El pasado 27 de agosto se realizó en la sede del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba una nueva edición de charlas “Mano a Mano”, organizada por la Secretaría de Acción Política, en esta oportunidad junto al Departamento de Discapacidad, donde se abordó la realidad de las personas con discapacidades y la ley que regula las políticas públicas para el sector.
La convocatoria contó con una panel integrado por la abogada, Presidenta de AHESAM (Asociación de Hermanos por la Salud Mental) y Directora de la Sala de Salud Mental y Adicciones del Colegio de Abogados de Córdoba, María Noel Tapia Varela; la responsable del Departamento de Discapacidad de ATE, Vanesa Hernández; y la Secretaria de Acción Política, Alejandra Agnone.
Junto a una importante cantidad de asistentes estuvieron el Secretario General de la Seccional de ATE Cruz del Eje, Juan Pablo Pozzi, y compañeros de la Seccional de ATE Río Tercero.
En la oportunidad, Agnone hizo la introducción a la charla, señalando al finalizar el cónclave que “el tema discapacidad siempre estuvo en la Agenda del Concejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, pero hoy más que nunca es necesario darnos el debate sobre el mismo, no solo por ser un tema transversal para los trabajadores estatales sino a la vida misma como parte de la sociedad”.
La dirigente agregó también que “fue un ‘Mano a Mano’ muy rico, ya que la temática estuvo acompañada con la connotación de las experiencias de vida personales de las compañeras disertantes, y aquellas que compartieron los precedentes, aprendimos mucho. Pero sobre toda las cosas nos encontramos en un abrazo con el otro, desde una mirada más inclusiva y empática, fue muy emotiva la charla”.
En tanto Tapia Varela consideró que “la continuidad del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad resultaba contradictorio a la legislación vigente y representaba el desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas, poniendo en riesgo incluso la continuidad de los tratamientos y vulnerando derechos fundamentales. El Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de las personas en situación de discapacidad”.
Justicia Social, Igualdad y Derechos Humanos
La charla se desarrolló en base a tres ejes: Ley de Emergencia en Discapacidad, la salud mental en tiempos actuales y la vulneración de derechos por retiro de políticas públicas.
A la hora de tomar la palabra la compañera Vanesa Hernández expresó la posición del Departamento que encabeza, y afirmó que “hablar de discapacidad en la Argentina hoy, es hablar de justicia social, de igualdad y de derechos humanos. Porque la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que la Sociedad impone y que el Estado debe derribar”.
Y explicó que según el último Censo Nacional 2022 en nuestro país el 12,9% de la población argentina, más de 5 millones de personas, conviven con una discapacidad. “Este dato nos obliga a repensar el lugar que damos a la diversidad y a la inclusión en la vida social, económica y cultural”.
Luego abordó el rol del Estado en la materia y mencionó que “la Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, obliga a garantizar la igualdad real de oportunidades y reconoce la jerarquía constitucional de tratados de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Argentina en 2008 y que desde 2014 tiene rango constitucional, ésta, nos marca un camino: asegurar accesibilidad, autonomía y participación plena en igualdad de condiciones”.
Por eso, señaló que el Estado Argentino tiene un rol indelegable: Transformar los derechos escritos en derechos vívidos. No alcanza con declaraciones, se necesitan políticas públicas concretas y sostenidas.
“¿Qué son las políticas públicas?”, preguntó Hernández. “Son las acciones que el Estado debe realizar a fin de procurar el cumplimiento de su deber y el bienestar de la población, dictando leyes que promuevan, aseguren derechos y otorguen una sana y correcta calidad de vida; creando organismos, encargados de políticas y programas que versen en la materia, como Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). CONADIS, INADI, etc que efectivicen la manda constitucional, del derecho de igualdad de las Personas con Fiscapacidad”.
La dirigente, que es delegada de ATE en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), trajo a colación ejemplos concretos de desafíos actuales, por citar algunos:
Salud y burocracia: Las Personas con Discapacidad y sus familias denuncian demoras en la renovación del CUD, trabas para acceder a prótesis, sillas de ruedas, medicación y terapias. Falta de pago a término y de actualización de aranceles para los prestadores del Colectivo. Por ello, la Emergencia en Discapacidad está en discusión. Miles de niños, adolescentes y adultos se ven privados o reducidas sus prestaciones médico-asistenciales, en algunos casos con riesgos de vida, como los electrodependientes, por la desidia, negligencia y/o desinterés del Estado. Sumado el desgaste injusto que las familias sufren reclamando lo que por derecho les corresponde.
Educación inclusiva: Aunque la normativa garantiza que niñas y niños con discapacidad accedan a la escuela común con apoyos, muchas familias no los tienen y otras deben recurrir a la justicia para que se les otorguen maestras integradoras y/o acompañantes terapéuticos. Los edificios o instalaciones no están adaptados para las distintas barreras que nuestros niños deben superar, como tampoco los docentes están capacitados para acompañar y/o educarlos. Esto muestra que la ley existe, pero no se cumple.
Acceso al trabajo: El cupo laboral del 4% en el Estado rara vez se cumple. Según datos de ANDIS, el promedio real está muy por debajo, lo que refleja la distancia entre la norma y la práctica. En el sector privado, el prejuicio y la falta de incentivos siguen siendo barreras fuertes, que impiden la plena inclusión.
Accesibilidad: Todavía son mayoría los colectivos sin rampas, los edificios públicos sin baños adaptados o las páginas web estatales sin accesibilidad digital. “Sin accesibilidad, no hay inclusión real”, dijo Hernández.
Autonomía y vida independiente: La Convención habla de la necesidad de que las personas con discapacidad puedan decidir dónde y con quién vivir, pero en la práctica, muchas familias carecen de apoyos suficientes y las instituciones siguen siendo la respuesta más común.
El cambio de paradigma
Vanesa Hernández habló también sobre la necesidad de un cambio de paradigma. “Históricamente, la discapacidad fue mirada desde el asistencialismo o la caridad. Hoy el desafío es consolidar un enfoque de derechos: pasar de ver a la persona con discapacidad como objeto de asistencia A reconocerla como sujeto de derechos y como ciudadana plena”, planteó.
Eso implica escuchar su voz en el diseño de las políticas públicas. “Nada sobre nosotros sin nosotros”, dice el movimiento internacional de personas con discapacidad.
“Por lo que, queridas y queridos compañeros, la inclusión no es un gesto de buena voluntad ni un favor. Es un derecho humano. Y un país que se dice democrático y justo no puede permitirse que millones de compatriotas vivan con barreras que los excluyen de la educación, el trabajo, la salud y la vida comunitaria. El Estado tiene leyes, programas y organismos. Pero la deuda es la implementación real, con recursos, decisión política y control ciudadano”, aseveró la dirigente.
“Si no derribamos las barreras, no hay igualdad. Y si no hay igualdad, no hay democracia plena. Construir una Argentina inclusiva no es solo tarea del Estado: es tarea de todas y todos. Y el día que logremos que cada persona, con o sin discapacidad, pueda desarrollarse en plenitud, ese día habremos dado un verdadero paso hacia la justicia social y tendremos un Estado Justo”, concluyó Hernández.
Marcha por la Discapacidad y contra el veto de Milei en Córdoba
En ese marco, el jueves se realizó en la Plaza San Martín una concentración en rechazo al veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y en apoyo a la marcha atrás que el Senado dio al decreto presidencial.
En la ocasión estuvieron junto a Alejandra Agnone y Vanesa Hernández, la Secretaria Administrativa de ATE, Cintia Conesta, junto a compañeros y compañeras estatales que repudiaron las políticas del gobierno nacional en la materia.
Durante la manifestación, Agnone remarcó que “una vez más, la calle y la lucha popular ganó otra batalla más en contra de la embestida de este Gobierno Nacional de vulnerar los derechos del pueblo, principalmente de aquellos sectores más vulnerables como son las Personas con Discapacidad y su comunidad”.
“Debemos seguir el camino de concientización sobre este tema, y los estatales somos quienes debemos garantizar estos espacios de debate”, finalizó.
Fuente: www.atecordoba.org