Por Juan Carlos Giuliani*
La proclama, fechada en el Cuartel General del Ejército Auxiliar y Comisionado de la Libertad en Tiahuanaco, 25 de mayo de 1811, que lleva las firmas de Castelli y Bernardo de Monteagudo y que ha sido deliberadamente ocultada por la historia mitrista rezaba: “Ordeno que siendo los indios iguales a todas las demás clases en presencia de la ley deberán los gobernadores intendentes con sus colegas y con conocimiento de sus ayuntamientos y los subdelegados en sus respectivos distritos del mismo modo que los caciques, alcaldes y demás empleados dedicarse con preferencia a informar de las medidas inmediatas o provisionales que puedan adoptarse para reformar los abusos introducidos en perjuicio de los indios aunque sean con el título de culto divino promoviendo su beneficio en todos los ramos y con particularidad sobre repartimiento de tierras, establecimiento de escuelas en sus pueblos y exención de cargas o imposición indebidas […] Últimamente declaro que todos los indios son acreedores a cualquier destino o empleo de que se consideren capaces del mismo modo que todo nacional idóneo sea de la clase y condición que fuese, siempre que sus virtudes y talentos lo hagan digno de la consideración del gobierno […] que en el preciso término de tres meses contados desde la fecha deberán estar ya derogados todos los abusos perjudiciales a los Naturales y fundados todos los establecimientos necesarios para su educación sin que a pretexto alguno se dilate, impida o embarace el cumplimiento de estas disposiciones”.