La extracción de un árbol en VIlla Allende se convirtió en una impensada lucha ambiental de alcance viral. Detrás de ella, aparece la patria contratista cordobesista y una obra vial como es el segundo anillo de circunvalación, con mayores consecuencias ambientales, incluída la deforestación de un gran pulmón verde. Entre la vecinocracia y la tradición colectiva, emerge una crítica de la razón ambientalista.
Por Lea Ross
Es un domingo calmo, si se lo compara a la pesada madrugada vivida recientemente, llena de gritos y desesperaciones. “Es un día de velorio”, comentan los manifestantes. Casi cien personas permanecen atónitos y solmenes al contemplar la extracción del tan comentado quebracho blanco, arrancado en medio de una obra vial en la ciudad de Villa Allende, pegada al límite norte de la ciudad de Córdoba. Desde su punto de origen hasta el trasplante actual son unos 20 metros de distancia. Es el costo a pagar para duplicar y pavimentar la calle, para permitir mayor movimiento de tránsito en esta zona turística.
Las verjas puestas por Policía de Córdoba, y custodiados también por Infantería, expone un operativo de seguridad de enorme porte, donde incluyó una docena de móviles. Las ochenta personas manifestantes, donde algunos pasaron la noche en carpa, exponen sus sentires en el mes que llevó sostener el acampe. “Es un día de duelo. Tenemos aquí a un mártir. Pero también es el inicio de algo. Acá estamos brotando”, comenta el especialista en aves Guillermo Galliano, frente a algunas caras escépticas.
Leonardo es uno de quienes estuvo presente en el conflicto desde el año pasado. Vive en Mendiolaza y activa en una brigada forestal. Comenta que la mayoría de quienes están presentes habitan en Sierras Chicas: “No llegamos a la talla de ‘ambientalistas’. Preferimos ser nombrados como ‘vecinos’”. Resalta también que la mayoría no viene de ninguna organización social. En los afiches pegados, se contemplan consignas como “El quebracho y la ruta pueden coexistir” o “Más árboles y menos políticos”. Algunos demandan la renuncia de algunos funcionarios, como la ministra de Ambiente Victoria “Tori” Flores, además de expresar rechazo a las autoridades municipales. En declaraciones a Cadena 3, el intendente Pablo Cornet calculó que esa extracción implicó gastos de entre 30 y 40 millones de pesos, puestas por la constructora y por el municipio. Medido en valores reales, se asemeja a los 15 millones de pesos que figuran en el plan de trabajo, presentada en el año pasado, para la limpieza del terreno, que se suponía iba a durar cuatro meses. Es decir: implicó el doble de lo pautado y sin contar con lo gastado para el acaparamiento policial de la zona en materia de seguridad.
La defensa por el quebracho llegó a tener repercusión nacional, a tono con la viralización de los contenidos audiovisuales en las redes sociales. Pero lo que hay detrás de este conflicto no siempre tiene espacio para los algoritmos que se administran desde Silicon Valley, e incluso por fuera de ella.
La Patria Contratista a la cordobesa
La quita del quebracho se enmarca en una obra vial llamada “Duplicación Avenida Padre Lucchese – Ensanche Ruta Provincial E53”. La licitación fue organizada por la empresa Caminos de las Sierras SA, cuyas acciones están en manos del Estado de Córdoba, donde calculó una oferta de base de $ 2,42 mil millones. Participaron seis empresas constructoras, de las cuales tres fueron aceptadas sus ofertas a analizar. Dos de ellas ofrecieron, con el IVA incluído, montos que superaron los 3 mil millones de pesos, como fueron los casos de AFEMA ($ 3.700.706.722,32, con una sobrefactura del 52,9% en comparación a lo calculado por el organizador del proceso) y el famoso Grupo Roggio ($ 3.301.589.491,53, un 36,4% por arriba). Se aceptó la más económica, que fue la de Pablo Federico e Hijos SA., con $ 2.898.948.177, una sobrecarga que se asemeja al valor del mencionado impuesto, 19,8%, y sin números decimales, como si se tratara de un guiño que apuntara hacia dónde debia venir el ganador.
La constructora de los hermanos Federico es conocida dentro de las firmas privilegiadas de la patria contratista cordobesista. Esto es: participar de las contrataciones de obras públicas y tener acuerdos previos con las socia-competidoras. Sus directivos prefieren que este no sea un año memorable. En el verano del 2025, una de sus maquinarias rompió un conducto de gas para el levantamiento de la avenida circunvalación de Villa María, lo que generó una explosión que provocó la muerte de dos personas. La causa judicial cayó en la imputación contra tres ingenieros y un capataz, luego de unos allanamientos realizados en la sede de la constructora.
Un fallo de la Cámara de Acusación en 2018 determinó que, por lo menos en diez hechos en los años 2014 y 2015, los hermanos Federico habrían presentado documentos truchos sobre el pago del impuesto al sello. Para eso, entregaron papeles en las oficinas de vialidad y rentas, con la “imagen de un timbrado del Banco de Córdoba, con tinta color rojo, de forma vertical, del lado inferior derecho, modificada con asistencia de un software informático”. La entrega de todas esas falsificaciones remitían al trabajo de obra pública provincial o de la capital cordobesa. A pesar de ese escándalo de hace varios años, no ha habido empacho en la provincia para que siguieran participando de todo proceso licitatorio habido y por haber.
Todos estos detalles no siempre se presenta en el periodismo local, a la hora de indagar los distintos ribetes de estos conflictos sociales, en especial aquellos que diez años atrás se dedicaban al riesgoso oficio de ser sabuesos de estas cuestiones, hasta que optaron por mantenerse cálidos en la aburguesada opinología de enfrentarse al más débil.
El apreciado anillo
En diciembre de 2021, el gobernador de ese entonces Juan Schiaretti había anunciado el inicio de los trámites para un nuevo anillo de circunvalación. El objetivo es descongestionar el enorme círculo vial que rodea a la ciudad de Córdoba, mediante el avance de otro camino con asfalto, donde empezaría a construirse a unos siete kilómetros al norte.
El tramo 1 se ubica pegado a la Ruta E-53 hasta alcanzar la jurisdicción de la Estación Juárez Celman. La única oferta recibida en ese entonces para impulsar ese proyecto fue entregado por una dupla de compañías: Boetto y Buttigliengo SA (BBC) y Vial Agro SA, que encima ofrecieron un monto que superó el 53,9% del precio de referencia, parecido a AFEMA en el caso de la Lucchese. Del tramo 2, que lo conecta con la Ruta 9 Norte, fue para otra unión transitoria de empresas: Estructuras SA e ITEM Construcciones SA. Finalmente, el tramo 3, que llega hasta la ruta A-174, quedó en manos de otra unión de empresas, entre ellas nuevamente Boetto y Buttigliengo, siendo ésta última la que más tajada recibió. Dato colorario: BBC fue accionista minoritario de Caminos de las Sierras SA hasta mediados de 2018, y en todas estuvo a cargo de las licitaciones.
El 16 de junio, una semana antes de las elecciones a gobernación, Schiaretti estuvo presente en los avances del final del primer tramo, junto con Myrian Prunotto, quien no solo era intendenta de Juárez Celman, sino también la presidenta del Ente Metropolitano, cargo que le permitió catapultarse a la vicegobernación actual.
Para la actual gobernación de Martín Llaryora, los focos están puestos en el lado occidental del segundo anillo de circunvalación en proceso, que termina atravesando la jurisdicción de las ciudades sureñas de las Sierras Chicas. Eso incluye el armado de nuevos carriles para la Avenida Lucchese de Villa Allende, con el quebracho blanco extraído en el medio. Con ese paso, se permite atravesar a La Calera, con límites en el noroeste de la ciudad de Córdoba. Allí se incluyen, por orientación sur y sureste, otras duplicación, como son las avenidas Bodereau y Los Álamos, más el camino intercountries.
Precisamente, esas calles están pegadas a los alambrados, los muros y las entradas de barrios privados, donde viven renombradas figuras que utilizan el domicilio de sus viviendas para registrar empresas offshore en guaridas fiscales. Y otras, no tan reconocidas, pero que sí padecieron allanamientos judiciales, donde se les encontraron ferraris, lingotes de oro y acuarios.
Finalmente, yendo más al sur, la traza lleva incluida la pavimentación de la Ruta E-64, que conecta La Calera con Malagueño mediante un camino de tierra. Lo insólito es que atraviesa justo en medio de la Reserva Natural de Defensa La Calera, un ambiente con un ecosistema natural, donde habitan distintas especies de la fauna y flora autóctona, y quizás el pulmón verde más predominante y resguardado en el Gran Córdoba. Sin embargo, el avance del asfalto, llevando a una revalorización de las tierras, generaría mayores presiones del lobby inmobiliario para lotear esas tierras con cotización en alza.
Nótese cómo cada una de estas obras se le pone nombres aparentemente genéricos como “duplicación” o “pavimentación”. Estas definiciones permiten ser computadas como trabajos de menor impacto, debido a que aluden a caminos que están previamente hechos. Por lo tanto, se les permite evadir el inicio de trámites ambientales, evitando presentar estudios de impacto ambiental, e incluso frenar a la Provincia a que organice audiencia públicas. Aún, siendo una provincia que organiza cumbres sobre el cambio climático.
Crítica de la razón ambientalista
En las dos primeras décadas del presente siglo, las asambleas ciudadanas fueron quienes centralizaron las resistencias ambientales en el país y en la provincia. Ahora, por la demanda de nuevos modos y de acciones directas o pragmáticas, y acorde a la construcción de identidades en las redes sociales, ese espectro se volvió más heterogéneo donde proliferan medioactivistas, autoconvocados, brigadistas, agrupaciones, partidarios, vecinos, etc. Pero ya nadie quiere percibirse como asambleísta.
A esto se le suma que los conflictos ambientales que apuntan a evitar la extracción o tala de un árbol tienen una duración relativamente corta, si se lo compara a otros que luchan contra inversiones más magnánimas y contaminantes. La sobresaturación de información que hubo sobre el conflicto del quebracho no solo tiene que ver con una estrategia comunicacional efectiva, sobretodo a partir de la concreción del acampe y de ciertas torpezas cometidas por las autoridades gubernamentales, sino también por el apego a ciertas narrativas que se guían por valorar la individualidad, sea desde el empoderamiento “vecinocrático” o el aferro espiritual que resalta la ancestralidad del ejemplar arbóreo, cuyo desenlace lo ubica en el mismo nivel que el de un asesinato.
Lo curioso es que la participación ciudadana vía virtual por la defensa del quebracho, que alcanzó a miles y que incidió en la toma de posicionamiento de renombrados artistas nacionales, no superó el pico del centenar de personas en los días de alto voltaje. Por el contrario, en el primer sábado de julio a la mañana, una caminata organizada sobre el camino donde se pretende asfaltar en medio de la reserva de La Calera logró juntar a alrededor de 250 personas, a pesar de no haber tenido el mismo alcance en todos los medios de difusión.
La explicación tiene que ver con que el caso de La Calera tocó una fibra sensible más colectiva que individual, y de acumulación histórica. Detrás de la protección de esa biodiversidad, cuya deforestación sería mucho más catastrófica que la extracción de un árbol, atraviesa experiencias pasadas que perduran por décadas y trascienda la frontera de las localidades, y que no siempre tiene llegada en las redes sociales. Incluso, se logra conectar con experiencias de la militancia setentista; no por casualidad, allí se encuentra el centro de la memoria La Perla. Que esa área de entrenamiento militar funcione también para la preservación de un enorme pulmón verde se convierte en una trinchera frente a la fiebre especulativa de ciertos intereses sectoriales, que también son una rémora de la dictadura.
Con esto no se pretende caer en el cliché de que “lo viejo funciona”. Pero en este caso: sí.
Fuente: www.lalunacongatillo.com