la presencia de enfermedades vinculadas a los agrotóxicos: cáncer, abortos espontáneos, enfermedades renales, malformaciones, problemas endócrinos e hipotiroidismo. Los escépticos plantean que es difícil establecer una causalidad a nivel molecular entre un plaguicida específico y una enfermedad específica, pero esta investigación es concluyente en cuanto a que los jóvenes que viven en localidades fumigadas tienen casi tres veces más posibilidades de padecer cáncer.
Un experimento a cielo abierto que exige respuestas
Al evaluar los riesgos para la salud humana y ambiental asociados con los plaguicidas utilizados en Argentina y Europa, el proyecto SPRINT buscó informar a los responsables políticos sobre las medidas urgentes a tomar para proteger a la población de enfermedades evitables. Con informes que detectan decenas de plaguicidas en el ambiente y datos epidemiológicos concluyentes, resulta innegable que la exposición a plaguicidas es preocupante. Pretender que los agrotóxicos no son dañinos porque «faltan datos», para luego censurar y perseguir a los investigadores cuando las pruebas aparecen, desacredita a las instituciones públicas: nos expone a todos a un experimento masivo a cielo abierto.
Nuevamente, los capitales agropecuarios influyen sobre las autoridades gubernamentales para callar lo que gritan los datos en investigaciones, como ya lo hicieron con Carrasco.
¿Hay posibilidad de alimentar a la población mundial sin una agricultura eficiente? ¿Puede haber agricultura eficiente sin plaguicidas? ¿Podemos generar plaguicidas sin riesgos para la salud y el ambiente? Quizás las preguntas de hoy sean otras, como: ¿qué ocurre cuando la ciencia encuentra datos incómodos para el modelo económico hegemónico y un Consejo Directivo de carácter político pretende ordenar las evidencias académicas?
Imagen de portada: A/D
Fuente: www.latinta.com.ar