La llegada de De la Sota al Gobierno de Córdoba aliado con su enemigo de antaño Schiaretti, se trató de un menemismo tardío con el alias de “cordobesismo”, que intentó privatizar las joyas de la abuela: EPEC y el Banco de Córdoba. La sociedad con Schiaretti profundizó la reconversión del “Partido Cordobés” a favor del campo, los grandes grupos económicos, los medios concentrados, y las grandes constructoras. Capitalismo compinche en su máxima expresión.
Por Lázaro Llorens
Como Carlos Menem en 1989 con el radical Raúl Alfonsín, José Manuel de la Sota asumió anticipadamente y juró el 12 de julio de 1999; cinco meses antes de que el radical Ramón Bautista Mestre terminara su mandato.
“El Gallego” era el primer gobernador peronista luego de la dictadura iniciada el 27 de febrero de 1974, cuando el jefe de la Policía cordobesa, comisario general Antonio Domingo Navarro destituyera con el apoyo del presidente Juan Perón al gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López. Córdoba fue el laboratorio del genocidio que se iniciaría el 24 de marzo de 1976.
Con el menemismo en retirada por las internas con el ex vicepresidente Eduardo Duhalde y el ex ministro Domingo Cavallo; De la Sota no dudó en cobijar en Córdoba a ex funcionarios como Germán Kammerath, un riojano criado en Córdoba al que Carlos Menem puso al frente de una de las mayores cajas: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
El cavallismo por su parte, nuevamente jugó contra De la Sota y se presentó con Acción por la República, por lo que el delasotismo recogió votos “por derecha” al llevar de vicegobernador a Kammerath, líder de la Unión del Centro Democrático (UceDe), que a nivel nacional respondía a Alvaro Alsogaray y a su hija María Julia, liquidadora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).
Esta vez, Juan Schiaretti y Luis Juez, apostaron a ganador y se olvidaron de “Mingo”, ya con las acciones en baja. “El Gringo” coló como ministro de Producción, y “El Luis” como fiscal Anticorrupción de Córdoba. Todos tomaron juramento en la Legislatura que en esa época tenía dos cámaras, de Diputados y Senadores.
En la jura estuvieron presentes, como se puede ver en la foto de abajo, el entonces presidente Carlos Menem y el mismísimo Mauricio Macri, por entonces CEO de IECSA, la constructora de la famiglia. ¿A título de qué fue invitado VIP, como presidente de Boca Juniors, ex patrón de Schiaretti, o contrabandista con Sevel?
Capitalismo compinche
Ni bien asumieron De la Sota y Schiaretti, lo primero que hicieron fue comprar 1.200 vehículos Fiat Siena para la Policía, planta que la automotriz italiana tiene en el barrio de Ferreyra y estaba prácticamente paralizada por la crisis.
Además, intervinieron el Registro de Constructores, maniobra que les permitió licitar y adjudicar en “tiempo récord” a la empresa Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, la construcción de 100 nuevas escuelas. El encargado de la licitación fue el secretario de Educación, Ricardo Jaime, un cordobés que había migrado a Santa Cruz, donde entabló una estrecha relación con Néstor Kirchner.
Las “Nuevas 100 Escuelas” fue una obra emblemática del primer gobierno delasotista. Financiada con un crédito externo de US$ 150 millones, comenzó con un costo inicial de US$ 64 millones y terminó en US$ 100 millones.
En ese entonces, Electroingeniería sólo se dedicaba a fabricar tableros eléctricos y no tenía antecedentes ni experiencia en obras civiles, por lo que se asoció mediante una UTE (Unión Transitoria de Empresas) con la constructora CPC SA (Comercial del Plata Construcciones), del menemista Francisco Soldati. Así pudo levantar las escuelas, no sin antes dejar de pagar a decenas de PyMES cordobesas subcontratadas.
Contra toda lógica arquitectónica, el Gobierno de Córdoba eligió para las escuelas hormigón premoldeado, que fabricaba Astori Estructuras; empresa fundadora de la poderosa Fundación Mediterránea, de la cual Schiaretti había sido su gerente Financiero en los ‘80 tras su retorno del exilio.
Por la convertibilidad de Cavallo, Astori había entrado en un proceso de desfinanciamiento y se encontraba en situación de morosidad de Nivel 5 ante el Banco Central (Incobrable), por lo que había sido vedada su participación como proveedor del Estado nacional y provincial.
De allí que Schiaretti como ministro de Producción le permitió inscribirse como subcontratista de la UTE entre Electroingeniería y Comercial del Plata. La construcción de las escuelas de De la Sota y Jaime le permitió a Astori embolsar US$ 30 millones que la salvaron de la ruina.
Si bien la cuestión operativa y logística de la construcción de las escuelas estuvo a cargo del secretario de Educación Ricardo Jaime, el ministro de esa época era Juan Carlos Maqueda, el cortesano que renunció a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado, tras cumplir 75 años de edad, y tras haber asumido en 2002, propuesto por el presidente provisional Eduardo Duhalde –tras la caída de Fernando de la Rúa y el gobierno de la Alianza- en reemplazo del renunciado juez Gustavo Bossert.
El otro ministro directamente vinculado a “Las 100 nuevas escuelas”, fue Carlos Caserio, a cargo de Obras Públicas, hombre fuerte y ex presidente del PJ cordobés durante una década y armador del albertismo, hasta que perdió su banca de senador en 2021 contra la esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo.
Privatización y corrupción
Mientras llevaban adelante esta millonaria obra de las 100 Nuevas Escuelas, en el año 2000, mediante la Ley del Estado Nuevo, conocida popularmente como “Ley Bodega”, se intentó ejecutar en Córdoba un plan de ajuste y de privatizaciones, igual al que había llevado adelante Carlos Menem durante los ‘90, y al que ahora intenta reeditar el libertario Javier Milei.
Jorge Bodega, un senador provincial que respondía a José Octavio Bordón y su partido PAIS, puntero peronista de la zona de Punilla y viejo conocido de Caserio, se dio vuelta, votando contra el bloque del Frepaso y a favor del proyecto privatizador delasotista. Se habría pagado una coima de US$ 400 mil que nunca se logró investigar, ya que de la fiscalía de Gustavo Sandoval, desapareció prueba contra otro senador provincial involucrado y barón del delasotismo: Carlos Presas.
La “Ley Bodega” también trajo una reforma constitucional para “bajar los gastos de la política”, pasando de una Legislatura bicameral a una unicameral. Lo único que se consiguió o en realidad se buscó, fue convertirla en la Escribanía del gobernador, por la incidencia de los legisladores departamentales elegidos uninominalmente.
Además, el Estado nuevo delasotista implicaba un achique por medio de la privatización, como los ‘90 menemistas. El juego quedó en manos del Grupo Roggio a través de las tragamonedas dispuestas en toda la provincia con su compañía CET; mientras que el Banco de Córdoba estuvo a punto de ser privatizado y pasar nada menos que a manos de los hermanos Carlos y José Rhom.
Dos banqueros que habían sido los anfitriones en marzo del 2001, junto con Eduardo Amadeo del Americas Society, de los super banqueros David Rockefeller, del JP Morgan Chase; David Muldord, del Credit Suisse – First Boston; Willian Rhodes del Citibank; y Robert Mac Namara, ex secretario del Tesoro norteamericano; para asegurar el nuevo ascenso de “Mingo” Cavallo como ministro de Economía con plenos poderes.
Que los empleó para que dichos mega banqueros pudieran desprenderse mediante el Megacanje, de los títulos de la deuda argentinos que tenían en su poder e iban al default, que se precipitó meses después. Llevándose a cambio las reservas del sistema financiero, propiedad de los ahorristas, que meses después obligó a instaurar el corralito bancario. Razón por la que los hermanos Rhom fueron los primeros banqueros que fueron imputados por subversión económica en el 2002, por el vaciamiento de su Banco General de Negocios.
Esa era el “perfil” de los banqueros seleccionados por De la Sota y Schiaretti para quedarse con el Banco de Córdoba. Quienes además estaban asociados con la caída del banquero saudí Gaith Pharaon, uno de los 10 hombres más buscados por el FBI de EEUU. El que en Argentina montó una sociedad con el traficante de armas Monzer Al Kassar y con el empresario postal Alfredo Yabrán, para dedicarse al comercio de armas, entre otras mercancías.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) también iba a ser desguazada, pero una férrea resistencia encabezada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba acompañada por la sociedad civil, que se plantó en las calles y en los Tribunales, impidió su privatización.
Esta enajenación de bienes públicos quedaron a cargo de una nueva repartición pública llamada OCPIF (Organismo de Coordinación y Programación de la Inversión y el Financiamiento), hoy llamada ACIF (Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento). A través de esta agencia, que funcionaba bajo la férula de Schiaretti, quien en el 2002 paso a desempeñarse como ministro de Producción y Finanzas, el Gobierno de Córdoba buscaba financiamiento internacional para la obra pública.
Los encargados de llevar adelante las gestiones ante los organismos extranjeros fueron dos funcionarios porteños, Horacio Miró y Roberto Walter Poplawsky. El primero, íntimo amigo de De la Sota; con quién compartía el mismo esteticista a cargo de sus implantes capilares. Ambos lobbistas del Gobierno, fueron denunciados por el entonces fiscal Anticorrupción Luis Juez, por ser supuestos testaferros del gobernador De la Sota.
Los negocios con Mauricio
A mediados del 2001, mientras el PJ cordobés avanzaba hacia el ajuste neoliberal y la convertibilidad se derrumbaba, el gabinete conformado por De la Sota a la cabeza secundado por Schiaretti, Caserio, Jaime y Maqueda llevaron adelante una nueva licitación para construir otras 110 nuevas escuelas. Este contrato lo financió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un presupuesto inicial de US$ 94 millones.
Cuando se firmó el desembolso el país ardía, era el 30 noviembre del 2001, y apenas tres semanas después, tras las masivas movilizaciones del 19 y 20 de diciembre, Fernando de la Rúa firmaba su renuncia y huía en helicóptero desde la Casa Rosada.
¿Quién se quedó nuevamente con este millonario contrato, que nadie en su sano juicio hubiera firmado en esos tiempos? Electroingeniería, la empresa de Acosta, el amigo de De la Sota, en sociedad con IECSA de Mauricio Macri, el ex patrón de Schiaretti. Y nuevamente la deudora Astori como subcontratista, encargada de hacer los muros de los edificios con su sistema constructivo de hormigón premoldeado, otro ex patronal del contador Schiaretti.
Con la caída de la convertibilidad, esa fórmula ficticia que ataba al dólar con el peso argentino, sólo diez meses después de la firma del contrato, la Provincia y la UTE Electroingeniería-IECSA renegociaron una readecuación de costos, mediante el decreto provincial 1.346/02, por la friolera de un ¡154% más!; pasando el presupuesto original de US$ 94 millones a US$ 239 sin escalas.
Esa actualización de costos no se había aplicado por ninguna contratista en ninguna obra pública del país, ni en las licitaciones municipales, provinciales, ni nacionales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los costos de la construcción para ese período habían tenido una variación de sólo 35%, 120% menos de lo fijado por De la Sota, Maqueda, Jaime y Schiaretti; y millones de dólares más embolsados por Acosta, Macri y Astori: capitalismo compinche en su máxima expresión.
Córdoba olvida al Cordobazo y pare al cordobesismo
Mientras todos estos negociados se llevaban adelante, Juan Carlos “Pato” Maqueda renunció como ministro de Educación de Córdoba y asumió como senador de la Nación. Estando allí, el 30 de noviembre del 2002, tras un acuerdo entre De la Sota y Eduardo Duhalde, por entonces presidente provisorio, asumió como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Años después, Maqueda operó como carta de negociación del cordobesismo con el Grupo Clarín cuando se judicializó la Ley de Medios.
Por su parte, el nombrado ministro de Finanzas y Producción Schiaretti, trató de instalar la vidriera de la “Córdoba productiva”, la misma que De la Sota había intentado seducir en 1991 con la Unión de Fuerzas Sociales, llevando de candidato a vice a Carlos Briganti, vicepresidente de la influyente patronal del campo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Preparaban el escenario para las elecciones de 2003, donde “el Gallego” y “el Gringo” sellarían su definitiva alianza, que mantuvo al peronismo más desperonizado del país durante más de un cuarto de siglo en el poder.
El cavallista y liceísta Luis Juez, viejo aliado de Schiaretti, fue tomando vuelo en la Fiscalía Anticorrupción, con denuncias que le pegaban a funcionarios delasotistas; por lo que el gobernador De la Sota finalmente lo expulsó del cargo. Inmediatamente, el ex fiscal Juez, flirteó con Elisa “Lilita” Carrió para ser su armador en Córdoba, pero finalmente jugó su carta en solitario, como hoy, y como siempre.
Armó el Partido Nuevo contra la Corrupción, por la Honestidad y la Transparencia, donde se produjo un aluvión político-electoral que lo posicionó como emergente del “que se vayan todos” de 2001. En el PN de Juez confluyeron peronistas, radicales, independientes, ex liceístas y hasta trotskistas del Partido Obrero (PO).
En enero del 2003, Horacio Miró y Walter Poplawski renunciaron a la OCPIF para dedicarse a la actividad empresarial como contratistas del Gobierno de Córdoba, a través de la constructora Britos Hermanos. La OCPIF pasó a llamarse ACIF y allí quedó, como si se tratara de un cargo nobiliario, Carmen Poplawsky, “Carmencita”, hermana de Walter, que antes había participado en la privatización del juego y tragamonedas en favor del Grupo Roggio.
Mientras tanto, Juez arrasaba en las elecciones de septiembre de ese año, consagrándose intendente de la Capital con 56% de los votos y colando legisladores provinciales e intendentes y jefes comunales.
Capitalismo de amigos y ex funcionarios
En los comicios de 2003, el aluvión Juez no impidió que De la Sota fuera reelecto con 51% de los votos, esta vez con Schiaretti como compañero de fórmula y socio en el pejotismo. Sus legisladores quedaron como segunda fuerza en la Legislatura, que luego de la reforma del año 2000 quedó como Unicameral. Schiaretti como presidente de la Cámara hacía lo imposible por dominar al bloque juecista que amenazaba las apetencias hegemónicas del peronismo cordobés.
Aún así, con la Provincia manejada por De la Sota Schiaretti, y la Capital por Juez, los negocios de Macri, Astori, Electroingeniería, Roggio, y otros empresarios amigos del poder no pararon de crecer. En 2004, mediante la Orden de Registro 366/2004, Britos Hermanos SRL, cuyo titular en los papeles aún era su anterior socio principal Mauro Britos, y había pasado a ser un prestanombres de Miró y Poplawsky, se quedó con la obra rectificación del cauce del río Anisacate, en la zona Costa Azul del departamento Santa María.
Al año siguiente, en 2005, nuevamente Britos Hermanos, se quedó con la adjudicación del mejoramiento de la Ruta Provincial 200 -tramo acceso a CETRAM desde Camino a 60 Cuadras, con Orden de Registro 819/2005-; la pavimentación y construcción de puentes en la Ruta Provincial S-429 -tramo Carlos Paz-Cabalango, Orden de Registro 855/2005-; y el mejoramiento de drenaje en camino al cerro Los Linderos, en el departamento Calamuchita.
Los presupuestos eran millonarios, y las obras en el interior provincial, lejos de la mirada capitalina de Luis Juez.
Ese mismo año, también Britos Hermanos, ya reconvertida en Britos SA se quedó con una de las dos obras más controversiales y polémicas del cordobesimo: la traza de la Ruta Provincial E-57, conocida como camino de montaña “El Cuadrado”, que une la Ruta Provincial E-53 con la localidad de Valle Hermoso.
La obra, como tantas de la gestión delasotista schiarettista terminó con denuncias penales por corrupción en los Tribunales provinciales; además de denuncias de los ambientalistas; y una docena de pedidos de informes en la Legislatura. El legislador opositor Aurelio García Elorrio, había denunciado que la traza de El Cuadrado tenía un costo de US$ 4,6 millones por kilómetro; uno de los presupuestos más caros a nivel mundial.
Esta licitación, que además tiene gravísimas falencias técnicas, se adjudicó en modalidad de UTE (Unión Transitoria de Empresas) y en dos tramos a Britos SA. Para la primera etapa de 23 kilómetros de extensión y con punto de inicio en Río Ceballos; Miró y Poplawsky se asociaron a Boetto y Buttigliengo SA, otra empresa señalada como beneficiaria de grandes obras locales.
Para la segunda etapa de 11 kilómetros, que llegó hasta Valle Hermoso, Miró y Poplawsky se unieron a Helport SA, constructora del magnate Eduardo Eurnekían. Esta segunda etapa tuvo un presupuesto inicial de $ 47 millones y fue más polémica que la primera, ya que transgredió la traza original marcada por Vialidad de la Provincia, al desviarse de su destino original de La Falda, reemplazado de facto por Valle Hermoso, ciudad donde Carlos Caserio construyó su capital político.
Este cambio en la traza del camino alimentó rumores de que las tierras aledañas a la nueva ruta habían sido adquiridas por funcionarios y amigos del poder, especulando con su revalorización inmobiliaria.
Los vecinos y ambientalistas de Punilla, también habían presentaron una denuncia penal por daños ambientales generados en la Reserva Natural Vaquerías; que se sumó a las presentaciones judiciales de los legisladores juecistas Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros –ambos, actuales ministros del gobernador Martín Llaryora-, por sobreprecios de más de $ 100 millones, tres veces más a lo presupuestado.
“Acá claramente hay un empresario, que fue funcionario de los gobierno de De la Sota, que además de ser el ideólogo de las Agencias del Estado (ACIF) es el titular de las empresas contratistas, pero que además, según las planillas que le acercamos al fiscal, Horacio Miró y Poplawsky son aportantes de la campaña de Unión por Córdoba”, explicó Montero al momento de presentar su demanda. “En este caso estamos hablando de una diferencia de $ 100 millones, de una obra que debería haber costado $ 47 millones que es lo que se licitó” añadió hace más de una década.
Además de haber pagado el triple del presupuesto original y de no haber respetado normas ambientales, la Ruta E-57 no se terminó en forma. Ya que el cambio arbitrario de la traza implicó la no realización de estudios geológicos, provocando desmoronamientos, grietas, caídas de rocas al costado del camino, socavones y acumulación de agua en las calzadas; lo que conlleva periódicamente a su cierre y cese de circulación.
Las aguas bajan turbias hacía Roggio
En 2005, con Schiaretti al frente de la Legislatura, De la Sota llevó adelante la polémica renegociación del contrato de la concesión de la provisión de agua potable en la ciudad de Córdoba. Servicio que, fruto de una irregular privatización del ex gobernador radical Ramón Bautista Mestre, había quedado en manos de la multinacional francesa Grupo Suez. Luego de la salida de la convertibilidad de Cavallo, el contrato con los franceses había quedado roto.
A contramano de lo hacía en la misma época el gobierno nacional, que re-estatizaba empresas privatizadas durante el menemato, De la Sota renegoció el contrato con el Grupo Suez, reestableciendo una dolarización de la tarifa a valores previos a la convertibilidad, e imponiendo un régimen medido para todos los usuarios. Schiaretti fue el encargado de asegurar en la Legislatura el negociado de De la Sota con Suez; así el 29 de diciembre de 2005 se aprobó la Ley Nº 9.279.
Con la nueva legislación se reformuló sustancialmente el contrato, con tarifas que se multiplicaron por siete; provocando masivas movilizaciones de usuarios, que fueron acompañadas por el dirigentes del viejo Sindicato de Obras Sanitarias (SIPOS), como Luis Bazán; pero también por el intendente Juez y legisladores del Partido Nuevo.
Para frenar ese estallido, a principios de 2006 De la Sota le encargó a Schiaretti, hacerse cargo de la renegociación. Ambos dirigentes sabían que “El Gringo” sería candidato a gobernador al año siguiente, y que llegar a una solución con Aguas Cordobesas sería una buena vidriera para el electorado. Así que Schiaretti añadió una famosa “addenda” (agregado) al contrato, estableciendo nuevas cláusulas y modificaciones, como quedó asentado en una nueva Ley Nº 9.339.
La modificación implicó la salida de los franceses y la toma del control del Grupo Roggio, hasta entonces accionista minoritario, que acababa de quedarse también con la concesión del juego; con costosas obras de saneamiento en el Dique San Roque en sociedad con Electroingeniería, y con una modificación al funcionamiento hídrico del mismo, que le permitía el desarrollo inmobiliario en su rivera.
No obstante poner en peligro el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Córdoba, agravado por el hecho de los defectos en la construcción del extenso canal a cielo abierto del Dique Los Molinos a Córdoba. Cuyo entubamiento para solucionarlo también estuvo a cargo de Roggio. Firma que parece tener una especial adicción al recurso vital para la vida como es el agua, cuyo presidente Aldo Roggio está procesado por coimas y sobreprecios en la causa la causa Odebrecht – AYSA.
Además, la letra chica escrita por Schiaretti a pedir de Roggio en el contrato de concesión de agua a Córdoba, eliminó el canon de US$ 10 millones que debía pagar Aguas Cordobesas al Gobierno provincial; la obligación de realizar nuevas obras y mantenimiento; encareció enormemente la conexiones y renovación de conexiones de agua; y puso en marcha un esquema de renegociación permanente de tarifas para garantizar un continuo aumento en la rentabilidad de la empresa, mediante una “Mesa Tarifaria” controlada por el mismo Roggio.
Toda esta ingeniería contable de Schiaretti hizo que las boletas de agua rápidamente comenzaron a crecer sin parar hasta un 3.600% al año 2021. El Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) autorizó sin chistar todos y cada uno de los aumentos impuestos por Roggio, que llevaron a los cordobeses a pagar la tarifa más alta del país, según denunció el vocal radical mestrista Facundo Cortés Olmedo.
“Con la Addenda se blanqueó la gran estafa de la concesión de agua, a partir de noviembre de 2006; todo vale, todo es legal, desde los aumentos indiscriminados de tarifas, pasando por las inversiones, hasta el mantenimiento de una rentabilidad de la concesionaria”, denunció esa vez el entonces legislador José Antonio Maiocco, de Unión Vecinal Federal.
Quién casualmente luego pasó a ser funcionario de Schiaretti, quien a su vez ha demostrado a lo largo de su gestión, tener una enorme capacidad de cooptación de críticos y adversarios. De las que nos escaparon ni la prensa, ni los organismos de Derechos Humanos que había comenzado a levantar una voz crítica ante ese accionar.
Fuente: www.stripteasedelpoder.com