En medio de la destrucción de la economía nacional y la consecuente devastación social perpetrada por el Macrismo por un lado, y, por el otro, el afán de pago serial de la Deuda Externa sin auditar ni investigar lo fraudulento de su origen por parte del actual Gobierno Nacional, la CTA Autónoma da vía libre y respaldo a distintas formas de organización para superar la crisis a través del trabajo digno, entendiendo que los programas sociales son solamente un paliativo, imperativo por la emergencia social que está en carne viva, pero que hay que dar un salto de calidad y cantidad para resolver el fondo del problema.
En esta materia, justo es reconocerlo, la CTA ha sido pionera en darle continente y contenido a los trabajadores de la economía solidaria y popular. Como antes, desde su misma fundación, la Central lo fue al considerar como trabajadores a todos los que sientan la identidad de clase: Formales e informales, desocupados, autogestionados, activos, jubilados, discapacitados, de pueblos originarios.
Para ello se necesita, claro está, de políticas públicas que apuntalen la conformación de colectivos de trabajadores y trabajadoras que intervengan en distintas instancias menores de la Obra Pública -que debe ser reactivada de inmediato como un remedio para la toma de mano de obra intensiva- y a través de facilitar la conformación de cooperativas, mutuales y distintas formas asociativas que se va dando el pueblo con el propósito de superar desde abajo los flagelos del desempleo, el hambre, la pobreza.
Pero no será posible en este punto avanzar sin tomar iniciativas concretas desde el campo popular y propiciar el estado de movilización que permita no sólo la visibilización de un tema de significativa importancia, sino, y fundamentalmente, que contribuya a la organización, unidad y poder popular.
Actualmente, las empresas autogestionadas se constituyen en cooperativas, la figura que se les reconoció desde el Estado para poder enmarcarlas legalmente. Pero no son exactamente eso. Se sienten trabajadores, no socios de una cooperativa. Ambicionan organizarse en un sindicato, elegir sus delegados y dirigentes, funcionar en asambleas donde prime la libertad y democracia sindical.
El trabajador autogestionado –en tanto nuevo sujeto social, económico, político y cultural– irrumpió como otra forma de organización y resistencia del campo popular, al tiempo que sentó las bases para instaurar un modelo distinto de sociedad: Más justa, igualitaria e inclusiva, donde la redistribución del ingreso es consecuencia de la nueva forma de producción y de organización del trabajo.
Empresas sin patrón
El ejemplo de las empresas recuperadas por sus trabajadores y de la extensión y perfeccionamiento de las cooperativas de trabajo para tomar parte de la demanda estatal en reparaciones de menor monta, permite a los movimientos sociales -como la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA)- tener a mano una herramienta que sirva a la atención del fenómeno de la desocupación y subocupación que sigue campeando en todo el territorio.
Más aún, en el seno de la CTA Autónoma se gestó la fundación de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA) conducida por el compañero Mario Barrios, fundador de la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (UTS-CTA) de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
El ANTA impulsa la constitución de un Estatuto del Trabajador Autogestionado. Si son trabajadores necesitan la misma protección que tienen aquellos que lo hacen en relación de dependencia, porque lo que está cambiando es la relación de subordinación. Resta entonces un cuerpo normativo que otorgue un marco de promoción al sector a través del reconocimiento jurídico al trabajador autogestionado como sujeto laboral, con derechos del trabajo y seguridad social en igualdad de condiciones que el resto de la clase trabajadora.
Nuevo Programa de Trabajo
En esta dirección, la CTA-A de la provincia de Córdoba considera positiva la iniciativa que está bajo estudio de las autoridades nacionales para modificar los programas de promoción social que paga el Estado, con la idea de que sus beneficiarios tengan la obligación de brindar un servicio a la comunidad, siempre y cuando no se recurra al atajo de la precariedad laboral.
El objetivo oficial es trabajar de forma conjunta con provincias y municipios para asegurar a estos trabajadores una prestación igual a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, aseguran voceros del Gobierno.
Sería -agregan- un modo de incorporarse a los sectores productivos más intensivos en mano de obra: La construcción; la producción de alimentos; el textil; tareas de cuidado; y reciclado.
Es bueno aclarar que los trabajadores de la Economía Popular no son “planeros”, son laburantes informales expulsados del círculo de producción y consumo por el capitalismo financiero que rige el Modelo Extractivista.
El Salario Social Complementario no es un Plan Social, sino un reconocimiento por parte del Estado a la función social, ambiental y comunitaria que cumplen estos trabajadores y trabajadoras. Y es Complementario, porque está destinado a “complementar” el ingreso que se genera con la actividad propia. Nadie vive con 8.500 pesos por mes.