La CTA Autónoma Córdoba repudió “los despidos de trabajadores de la Salud Pública Provincial perpetrados por el Gobierno de Martín Llaryora al mismo tiempo que anunciaba la construcción de una nueva cárcel de Máxima Seguridad y alto perfil, donde serán alojados los detenidos más peligrosos de la provincia, costará 109 mil millones de pesos, tendrá 448 celdas para alojar a unos 1000 presos que serán custodiados por un Grupo Táctico Especial. Asimismo, el Gobernador anunció la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), donde podrá alojarse hasta 500 personas”.
El comunicado de la Central expresa que “el personal sanitario que fuera declarado esencial durante la pandemia por estar en la primera línea de lucha contra el coronavirus ahora es considerado descartable y se despide injustificadamente a trabajadores y profesionales de la salud en los hospitales de la provincia. La contracara de la inversión carcelaria multimillonaria es el ajuste en Salud, Educación y otras políticas públicas”.
Y agrega: “La decisión del Gobierno no resuelve el desprestigio y la pérdida de confiabilidad social en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) que es investigado por la Justicia por numerosos casos de corrupción. Por esos hechos, se encuentra detenido quien fuera su jefe, José María Bouvier, y otros integrantes de la plana mayor”.
“Los despidos conocidos este fin de semana, comunicados a través del sistema Ciudadano Digital (CIDI), generan una severa crisis en los centros de salud que ya están atendiendo con los planteles de personal al límite de su capacidad y da cuenta de otro capítulo del ajuste del ‘Cordobesismo’ en la misma línea de lo impuesto por el Gobierno de Milei en la estructura estatal del país. Se trata de personal precarizado que debió ser integrado a la planta permanente del Estado cordobés y que fue afectado en sus derechos laborales por una política del Gobierno de Llaryora que incumple la legislación vigente”, subraya la nota.
“La ‘motosierra’ aplicada por el socio de Milei en Córdoba se vuelve a poner en marcha cuando toma estado público que en la Legislatura Provincial hay 85 ex intendentes que se quedaron sin re-reelección en sus pueblos como ‘asesores’. En este universo de ñoquis hay 70 dirigentes del PJ, 13 radicales y dos vecinalistas. Mientras se gasta una fortuna en garantizar el ‘buen vivir’ a parte de la casta, se raja a decenas de laburantes. Es decir que mientras el Gobierno despide trabajadores de la salud, la plata de los cordobeses se va por el desagüe de la corrupción”, remata la declaración de la CTA-A Córdoba.