La Junta Interna de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María (FMPEVM) se declaró en estado de alerta en defensa de los puestos de trabajo y de la planta fabril, a la par que rechazó los retiros voluntarios propuestos al personal por parte de FMSE (Fabricaciones Militares Sociedad del Estado).
Da cuenta un comunicado de prensa “sobre nuestra profunda intranquilidad con respecto al Programa de Jubilación Anticipada (PJA) y el Programa de Egreso Consensuado que se está ofreciendo a trabajadores de nuestra fábrica por parte de FMSE”.
En esta Fábrica Militar trabajan, en la actualidad, más de 420 personas. Sin embargo, llegó a tener alrededor de mil operarios hasta la crisis de la Convertibilidad. Durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, su plantilla se situó en alrededor de 350 obreros. Aquí se elaboran pólvoras para proyectiles -7,62mm del Fusil Argentino Liviano, FAL; y 9mm. para las pistolas de las fuerzas de seguridad y militares- y fuegos artificiales), dinamita y cipolet, un explosivo para minería.
Además de Villa María, existe otra planta fabril de Fabricaciones Militares en Río Tercero, que ocupa a unas 380 personas. En la actualidad, su principal función es la de proveer materias primas como el ácido nítrico para la petroquímica, y ácido sulfúrico para la industria farmacéutica y de fertilizantes.
Cabe recordar que entre diciembre de 2017 y agosto de 2018, el gobierno de Cambiemos había despedido 151 operarios de las fábricas de Villa María y Río Tercero, y 87 de la santafesina de Fray Luis Beltrán.
Ahora, la Junta Interna de ATE reclama “un claro posicionamiento público y político en defensa de FM de parte de instituciones, Poder Legislativo, Político y Ejecutivo, para que no permitamos este retroceso que solo perjudicará a los trabajadores y la comunidad en general”.
Señala también que se “protegerán los puestos de trabajo” y rechaza los retiros voluntarios “ya que los mismos son despidos encubiertos”.
Agrega el documento que “observamos con preocupación que desde el Gobierno Nacional se intentan aplicar medidas de ajustes sobre los trabajadores, con disminución de personal y un posible inicio de desmantelamiento de nuestra empresa estatal. Nos preocupa profundamente el posible desguace, con miras a una futura venta a manos de negocios privados, tal como se expresa en el DNU 70 2023 y la actualizada Ley de Bases”.
Por último, advierte que “unidos y organizados, buscaremos las mejores estrategias para enfrentar esta situación y preservar nuestros empleos y el mantenimiento de la fábrica en manos del Estado”.