Por Jesús Chirino*
Existen nociones y conceptos que suelen ser presentados como “lógicos” y “naturales”, algunos tan difundidos que, incluso, forman parte de eso que se denomina “sentido común”, pero cuando se analizan se advierte que en realidad son creaciones de determinado posicionamiento ideológico.
Aquí repasamos cómo algunas de estas nociones, presentándolas como “obviedades”, fueron aplicadas en la gestión del Estado municipal de Villa María.
Empresa privada como sinónimo de eficiencia
En 1976, recién iniciada la dictadura, la prensa local requirió la opinión de quien mediante la fuerza tomó el poder político en la ciudad. El mayor José Cayetano Torres expuso su visión acerca del momento histórico que se vivía, como así también aspectos de la ideología con la cual llegaba la dictadura cívico-militar desaparecedora de personas. El 23 de abril, el periódico Opinión, dirigido por Victoriano Godoy, publicó una nota titulada “La Municipalidad será conducida con sentido de empresa, nos dice el actual intendente mayor Torres”. Allí, el periodista exponía la concepción del Estado que traía el militar que destituyó de su cargo a Carlos Pizzorno, intendente que había sido elegido por el voto popular.
El título de la nota no fue una interpretación del periodista, sino algo que, expresamente, dijo el militar golpista. En la nota puede leerse cómo Torres relaciona los conceptos de empresa y de eficiencia como si uno fuera sinónimo del otro. Luego plantea que conduciría el Estado municipal con eficiencia empresarial. Es decir que el militar, de concepción liberal, concebía que la cosa pública debía manejarse como si fuera una empresa privada, cuyo fin es lograr ganancias económicas.
Justificar el despido de trabajadores
Desde su ideario, Torres señaló que para abril ya había ordenado realizar un inventario como forma de “reducir gastos inútiles -y- verificar estrictamente el estado financiero de la comuna”. Como puede advertirse, aparece el concepto de utilidad que vemos inmediatamente aplicado al empleo estatal, pues manifiesta que también ordena “la suspensión del personal golondrina”, la “regularización de la situación de contratados” y la “separación definitiva de gente no necesaria”. Esto último no es más que un eufemismo para decir que estaba echando empleados, dejándolos sin trabajo.
El sentido de “utilidad” que manejaba el militar surgía de una visión empresarial que, claro está, no siempre puede coincidir con una visión del Estado que busca el bienestar general y no el logro de ganancias.
El achique del Estado que ejecutó la dictadura en Villa María arrancó con la cesantía de 144 trabajadores municipales. El interventor municipal, lejos de preocuparse por el desempleo, dijo que la medida permitía el ahorro de “muchos miles de pesos para el erario público”. Con ese mismo objetivo señaló que existían 50 agentes municipales prontos a jubilarse. Torres definió todo eso como un “proceso de reordenamiento” que tendría su fin “cuando se concrete la racionalización del personal en todos los sectores”. En esas declaraciones a la prensa local, el mayor del Ejército dejó claro que no venía a militarizar el municipio, sino a encuadrar su accionar en el marco de la lógica económica del nuevo liberalismo, emulándolo con una empresa. Es desde esa concepción que se fijaron las prioridades y, por ende, los destinos del dinero del Estado. Puede notarse que cuando el militar habla de racionalidad, la misma no contempla sensibilidad social alguna, la preocupación central es que “cierren las cuentas”, pero, insisto, desde una visión empresarial.
En las declaraciones que Torres fue haciendo en la prensa local aparecieron sus preocupaciones por temas como la puntualidad de los trabajadores, el control de las licencias por enfermedad de los empleados municipales, etcétera. Es decir, un discurso que justificaba los recortes de personal, pero sin mencionar nada acerca de las condiciones de trabajo ni el tipo de relaciones laborales que la administración municipal tenía con sus trabajadores. Otra cuestión que rápidamente puso en funcionamiento fue el replique local de la prohibición de toda actividad sindical en los lugares de trabajo dentro del municipio, cuestión establecida mediante decreto firmado por el propio Torres y el secretario de Gobierno del municipio, René Rodríguez. Es decir, una fuerte limitación para la defensa de los derechos de los trabajadores.
La empresa privada sin historia social
En la nota de Opinión vemos que, ante las expresiones del militar, el periodista señala: “Por lo visto, lo actuado por el mayor Torres es digno del buen comentario. Una acción directa saludable para una administración depurada y correctamente sana, con una funcionalidad de organigrama”. Por otra parte, señala que el interventor posee una “amplia visión tomada con toda claridad sobre el problema municipal villamariense… Nos habla de la importancia que importa (sic) analizar el estado deficitario de la cosa pública con arrastre millonario, pero también advierte sobre su optimismo en cuanto a que las medidas tomadas y a tomar darán como resultado un adecuado cierre de ejercicio financiero…”. Según el comunicador, todo esto permitiría elaborar un plan de pago de la deuda existente. Constantemente se expone una visión del Estado como empresa privada, la que se señala como emblema de la eficiencia. Todo sin reflexionar que la propia existencia de esta última pasa por la generación de rentabilidad, que es su objetivo, más allá del rubro en el cual actúa. Muy diferentes son los principios que dan origen y rigen el accionar del Estado. En la nota de Opinión que venimos analizando explícitamente se habla del manejo del Estado como una empresa y la generación de rentabilidad, es así que se dice “(…) se aplica en el manejo de la administración un concepto de empresa con todo lo que significa jerarquización y rentabilidad, porque con los porcientos del 75 para jornales y sueldos, 25 para bienes de consumo y 5 para capital no se puede ir adelante de ninguna manera”.
La concepción del militar, que el reportero comparte, es parte de la visión liberal en lo económico que con los años avanzó de manera tal que pareciera ser parte del sentido común de gran parte de la ciudadanía, incluyendo políticos de diferentes extracciones ideológicas que hablarían mucho de gestión o que festejaron los superávits de las cuentas estatales como si no existieran necesidades sociales a las que destinar esos recursos. También se vio esa concepción en los 90, con el avance de las privatizaciones bajo la consigna de reducir el tamaño del Estado y la idea de que las empresas pueden administrar mejor lo público. A la par que se naturalizaba la existencia de la empresa, considerándola forma social sin historia y como el único lugar donde tiene lugar la actividad productiva. Las experiencias pasadas nos pueden ser útiles para, cuando nos dicen que no hay plata en el Estado, preguntarnos desde qué lugar ideológico nos hablan y así saber cuáles serán las prioridades que se establecerán.
Si la visión que prima es la del Estado como empresa, muchas cuestiones serán juzgadas como “gastos” innecesarios y se creerá que es mejor que algunas funciones queden en manos de privados. Desde esa concepción se perseguirá una eficiencia que deja afuera la lógica del Estado persiguiendo el bienestar general.
*Docente. Periodista. Secretario General de la Unión de Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTAA). Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María
Fuente: www.eldiariocba.com.ar