La devaluación, el aumento de los combustibles y la recesión ponen en jaque el poder adquisitivo

La reciente devaluación del peso argentino, impulsada por las medidas económicas del Gobierno, ha desatado una nueva crisis social que golpea con fuerza a la clase trabajadora en su conjunto.

El aumento del dólar y de la nafta funciona como un combo explosivo que el Gobierno y los sectores concentrados del poder económico le imponen a los trabajadores y a los sectores de la producción. La suba de los combustibles, un insumo clave para la producción y la logística, ha actuado como catalizador de una espiral inflacionaria que amenaza con llevarse por delante los magros aumentos salariales conseguidos en las últimas paritarias de algunos sectores y golpea más a los trabajadores informales y precarizados de las barriadas populares.

El aumento del dólar se traslada de manera inmediata a los precios de los bienes de consumo de la Canasta Básica de los sectores populares.

Por su parte, la apertura indiscriminada de las importaciones y el comercio electrónico de las plataformas, sumado a la recesión, destruyen al comercio. Esto genera una ola de despidos y un deterioro alarmante del poder de compra de los salarios. Las empresas, enfrentadas a costos de producción más altos, reducen sus márgenes de ganancia y, como primera medida, optan por la suspensión y el despido de personal.

La devaluación, si bien busca recomponer el equilibrio de la balanza comercial, tiene un costo social altísimo. La pérdida del poder adquisitivo del salario, la creciente informalidad laboral y el aumento del desempleo son consecuencias directas de una política económica que desde un primer momento prioriza el ajuste fiscal y el pago de intereses de la deuda, sobre las necesidades de las personas.

Este impacto está generando una fuerte alarma en sectores de cámaras empresariales como la UIA, que vienen diciendo que se pierden 1500 puestos de trabajo por mes. La producción está bajando y los empresarios dicen que no pueden sostener los costos. Nosotros sabemos que la solución no es achicar la planta de personal, sino defender el empleo y el salario. En el estado nacional un informe (CEPA) habla de más de 54 mil despidos y con paritarias a la baja.

La preocupación y la bronca ya se palpan en el ambiente y en los hogares del sector de los trabajadores, por los aumentos de los productos de la canasta básica en los supermercados, en las carnicerías, en las panaderías y en las verdulerías. Lo que ganamos cada vez nos alcanza para menos, esto es un nuevo ajuste brutal que pagamos siempre los que menos tenemos. La gota que viene a rebalsar el vaso es el veto de las 3 leyes sancionadas por el Senado el 10 de julio último: El aumento para las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La recesión, que ya venía mostrándose en los indicadores económicos de los últimos meses, se profundiza ahora con la devaluación. Los trabajadores que históricamente hemos defendido la estabilidad laboral y el salario, debemos llamar a plenarios de delegados, con asambleas en los sectores de trabajo para movilizar y multiplicar en las fábricas y los distintos centros de trabajo.

Ya sabemos que este Gobierno títere del imperialismo, no tiene la intención de escuchar, esto nos obliga y nos empuja a organizarnos para ir a medidas de fuerzas con huelgas y la movilización callejera. Estas acciones deben tener como objetivo cambiar las correlaciones de fuerzas para poder torcer el rumbo para frenar la espiral inflacionaria, defender el trabajo y garantizar el poder adquisitivo de los salarios. No podemos permitir que el ajuste se lleve puesto a los trabajadores y se siga reprimarizando la economía, el endeudamiento y la entrega de nuestra soberanía.

Debemos defender nuestros derechos y nuestro futuro en las calles, en las fábricas, en las universidades y en los barrios. La crisis económica, política y social se agudiza y la respuesta de los trabajadores no puede esperar.