Por Gastón Lippi para La tinta
Cae la noche y una amplia galería nos recibe en el internado. El frío se pone escandaloso, pero los pacientes están resignados. Uno de ellos se acerca rodeado de gatos que comen de los restos del mediodía esparcidos en el suelo. Nos cuenta que el hospital está lleno de estos animales, todos tienen nombres diferentes que rotan a lo largo de la semana. Está contento porque en una hora es la cena, insiste en que las chicas cocinan abundante y varias veces al día. Se sonroja cuando lo cuenta y frota sus brazos para calentarse. Nos pide que cenemos con él, pero Gastón Vacchiani, psiquiatra y Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Salud de la Provincia de Córdoba (UTS-CTA) se detiene delante nuestro para que continuemos. Antes de seguir, pregunta si tenemos cigarrillos o si nos sobra un cospel, ninguno fuma y tampoco perdura tanto en el tiempo.
Por el pasillo del pabellón de hombres, un paciente en silla de ruedas conversa con el médico tras salir de una sala iluminada por un televisor japonés. Sin sutileza, remarca “Doctor” al hablarle, acompaña nuestros pasos hasta perderse bajo la ventana de su habitación. Las piezas están recubiertas por el mosaico blanco que hacen de piso en todo el hospital, son frías y varias de ellas tienen sus postigones rotos. Las puertas están hinchadas por la humedad y resquebrajadas a la mitad, no tienen perillas y están sujetas con trozos de papel que hacen de cerradura.
“Las camas son muy viejas. Durante el verano, tuvimos una infestación grande de chinches hematógenas difíciles de erradicar”, remarcó el médico, a su vez, insistió en que esto se repite. Vacchiani comentó que la Provincia cerró cerca de diez camas bajo el paradigma que plantea la Ley de Salud Mental N° 26.657 (2010), pero esto generó que se abrieran otras más en el sector privado que crece exponencialmente y no está lo suficiente controlado.
Según lo establecido en las leyes de salud mental, los hospitales públicos debiesen contar con un sector de internación psiquiátrica. El inconveniente es que ni siquiera tienen un equipo interdisciplinario de profesionales y, en sí, estos centros de salud ya no dan abasto por la sobrepoblación clínica. El cierre de camas no acompaña la propuesta de desmanicomialización de las leyes y aquellos pacientes que pueden terminan gastando fortunas en clínicas privadas o, directamente, sin atención médica. “Nosotros vemos un vaciamiento de la salud pública, todo se terceriza, la limpieza y la cocina del hospital eran públicas hasta que se las otorgaron a empresas. Cuando hay un vaciamiento de algún lado, hay un beneficio en otro”, remarca el doctor y se detiene a mirarnos.
El silencio también se gasta
Al entrar al pabellón de mujeres, esquivamos un charco que sale bajo la puerta del baño y también a una policía que espera enfrente.
El Neuro es una muestra cabal de la extrema patologización social que deriva en cientos de judicializados. En un diminuto hall que lleva al sector de Pre-alta, un grupo de pacientes internadas conversan en sillas de plástico, junto a ellas, dos policías las custodian y se intercambian un mate cocido. Nos piden que evitemos usar la cámara para no exponer a nadie y las chicas posan graciosamente frente a la lente tapada. Un alargador deshilachado se desliza a través de todo el módulo hasta la habitación donde se enchufa y la pava eléctrica flota en el vértice de una mesa escondida de las goteras.
“En estas lluvias grandes, hubieron inundaciones. La parte nueva, donde está la guardia, tiene dos años, teóricamente, está mejor, pero igual se llovía como loco. El internado tiene muy malas condiciones, nosotros hicimos presentaciones a R.U.GE.PRE.SA, pero nunca tuvieron respuestas, esa es la entidad que controla y habilita las instituciones sanitarias en Córdoba”, afirma el psiquiatra.
El Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (R.U.GE.PRE.SA) se creó por el poder ejecutivo en el 2008. Según los objetivos generales del gobierno, la entidad se encarga de monitorear y evaluar la calidad de prestación de los servicios de salud en la Provincia de Córdoba. Pero la entidad no demuestra señales de interés por la situación que atraviesa el Neuropsiquiátrico de Juniors, aun teniendo como antecedente las extremas condiciones del Hospital de Bell Ville que terminó con una denuncia penal de la Legisladora Liliana Montero hacia el ex Ministro de Salud, Oscar González, el actual Director de la Secretaría de Salud Mental, Néstor Filipponi, y el gobernador electo, Juan Schiaretti. “El tema es que la entidad depende del Ministerio de Salud, o sea, son juez y parte, por eso, no vienen a examinar acá, porque son ellos mismos”, Vacchiani nos comenta antes de entrar a la cocina improvisada donde el personal descansa. Lo escuchamos conversar con una de las pacientes sobre la medicación que tiene, saluda a una de las encargadas de limpieza y nos avisa que ya regresa a terminar el recorrido.
El silencio del Neuro viene desde el Panal, se extiende durante la noche y culmina en los gestos de los pacientes que aprenden a soportar en vez de rehabilitarse. La inauguración de la guardia externa, en el 2017, quiso apaciguar los conflictos, pero fue insuficiente, el intento de cura terminó siendo peor que la enfermedad y la sobrepoblación, junto a la falta de soluciones, germinaron una institución que navega a la deriva de protestas y una administración que no da abasto.
Pero la sorpresa fue cuando el gobierno de la Provincia planteó, públicamente, el traslado del Hospital hacia un polo de salud a realizarse detrás del Misericordia. Esto despertó un profundo rechazo en la comunidad del Neuro, que manifestó haber reconocido la misma estrategia en otros centros de salud para favorecer a la desarticulación del personal, los pacientes y los espacios comunitarios ya construidos. El personal del hospital propuso que se invirtiera en la mejora de la infraestructura existente, aumentar el recurso humano y evitar los faltantes de materiales. Pero las asambleas y todas las formas de reclamo ingeniadas (semaforeadas, consultorios en la calle y entrevistas en los medios) fueron ignoradas. Lo que sí perduró fue el eco del traslado impulsado por el interés privado que observa a la manzana de salud mental como una fuente de inversión edilicia.
El médico sale y, de camino hacia la guardia, nos presenta a uno de los pacientes que vuelve de la cena. “Hemos hecho denuncias al Ministerio de Trabajo para hacer inspecciones de las condiciones de higiene y seguridad, tampoco hubieron respuestas. Hace un tiempo, se cayó mampostería sobre la pierna de un paciente y tuvo una lesión importante”, comenta. La Secretaría de Salud Mental también se ha mostrado cerrada al diálogo, el Director Filipponi apenas una vez pidió hablar con los trabajadores frente la falta de medicamentos, pero, de allí en adelante, no respondió a ninguna de las notas enviadas. El trato con la dirección del hospital es diferente, hay reuniones frecuentes para solucionar las cuestiones inmediatas, aunque quedan pendientes otras de urgencia, el personal del hospital reconoce las profundas limitaciones que acarrea la administración ante el silencio de los órganos ministeriales que son responsables de la salud provincial.
De nuevo, frente a su consultorio, Vacchiani agradece nuestra visita y acomoda el cartel pegado en el vidrio de ingreso. Sin quitarle la vista, nos comenta que seguirán con las medidas de fuerza, levantarán la asistencia salvo en casos de emergencia. Al menos, hasta obtener alguna solución que incluya a la comunidad del Neuropsiquiátrico sin pasarles por encima. “Yo considero que no deberían haber más internaciones monovalentes, ese es el proyecto a largo plazo de la ley. Pero no se puede obviar la situación actual del internado, desde el personal hasta lo edilicio, hay mucho para mejorar primero ahí”, concluye.
La ley está a meses de cumplir una década y, en su raíz, plantea un proceso de cierre de los manicomios, el objetivo es establecer una red de contención de salud mental articulada entre los barrios, hospitales generales y centros asistenciales externos. Pero el presente muestra un gesto de apaciguada tristeza en quienes llevan a flote al centro de salud mental más concurrido de Córdoba. Las redes no lograron articularse y el desfinanciamiento constante sepulta a diario las expectativas de una ley que fue engendrada en el seno de la lucha de las personas con padecimientos mentales.
Hoy, la comunidad del Neuro convive con las consecuencias de una ventana del Panal que parece estar siempre cerrada hacia su este, donde el silencio quiere ser una política de salud pública y los pasillos del hospital temen a que la noche sea demasiado larga.
Imágenes: Belén Liendo
Fuente: www.latinta.com.ar