Impera la incertidumbre respecto a las posibles consecuencias que el acuerdo con el FMI tendrá sobre trabajadores y trabajadoras. Por este motivo, conversamos con el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), para echar luz sobre algunas cuestiones fundamentales.
Luego de largas negociaciones, el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un hecho. Se habló de la deuda de 44 mil millones de dólares, de que este acuerdo no contemplará restricciones al desarrollo, que no habrá reforma laboral ni jubilatoria.
Sin embargo, impera la incertidumbre respecto a las posibles consecuencias que esto tendrá sobre trabajadores y trabajadoras. Por este motivo, conversamos con Pablo Díaz Almada, economista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y miembro del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), para echar luz sobre cuestiones que tienen que ver con el acuerdo y sus repercusiones sobre la economía del hogar.
En relación con esto, el economista planteó que “en primer lugar, hay que decir que siempre el ciclo de deuda que se da en la Argentina y está ampliamente estudiado por la literatura especializada en el tema, es que tiene consecuencias sobre la vida de los trabajadores de nuestro país; desde la imposición de un modelo productivo -porque para pagar la deuda hacen falta dólares-, y los dólares que necesitamos para pagarla se obtienen a través de exportar más”.
“Ahí ya tenemos un condicionante para la política, porque la política económica tiende a estar más orientada a favorecer aquellas actividades productivas que generen dólares, y si se generan rápido mejor. Esto trae consecuencias por las características que tienen y el modelo productivo actual, no solo consecuencias sociales sino también ambientales”.
“Cualquier límite que se fije a las posibilidades de gasto del Estado, hace que repercuta negativamente ante las amplias necesidades actuales que vive hoy el pueblo argentino”.
Pablo Díaz Almada plantea que “podemos decir que se establecen límites específicos para gastos del Estado. Como el Estado tiene que hacer un esfuerzo para poder pagar la deuda, entonces eso trae como consecuencia, más aún con las imposiciones del FMI de ciertos límites al gasto público, la posibilidad o imposibilidad de poder aplicar políticas activas que mejoren la vida real de las personas”.
“Es decir, hoy el Gobierno sostiene que este acuerdo con el FMI no va a haber perjudicado, va a dar la posibilidad de que el gasto del Estado en términos reales se incremente. Pero aún en el mejor de los casos, si todo marcha bien, y podemos incrementar año a año el presupuesto estatal en términos reales, ni siquiera eso nos brinda la posibilidad de mejorar las condiciones actuales”.
A esto, añadió que “el techo sería lo que tenemos hoy. Si miramos, tenemos altos niveles de pobreza, desempleo, precariedad, ni hablar en términos de salud, de acceso a la vivienda y la alimentación, educación. Son todas ramas o áreas donde se hace necesaria la intervención del Estado, entonces cualquier límite que se fije a las posibilidades de gasto del Estado nacional y provincial, eso hace que repercuta negativamente ante las amplias necesidades actuales que vive hoy el pueblo argentino”.
Las tarifas de los servicios públicos se verán afectadas
El economista continuó afirmando que “ni que hablar si uno empieza a pensar de otras demandas que van apareciendo como políticas sociales, del financiamiento de los espacios de cuidado a cargo del Estado, o de una renta básica universal. Lo mas cercano que nosotros vemos de lo que se ha anunciado del acuerdo es la quita de subsidios que el FMI requiere que el Estado nacional realice, eso evidentemente va a impactar en las tarifas de los servicios públicos”.
“Voy a poner entre paréntesis un apartado, porque siempre con las revisiones del FMI, lo que se ha visto es que, además de poner condicionamientos al crecimiento del gasto estatal, otra de las cosas que suele hacerse o requerir el fondo, es unas continuas devaluaciones, que se incremente el valor del dólar, para fomentar las exportaciones que el país necesita realizar para poder obtener los dólares, para poder pagar la deuda”.
Para finalizar, Pablo Díaz Almada expresó que “en términos técnicos dicen que no se atrase el tipo de cambio, pero eso quiere decir que se realizan devaluaciones, entonces eso provoca una nueva ronda de incremento de precios, y en un contexto de alta inflación también eso puede repercutir en las condiciones materiales de la población”.
Fuente: www.elresaltador.com.ar