La Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje rechazó la suspensión del juicio a prueba solicitada por un grupo de defensores socioambientales procesados tras las protestas contra la construcción de la Autovía de Punilla en 2022. La decisión judicial implica que los imputados deberán enfrentar un juicio oral previsto para el próximo 18 de diciembre.
Desde la CTA Autónoma Punilla manifestaron: “Las organizaciones libres del pueblo, en cabeza de la CTA-A Punilla, no descansarán hasta que se haga justicia y se determine la absoluta parcialidad de la fiscal a cargo de la causa, así como también las responsabilidades que pesan sobre el intendente Gabriel Musso”.
Las defensas habían solicitado acceder al beneficio de la probation ofreciendo distintas tareas comunitarias como forma de reparación simbólica: Actividades ambientales en la ribera del río Cosquín, caminatas abiertas a la comunidad, labores como guarda ambiental en la Reserva Natural Río Yuspe-Cosquín y talleres artísticos en una biblioteca popular.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso a la medida argumentando “razones de política criminal” y destacando que la causa involucra a representantes del Poder Ejecutivo y a las fuerzas policiales, por lo que consideró necesario que se resuelva en un juicio público. La Cámara hizo lugar a esa postura y rechazó el beneficio.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 13 de agosto de 2022 en la ciudad de Cosquín, cuando integrantes de la Asamblea Ambiental local realizaban un plenario en la Plaza San Martín. En ese mismo momento, el intendente Gabriel Musso se encontraba en la confitería Plunder’s, frente a la plaza, acompañado de funcionarios municipales.
Al advertir su presencia, los asambleístas decidieron acercarse pacíficamente con pancartas para señalarlo como responsable político de la autorización de uso de suelo que habilitó la obra vial. El reclamo derivó en un fuerte operativo policial: llegaron móviles, motos y efectivos de Infantería, que rodearon al intendente y reprimieron a los manifestantes que entonaban consignas en defensa del río Yuspe y el monte nativo.
Vecinos denunciaron que hubo forcejeos, golpes y un operativo desproporcionado, lo que permitió la salida del intendente escoltado por un cordón policial, en un clima que muchos interpretaron como un escrache ciudadano frente a la falta de respuestas oficiales.
Criminalización de la protesta socioambiental
El 28 de mayo del año pasado, el Juez de Control de Cosquín, Ramiro Núñez, resolvió la elevación a juicio de la causa contra Marco Enrique D’Angelo, Federico Ernesto Díaz, Alba Cristina Ortiz, Matías Marcelo Pérez, Marcela Alejandra Martín, Gabriela Taborda Varela y Cristian Mariano Viglietti, por “amenazas”, “resistencia a la autoridad” y “daños”, a partir de la imputación dispuesta por la Fiscal de Instrucción Paula Kelm.
Diversas organizaciones socioambientales sostienen que el rechazo de la probation confirma que la causa constituye un nuevo capítulo en la criminalización de la protesta en Punilla, donde quienes defienden el territorio son llevados a juicio por cuestionar un proyecto vial de fuerte impacto ambiental.
El fallo firmado por la Cámara fija audiencia preliminar para diciembre y habilita de manera excepcional la participación virtual de una de las acusadas por razones de salud, mientras que el resto deberá comparecer en forma presencial.
Con esta decisión, la Justicia cordobesa avanza en el enjuiciamiento de defensores ambientales, reavivando el debate sobre el modelo de desarrollo impuesto y los costos sociales y ambientales que acarrea la Autovía de Punilla.
“Nos acusan por defender al pueblo y al territorio”
Uno de los acusados, Marco D’Angelo, docente y comunicador social, integrante de la Comisión Ejecutiva Local de la CTA Autónoma Punilla, expresó: “Soy vecino y defensor ambiental de la ciudad de Cosquín, acusado injustamente de haber amenazado al ex Intendente Gabriel Musso con una acusación falsa y llena de mentiras. Ese día nos manifestábamos pacíficamente contra el daño ambiental, arqueológico y social que iba a generar la autovía que él había autorizado de espaldas al pueblo. En todas las audiencias públicas, entre el 70 y el 90% de los participantes dijeron que no, pero igual avanzaron con la obra”.
D’Angelo señaló que la protesta derivó en represión: “Hubo empujones, golpes, apremios ilegales y desalojos, mientras que la única consecuencia para el intendente fue que se le enfrió el café. Yo estaba cubriendo periodísticamente el hecho y a los tres días me entero de que estaba acusado de amenaza. Lo que sorprende es que este proceso haya avanzado hasta un juicio, cuando en realidad lo que se criminaliza es el derecho a protestar y a informar”.
El defensor ambiental agregó que lo que está en juego trasciende su caso personal: “Esto es un acto de persecución política, en sintonía con los ataques a la democracia y a la libertad de prensa. En América Latina somos la región con más asesinatos de defensores ambientales, y lo que buscan es amedrentar a quienes cuestionamos un modelo de saqueo y destrucción. Estamos frente a una crisis climática y civilizatoria, y cada vez que intentamos debatirlo, la respuesta es represión y silenciamiento”.