El relevamiento del Monitor de Respuestas Represivas arrojó números alarmantes, que muestran un recrudecimiento de la criminalización y represión de la protesta y la organización social. Su informe analiza el plan que hay detrás y habla de “asalto a la democracia”.
La semana pasada se presentó el tercer informe del Monitor de Respuestas Represivas que analizó la violencia institucional ejercida por el gobierno de La Libertad Avanza. El título es elocuente: “500 días de Milei: asalto a la democracia, punitivismo y represión para la entrega de la Nación”. Y los números del relevamiento lo son aún más.
Según los datos recopilados por el equipo, dependiente del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma (IEF-CTA), entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 73 protestas reprimidas, con 2.395 manifestantes heridos y 277 detenidos.
En este escenario, “un fenómeno especialmente preocupante es la represión sistemática a los jubilados”, aseguran en el IEF. Sólo en las manifestaciones de los miércoles frente al Congreso, los adultos mayores concentran el primer lugar en el escabroso ranking, con 19 protestas reprimidas, 1.297 heridos y 133 detenciones.
“Esta ofensiva contra el movimiento de jubilados comenzó el 28 de agosto de 2024 y se intensificó en 2025, con agresiones recurrentes cada miércoles por parte de las cuatro fuerzas de seguridad (PSA, Gendarmería, PFA y Prefectura) –asegura el informe–. Durante los primeros cinco meses de 2025, las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas en 12 de los 20 miércoles, dejando un saldo de 130 detenidxs y 1206 heridxs con distinto grado de gravedad”.
También se relevaron casos más graves, como la muerte de Fernando Gómez, trabajador bagayero, asesinado por una bala de plomo disparada por la Prefectura en un operativo de fronteras; y el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de extrema gravedad por la Gendarmería en la represión del 12 de marzo durante una marcha de jubilados y jubiladas.
Además, documentaron la pérdida de visión de un ojo de tres personas, por el gas lacrimógeno o el impacto de balas de goma.
Un objetivo claro
El relevamiento también expone causales y objetivos. Durante la presentación, que se llevó a cabo en la sede de la CTA Autónoma, la coordinadora del equipo, Jimena Frankel, explicó: “Partimos de la hipótesis de que este gobierno está llevando adelante un plan de reestructuración económico y social que tiene como objetivo desarticular la organización de la clase trabajadora”.
En efecto, el Monitor detalla que el programa de gestión de Javier Milei es una “ofensiva multidimensional” para “desarmar material y moralmente la resistencia organizada y consolidar un nuevo régimen de producción y reproducción de la fuerza de trabajo”.
El informe releva que, en los primeros 500 días de Milei en la Presidencia, se detuvieron 48 personas en allanamientos o desalojos, y 43 como resultado de 17 procesos de criminalización hacia miembros de organizaciones sociales, por el solo hecho de pertenecer o haber participado en alguna protesta.
En detalle, ahonda en que esta ofensiva se basa en una “alienación intensiva” de las y los trabajadores, al precarizar el empleo y obligar a extender las jornadas laborales para manenter el ingreso; el “deterioro en el acceso a bienes esenciales” (alimentos, vivienda, etc.), y el “vaciamiento y mercantilización de los servicios públicos”, como salud y educación.
“Estas condiciones empujan a la clase a concentrar todas sus energías en la mera supervivencia inmediata, restringiendo el tiempo y las capacidades disponibles para la organización sindical, la formación política y la defensa de derechos sociales fundamentales”, exponen desde el estudio.
Esta situación se complementa con el disciplinamiento social que describe el Monitor, basado en la criminalización y represión de la protesta y el intento de “debilitar estratégicamente las organizaciones sindicales y sociales a través de allanamientos, saturación policial, militarización de barrios y persecución política a sus dirigentes”.
El informe releva que, en los primeros 500 días de Milei en la Presidencia, se detuvieron 48 personas en allanamientos o desalojos, y 43 como resultado de 17 procesos de criminalización hacia miembros de organizaciones sociales, por el solo hecho de pertenecer o haber participado en alguna protesta.
¿Democracia o régimen?
El equipo del Monitor se completa con Luis Campos, Mariana Campos y Pedro Orden, y fue dirigido por Daniel Godoy, y durante la presentación de los números del informe estuvieron presentes la abogada y militante de CORREPI, María del Carmen Verdú, y el filósofo, politólogo y profesor universitario Eduardo Rinesi.
“Lo que estamos enfrentando es un verdadero cambio de régimen”, remarcó Verdú. Pero también afirmó: “La represión es la herramienta para acallar la protesta, y disciplinar para que no salgamos a la calle, y sin embargo eso no está pasando. Vemos que a lo largo y ancho del país hay una cantidad de marchas, protestas, movilizaciones con imaginación. Porque lo que hemos aprendido es que tenemos que ser creativos para cuidarnos”.
Por su parte, Rinesi aclaró que no estamos frente a un “tirano medio loco que nos complica la vida: hay un sistema de ideas”. Y planteó que “es interesante que nos preguntemos si en Argentina seguimos viviendo en democracia”.
En ese sentido, consideró que “estamos lejos de la democracia que conocíamos desde 1983 hasta acá” y en que es atinado llamar a este gobierno un “régimen”.
“Y este régimen tiene una teoría: que no existe nada del orden de lo común –sintetizó–. Este gobierno detesta la idea de libertad, de soberanía, o cualquier hecho de derecho colectivo, su idea de libertad es libertariana. Es apenas la libertad del capital para llevarse puesta la soberanía del país”.
Foto principal: Rodrigo Ruiz, Revista Cítrica
Fuente: www.canalabierto.com.ar