Por Nicolás Salas
Las declaraciones de la vicepresidenta sobre los programas sociales profundizaron la persecución a los movimientos populares y la estigmatización de sus dirigentes. De la represión menemista a la discusión por el salario universal, historia de una estrategia repetida y poco efectiva.
Propios y ajenos se sorprendieron al ver a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, encabezar por televisión una nueva embestida contra los movimientos sociales. Para ello no dudó en reivindicar las políticas sociales de Eduardo Duhalde en 2002, ubicar a las familias más empobrecidas del país como víctimas de dirigentes inescrupulosos y desconocer 26 años de historia construida a base de asambleas, piquetes y organización territorial.
El planteo fue claro y no dejó margen a dudas, el problema son las organizaciones territoriales: “Digo que el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas”.
Las declaraciones no resultaron gratuitas y representaron la “luz verde” para gobernadores y sectores de la casta judicial que en cuestión de horas montaron más de 40 allanamientos contra comedores y locales de los movimientos a los que se los acusaba de constituir “asociaciones ilícitas” que lucraban con las personas que organizaban.
No puede reducirse esta avanzada a la puja interna que el kirchnerismo puro mantiene con el Movimiento Evita y los funcionarios provenientes de la UTEP en la disputa por la “caja” de los planes sociales o el enfrentamiento en algún territorio particular (La Matanza ¿?). Hay un debate más general que ordenó la impugnación contra los movimientos sociales y que tiene que ver con la manera en qué se está pensando afrontar la crisis en curso y más aún cuando la situación pareciera precipitarse a escenarios más tumultuosos e inestables. Las acusaciones de Cristina fueron la expresión de un proceso que se viene gestando desde hace al menos un año a partir de la asunción del ministro Juan Zabaleta al frente del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El titular de la cartera fue impulsado para dicho cargo por La Cámpora como lo reconoció la misma vicepresidenta durante su disertación en la Universidad Nacional del Chaco Austral. El nombramiento era parte de un plan más general destinado a reforzar el poder territorial de intendentes y gobernadores en detrimento de las organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras.
Nada de lo acontecido es un acto creativo ni espontáneo de la dirigencia actual, sino más bien una emulación de intentos anteriores esbozados desde el Estado para desarticular a las organizaciones surgidas al calor de las puebladas piqueteras iniciadas en Cutral-Co y Plaza Huincul en junio de 1996.
El menemismo, la Alianza y sus primeros intentos
Las primeras organizaciones piqueteras surgidas a mitad de los noventa toman lugar con el surgimiento de importantes puebladas llevadas a cabo en Neuquén, Salta y Jujuy. Emergía así un fenómeno novedoso para la historia de la clase obrera argentina, en este caso para el sector desocupado.
La respuesta inicial del Estado ante las primeras manifestaciones piqueteras sería la represión abierta. La masividad que caracterizaba a las mismas hará retroceder en varias oportunidades a las fuerzas de seguridad enviadas por un gobierno que veía peligrar la armonía del sistema neoliberal menemista.
Ante la resistencia encontrada y la imposibilidad de lograr su cometido, el Estado ensayó salidas de “consenso” a partir de la masificación de programas de empleo sin abandonar nunca la faceta represiva.
Pese a los embates sufridos en los últimos años del menemato, los nacientes movimientos sociales fueron consolidando sus estructuras a partir de gestionar y construir la autonomía de sus espacios de trabajo y decisión, evitando la intromisión de los municipios y sus punteros provenientes del aparato justicialista.
Con el advenimiento de la Alianza al poder en 1999 se crearon nuevas herramientas para desarticular a las organizaciones. Para fines del 2000, el gobierno de De la Rúa tenía definida una nueva contraofensiva hacia el sector. No era para menos, “los piqueteros” representaban un factor de desestabilización para un gobierno apretado entre la conflictividad social y las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La preocupación estaba centrada en el crecimiento vertiginoso que mostraban los movimientos en el conurbano bonaerense, y en la radicalidad de las medidas que se llevaban a cabo en Mosconi y Tartagal.
Será la ministra de Trabajo de ese entonces, Patricia Bullrich, la punta de lanza en el intento de desestructurar a las organizaciones. En primer término, impulsando el reempadronamiento de los planes sociales con el objetivo de retomar el control de los recursos. En segundo término y al igual que el reclamo realizado por Cristina días atrás, dando curso a auditorías que el ministerio realizó contra las asociaciones civiles que administraban las organizaciones. En muchos casos, estas inspecciones se daban en el mismo momento en que se desarrollaban los planes de lucha, como forma extorsiva para que los movimientos no salieran a la calle.
A tal punto llegó la ofensiva que la funcionaria amenazó con quitar la Personaría Jurídica a ATE por acompañar algunos de los piquetes que se llevaban a cabo en el conurbano bonaerense. Como ahora, esta iniciativa fue fogueada con declaraciones mediáticas y procesos judiciales contra militantes sociales.
Cabe mencionar que en la actualidad el gobierno y el Estado tienen plena potestad para ejercer, y de hecho lo ejercen, auditorías de control a organizaciones sociales que son obligadas a rendir formalmente cada uno de los recursos que perciben.
La crisis del 2001 y las recetas duhaldistas
Caído el gobierno de De La Rua a manos de una rebelión popular, Eduardo Duhalde será la carta elegida por las clases dominantes para sacar a flote el barco. La perspectiva que trazará el exmandatario bonaerense constará de una fase caracterizada por el consenso y otra abiertamente represiva que tendrá su máxima expresión en la planificación de la masacre del Puente Pueyrredón donde serán asesinados Maxiliano Kosteki y Daríos Santillán.
En lo concerniente al consenso, se apostó centralmente a construir una alianza directa con intendentes y gobernadores que se traducirá en los consejos consultivos o municipales (ensayados por primera vez en la Alianza), espacios que buscaban institucionalizar los reclamos del sector desocupado bloqueando la interlocución de las organizaciones sociales y fortaleciendo la perspectiva territorial desplegada por los jefes comunales y su aparato punteril. Esta perspectiva no será suficiente para interrumpir el crecimiento de los movimientos que encontraban en la crisis y la exclusión las condiciones mismas de su desarrollo.
A su vez, estos intentos que se hacían desde el Estado por “transparentar” la entrega de los planes fracasarán estrepitosamente.
El mismo Duhalde reconocerá años después que existieron unas 800 denuncias penales por irregularidades en los manejos del “Jefes y jefas de Hogar” entre abril de 2002 y octubre de 2003. Lo paradójico es que las presentaciones judiciales no apuntaban a las organizaciones sociales sino que recaían en su totalidad contra intendentes, funcionarios municipales, concejales y miembros de consejos consultivos impulsados por el propio gobierno.
De hecho, Chiche Duhalde impulsará un proyecto de ley para llevar al terreno penal las denuncias por irregularidades en los manejos de los planes sociales. Tal iniciativa fue cajoneada en el Congreso, ya que los principales afectados por la norma eran dirigentes y militancia vinculada al aparato del gobierno, como lo demuestran las presentaciones judiciales sobre el plan “Jefes y Jefas”.
En paralelo al desarrollo de la estructura clientelar de los intendentes, el Gobierno tejía, como lo hace actualmente Zabaleta, un acuerdo con la Iglesia a través de la Mesa del Diálogo Argentino (MDA) creada en enero de 2002 y que buscaba legitimar las políticas sociales del duhaldismo, contraponiendo una cara “amigable” a la de los piqueteros que cortaban calles y rutas. De esta manera, Cáritas será beneficiada con miles de kilos de alimentos que distribuirán en los barrios más vulnerables intentando generar un tapón al desarrollo de organizaciones autónomas. Este pacto se verá resquebrajeado luego de que representantes eclesiásticos se aliaran en el MDA con las entidades rurales para oponerse a la aplicación de retenciones a los empresarios del agro que venía amasando cuantiosas fortunas a partir de la devaluación de la moneda y la caída de la convertibilidad.
Toda esta política de desarticulación contra las organizaciones obtendrá pocos resultados, lo que dará lugar a la planificación de la masacre del 26 de junio de 2002.
El advenimiento del kichnerismo y la construcción por dentro
Néstor Kirchner supo interpretar lo ocurrido en el Puente Pueyrredón y se dio una política hacia las organizaciones sociales muy distinta a las desarrolladas en ese entonces e inclusos a las expresadas por Cristina Fernández en la actualidad. En principio, convocó a la dirigencia piquetera a ser parte del Gobierno y desarrollarse desde dentro del Estado y no por fuera. Así se dará la participación por primera vez de militantes sociales en distintos ministerios y estamentos de poder gubernamental. En paralelo, a aquellas organizaciones que no aceptaran ser parte del Estado se las buscará aislar políticamente y se les negará los recursos que sí se les brindará a quienes comulguen políticamente con el nuevo proceso.
Esta política tendrá sentido y desarrollo durante los primeros años cuando la economía y la creación de fuentes de empleo mostrará niveles importantes de repunte a partir de una moneda con mayor competencia internacional (lo que derivó en la recuperación de la producción industrial) y los precios de los comoditties a tasas chinas.
Todo empezará a cambiar con la crisis mundial de 2008, y el lanzamiento del plan “Argentina Trabaja” que reactivará, a partir del plan de lucha “Cooperativa de sin punteros”, a los movimientos sociales no kirchneristas que retomarán un proceso ascendente que se consolidará durante la era macrista.
Cambiemos y sus políticas desarticuladoras
La profundización del ajuste iniciada con Mauricio Macri como presidente generará el cierre de gran cantidad de fábricas y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Para ello, el Estado intentará amortiguar la desocupación a partir de la entrega masiva de planes sociales con la creación de la “Ley de Emergencia” votada en el Congreso.
Será el punto de inflexión desde el que se dará un crecimiento exponencial de las organizaciones sociales, tanto las vinculadas al peronismo como a la izquierda. Acrecentado el nivel de conflictividad en las calles, la entonces ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley buscará intervenir sobre la base de las organizaciones. En principio desarticulará la contraprestación laboral de los programas (transformación del “Argentina Trabaja” y el “Ellas hacen” en “Hacemos futuro”), planteándole a quienes perciban un plan que podían retirarse de las organizaciones y mantener “el beneficio”. Esta situación prácticamente no afectó cuantitativamente a los movimientos que lograron contener a gran parte de sus bases que veían y ven en sus organizaciones un resguardo y reaseguro ante las arbitrariedades del Estado o los municipios, así como un espacio de contención humana y social ante las múltiples opresiones que se transitan en las barriadas populares.
Una vez fracasada esta iniciativa, se iniciará el camino de la judicialización contra militantes de las organizaciones sociales apuntando a los aportes que se realizan dentro de las organizaciones para garantizar los alquileres de los comedores, la compra de ollas y alimentos frescos, etc. El fundamento del macrismo, hoy utilizado por kirchneristas, apuntaba a denunciar el delito de asociación ilícita en aquellas asambleas donde se juntara dinero para costear una garrafa y otros gastos que el Estado no asume y dependen exclusivamente de las personas en el territorio. Así se encarcelará a “doñas” que organizaban una olla popular o una cuadrilla de trabajo.
El fondo de la cuestión
Los más de 40 allanamientos contra las organizaciones sociales llevados a cabo en las últimas semanas ponen de manifiesto la vigencia que los sectores de poder conceden a herramientas utilizadas en el pasado para desarticular a los movimientos sociales. A las pujas internas dentro del Gobierno, se suma la necesidad de algunos sectores de afrontar la crisis en curso sin gente en la calle, aunque eso implique el encarcelamiento y judicialización de la militancia que se opone a las políticas de ajuste digitadas por el FMI.
La perversión actual reside en que la misma clase dirigente que ejecutó las políticas que hoy ubican a la mitad de la población bajo la línea de la pobreza es la misma que en la actualidad cuestionan a los y las pobres de este país que definen organizarse y luchar por los derechos que les fueron expropiados hace décadas.
Fuente: www.canalabierto.com.ar