Acordaron un documento que propone un piso salarial básico e incondicional como motor del mercado interno. Firman la CTA Autónoma, Corriente Federal, organizaciones de la UTEP, portuarios y PyMEs
Por Pablo Bassi
La aceleración de la crisis económica, producto de la pandemia, impulsó a más de sesenta organizaciones sindicales a plantear la necesidad de un piso universal de ingresos equivalente a una canasta de bienes y servicios superior al umbral de pobreza.
Por estas horas, dirigentes de gremios pertenecientes a todas las centrales obreras y empresarios PyME trabajan en un documento titulado “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción” y que se haría público este viernes, día internacional de los trabajadores y las trabajadoras.
Allí, aseguran que un salario universal sería inductor ineludible de un escenario donde el desarrollo nacional reaparece como modelo alternativo al de hegemonía financiera. Suscriben la CTA Autónoma, la Corriente Federal de Trabajadores, FeMPINRA (federación de portuarios), movimientos sociales de la UTEP, el Consejo Productivo Nacional y la Mesa de Unidad PyME, entre otros.
“La salida en poder generar un shock de exportaciones no tiene asidero, porque el mercado externo está deprimido y porque la apuesta a grandes exportaciones a través del shale gas tampoco tiene perspectivas frente a una baja de la demanda internacional y precios bajo”, señalan.
“Por lo tanto, no hay recuperación si no es pensando seriamente en el mercado interno como actor fundamental, impulsando un fuerte proceso de sustitución de importaciones”, agregan.
Para materializar un ingreso universal, proponen universalizar un salario social de empleo y formación para jefes y jefas desocupados de hogar, universalizar la AUH (que hoy excluye 4.500.000 niños) y establecer una jubilación universal para la población adulta mayor, equivalente al 82% del salario social de empleo y formación.
Algunos de los gremios ya suscribieron el 12 de abril pasado un documento titulado “Nadie se salva solo”, en el que reclaman al Ejecutivo acciones concretas con quienes despiden, suspenden y rebajan salarios.
Uno de los datos que describe con mayor crudeza la urgencia es la cantidad de personas que solicitaron percibir el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia): 12 millones de cuentapropistas imposibilitados de trabajar por la cuarentena. El Gobierno había calculado, en un principio, que irían a inscribirse 3.600.000 ciudadanos. Finalmente, fueron alcanzados otros 5 millones. Y aún queda un remanente de casi 4 millones a la espera.
“El universo de los cuentapropistas es de una magnitud que el Gobierno desconocía”, apuntala a Canal Abierto Hugo Godoy, secretario general de ATE y adjunto de la CTA Autómoma.
“El IFE es una buena herramienta, porque establece un piso que podría prorrogarse. Ahora bien: ¿Podemos vivir con un ingreso de emergencia permanente?”, agrega.
Gildo Onorato, dirigente nacional de la UTEP, advierte que al finalizar el aislamiento la informalidad laboral habrá alcanzado a más de 15 millones de trabajadores.
“Nosotros planteamos el ingreso básico universal desde hace mucho tiempo -dice- y creemos que es viable teniendo en cuenta la dimensión de habitantes que necesitan apoyo del Estado”.
Durante la reunión que la semana pasada mantuvieron con Alberto Fernández, los trabajadores de la economía popular esgrimieron que serán necesarios 200 mil millones de pesos para mitigar la catástrofe social, a través de la implementación de un plan que contemple a los agricultores, la infraestructura social, obra pública a pequeña escala, viviendas populares y el fortalecimiento de la articulación entre el Estado y las redes comunitarias.
Además del ingreso universal, los sindicatos esbozan otras medidas urgentes. Entre ellas, la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo y un comercio justo a través de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos.
Consideran necesario, también, recuperar la capacidad de emisión propia de dinero estatal, definir el destino del crédito interno, declarar al sistema bancario como servicio público e impulsar un plan de financiamiento compulsivo para garantizar el pago de salarios y el crédito para el capital de trabajo. De ser necesario, proponen “intervenir la banca privada para que opere por cuenta y orden del Banco Central y cumpla con las regulaciones de la Autoridad Pública”.
En otro tramo, aducen que la soberanía fiscal amerita liberar por cinco años al Estado de cualquier compromiso relacionado con una deuda externa espuria, consolidar un “impuesto solidario” como mecanismo para que el 5% más rico de la comunidad contribuya a atender la situación de pobreza estructural y avanzar en una reforma tributaria integral progresiva.
Entre otros puntos, demandan una estrategia de sustitución y control estricto de importaciones, la estatización de empresas de servicios públicos y el acceso a la vivienda digna y la planificación urbana.
Ilustración: Marcelo Spotti
Fuente: www.canalabierto.com.ar