Este 5 de febrero se cumplen 50 años del comienzo del “Operativo Independencia”, el plan represivo que el Ejército llevó adelante en Tucumán en el marco del Decreto Nº 261/75 durante el Gobierno de Isabel Martínez con el objetivo de “aniquilar” a las organizaciones militantes establecidas en las zonas rurales de la provincia.
El 9 de febrero se produjo la ocupación militar con el desembarco de 1.500 soldados y el establecimiento del Comando Táctico de Acdel Vilas en la Comisaría de Famaillá, para “combatir a la guerrilla instalada en el monte”.
Las fuerzas se instalaron principalmente a lo largo de la ruta 38 y la población civil quedó dentro del territorio militarizado. “La Escuelita” de Famaillá, que en ese entonces era una escuela cuya construcción no había sido terminada, fue la sede del primer centro clandestino de detención del país. Allí estuvieron secuestradas alrededor de 3.000 personas.
El operativo resultó en el secuestro y asesinato de miles de obreros, estudiantes, docentes, militantes sociales y del ámbito político, familiares que buscaban a sus seres queridos.
Por los métodos empleados, se considera al “Operativo Independencia” como el inicio de la represión clandestina que se llevaría adelante de manera sistemática en la Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Hasta el momento hubo dos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante este periodo. El primero finalizó en 2017 y fueron condenados diez imputados; siete fueron absueltos. La sentencia del segundo impuso tres condenas a prisión perpetua, mientras que absolvió a nueve acusados.
Con la mira puesta en erradicar al “marxismo”, la represión se extendió a los colegios, la Universidad Nacional de Tucumán, diferentes iglesias y sindicatos combativos. Al tiempo que se avanzaba en las tareas de inteligencia sobre la población, el Ejército buscó el apoyo de los habitantes del monte mediante una campaña de “acción cívica”, o sea, de obras de bien público vinculadas a la educación, la salud, el deporte y la ayuda social. En un trabajo en conjunto realizado con el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega, se inauguraron centros asistenciales, se llevaron adelante campañas sanitarias, se repararon escuelas, se repartieron alimentos, útiles y se dieron subsidios.
A pesar de librar algunos combates en el monte, el Ejército optó por ocupar la ciudad y las regiones rurales aledañas, evitando internarse en la selva. De esa forma, se cortaron los suministros y se apresó una gran cantidad de militantes cuando descendían al llano. Esta estrategia puso en serias complicaciones a la Compañía guerrillera debido a la imposibilidad de establecer contactos políticos y logísticos con la ciudad y el monte.
Con el paso de los meses, que se convirtieron en años, la combinación de métodos represivos legales e ilegales sumados a la saturación de fuerzas militares y de seguridad en la región llevarían a la destrucción del “foco”: en el último trimestre de 1975 quedaban tres pelotones aislados cuyos miembros continuaban siendo diezmados cuando descendían a la ciudad así como en las emboscadas en el monte.
Esta dinámica se intensificaría luego del golpe militar de marzo de 1976 y no se detendría hasta el aniquilamiento completo. En septiembre de 1977, el General Jorge Rafael Videla, a cargo del Gobierno de la dictadura cívico-militar, presentó los hechos mediante la escenificación de la “victoria en la guerra contra la subversión” que había tenido lugar en Tucumán.
A fines de 1975, la estrategia represiva y de exterminio del Operativo se trasladaría a todo el territorio nacional.