Recorte de derechos, que le llaman Reforma Laboral

En Mercado Libre, con el aval  de la Secretaría de Trabajo y también del sindicato “Unión de Trabajadores de Carga y Descarga”, se está aplicando un convenio colectivo que termina con la jornada laboral limitada a 8 horas; impone la polifuncionalidad; elimina los delegados por turno y limita el derecho a huelga. Un claro recorte de derechos de los trabajadores y trabajadoras, poniéndoles integralmente al servicio de los deseo de la patronal y reduciéndoles a una suerte de “insumo” para cumplir con la actividad de la empresa. Se trata de un ataque a los derechos fundamentales de quienes laboran en el lugar.

En un sinceramiento el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, respondió a una consulta del diario La Nación en relación al referido convenio de trabajo (CCT 1591/2019 E) diciendo que se trata de “un acuerdo entre la empresa y el gremio, que nosotros solamente homologamos. El sindicato adaptó su convenio colectivo a las necesidades de la empresa”. El funcionario plantea la reducción de derechos como si surgiera de una cierta “fatalidad”, sin remedio, en la cual el Estado sólo cumpliría un rol secundario. La realidad es que este convenio (no es el único) expresa aquello que el gobierno nacional viene promoviendo como “reforma laboral”, es decir la eliminación de derechos laborales bajo las excusas de siempre: lograr más productividad, mantener puestos laborales, etc. Cuando la única razón real es que la avaricia no posee limites y se tiene una concepción de la sociedad en la cual no importa el bienestar general, por el contrario se promueve la concentración de la riqueza.

Por ahora el referido acuerdo es aplicado a unos 80 trabajadores del centro de almacenamiento y distribución que Mercado Libre posee en el Mercado Central de Buenos Aires, pero es una muestra de lo que pretenden ciertos sectores empresarial y político. Es más, quienes trabajamos en el Estado, debemos entender que la posición ideológica que sostiene este tipo de ataque no se limita al empleo privado, también pretende avanzar en lo público.

En el municipio de Villa María, hace años se gobierna con la lógica del gerenciamiento, se festeja el superávit de los cierre de ejercicios contables como si se tratara de una empresa, y como si no existieran necesidades que cubrir con los dineros que “sobran”. En el plano del empleo la precarización laboral, con la complicidad de una entidad gremial, es la manera elegida para empujar el salario a la baja; el no pago de horas extras; la extensión y el desdoblamiento; la no cobertura de seguro de riesgo a los trabajadores y las trabajadoras; la desnaturalización del sistema de categorías; etc.

Es muy fuerte la arremetida contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, reduciéndoles a una especia de “insumo” para el logro de mayores beneficios de la patronal: sean estos monetarios u de otro tipo de capital (en el caso de quienes administran el Estado). Más allá de las caretas que algunos sectores pueden ponerse, mediante elaborados discursos, la realidad de los hechos es lo que desnuda la real ideología que sustenta las prácticas. En el caso del municipio de Villa María, desde hace unos años los sueldos vienen perdiendo ante la inflación; los niveles de precarización laboral se mantienen; las presiones y prácticas propias de dos siglos atrás continúan. Esas son realidades concretas que desmontan la parafernalia erigida mediante cualquier declaración de los funcionarios de turno.

Es ideológico el impulso tanto de la pretendida “reforma laboral” como de todas las prácticas concretas que atentan contra los derechos laborales existentes. Resulta necesario remarcar esto pues existe todo un discurso, amparado en números y en pretendidas “verdades económicas”, mediante el cual se intenta proporcionar una suerte de justificación u otorgarle un carácter de fatalidad a la reducción de derechos. Es así que surge el “posibilismo” y se escucha que “esto es lo posible en la actualidad, bajo estas circunstancias”. Discurso que no es más que disimular la complicidad con el ajuste y ataque frontal a los derechos laborales. Desde el mismo Estado se coloca la supuesta ciencia económica al mando de todo, desplazando la política a un rol secundario o se la convierte en “gerenciamiento”. Esto es una manera de producir sentido, de otorgar un significado a las cosas,  tendiente a hacernos pensar que el bienestar que podemos lograr es acotado por los límites de las premisas económicas impuestas; que los trabajadores y las trabajadoras no podemos aspirar a más; incluso que es contraproducente y hasta violento pretender bienestar. De allí sale desmotivación y la consecuente  desmovilización de trabajadores.

Entonces se vuelve imperioso desnudar el carácter ideológico de estas pretendidas reformas y sacar del medio toda la hojarasca discursiva que pretende justificarla. Los humanos no podemos organizarnos, como sociedad, para que muchos sufran escasez y otros naden en abundancia. Eso no es ético, como tampoco lo es pretender que algunos naden en abundancia para que luego los y las sufrientes reciban migajas.

Quizás el inicio del desmonte del discurso oficialista pase por hablar claramente, en cada lugar que se pueda, del ataque a los derechos laborales, a la sociedad salarial, y no acatar la designación de “reforma laboral”. Hablar de reforma puede dar la idea de que pretenden cambiar algo que está mal, que no corresponde, que quieren avanzar en la adecuación de los convenios a la realidad. No es así, quieren ir para atrás, a tiempos en lo que muchos derechos conquistados no existían. Atrasan y presentan razones económicas que no son otra cosa que conclusiones logradas bajo la premisa de que la explotación de los trabajadores y las trabajadoras es algo lógico. Como supo decir José Martí “De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento”.