Por Juan Carlos Giuliani*
El 7 de mayo de 1922 -hace más de cien años-, en el local de la Sociedad Cooperativa de Hacendados Riocuartenses, se constituyó el Centro Comercial de Río Cuarto que, luego de una fractura en 1971, cuando se fundó de la mano de Carlos Biset la Unión Industrial de Río Cuarto, se reconfiguró años después y adquirió su denominación actual de Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto (CECIS).
En una ciudad predominantemente comercial y de servicios -con un escuálido desarrollo industrial- el CECIS tiene un enorme potencial de fuego y un amplio margen de influencia sobre el poder político que generalmente se ha sometido a sus designios. En una ciudad de casi 200 mil habitantes no existen peatonales por su manifiesta oposición; los trabajadores de la vía pública, mal llamados ambulantes, son estigmatizados y tratados casi como delincuentes por los mandamás de una entidad que años atrás, por obra y gracia de sus dirigentes, ha ocupado más las páginas de la crónica policial que las de Economía o Información General.
Río Cuarto es la Capital del Trabajo en Negro, lo que habla a las claras de la hipocresía de las patronales que dicen ser portadoras de la responsabilidad social empresaria, artífices del progreso ciudadano y en verdad son autores seriales de fraude laboral al mantener a sus trabajadores y trabajadoras en la informalidad, sin aportes jubilatorios, aguinaldo, obra social, ART, seguro de vida, vacaciones.
Este instrumento de poder de la burguesía comercial urbana era presidido en 2012 por Marcelo Pinasco, ejecutivo de una empresa fundida, Jumalá, cuyos trabajadores protestaban en la calle por el desmanejo y vaciamiento de la firma, reclamando por salarios adeudados y la preservación de su fuente de empleo. Resulta insólito pero cierto: Actuaba como conductor y portavoz del movimiento empresario alguien incapaz de administrar su propia fábrica.
Tiempo después la empresa cambió de manos y fue dirigida por Pablo Bonetto. Parecía haber estabilizado la producción y los puestos de trabajo de más de 50 operarios, lo que no era poca cosa en plena “Macrisis”. Pinasco no se dio por enterado del quebranto de Jumalá y siguió presidiendo el CECIS hasta 2015, cuando fue reemplazado por Armando Becerra, quien a fines de 2017 renunció tras realizar polémicas declaraciones acerca del lesbianismo que fueron denunciadas ante el INADI por la Mesa de la Diversidad.
Los dichos de Becerra sobre el empleo LGBT y en particular las opciones de empleo de lesbianas levantaron polvareda: “Yo no dejaría que una persona lesbiana atienda un local de ropa femenina porque sería incómodo”. La frase precipitó su dimisión al soltarle la mano el resto de sus pares de Comisión Directiva.
El reemplazante de Becerra fue Pablo Vasquetto, Vicepresidente del CECIS por la rama Industria. Luego de trascender que había sido denunciado por su ex mujer por violencia familiar y abuso sexual, terminó eyectado del sillón presidencial de la organización gremial-empresaria.
La denuncia provocó conmoción en el CECIS, que venía de transitar un episodio en el que tuvo que renunciar su anterior presidente, Armando Becerra, por sus expresiones homofóbicas. Los directivos, después de algunos cabildeos, terminaron aceptando un pedido de licencia de Vasquetto por el término de 90 días “hasta aclarar su situación ante la Justicia”, que lo terminó imputando por abuso sexual simple.
La realidad es que no volvió a ocupar su cargo y fue reemplazado en ese rol por quien fuera Vicepresidente por la rama Comercio, Gustavo Sachetta.
La situación del ex Presidente del CECIS se agravó por la ampliación de la demanda en su contra. A través de distintos medios de comunicación se tomó conocimiento de la denuncia que presentó ante el fiscal Javier Di Santo su ex mujer, acusándolo por supuesto abuso sexual de un menor de edad. “Temo por la integridad de mi hijo. Estoy desesperada, me siento amenazada constantemente para que esto se tape y no trascienda”, reclamó la madre del pequeño. En abril de 2021 el Fiscal de Instrucción Javier Di Santo imputó al empresario Pablo Vasquetto por abuso sexual simple.
La llamativa recurrencia de estos casos entre lo más granado de la cúpula empresarial riocuartense debería llamar a la reflexión, porque pareciera ser que para buena parte de la sociedad la transgresión de la ley corre por cuenta exclusiva de los pobres y marginados del sistema, como si en otros estratos sociales no se infringieran las reglas.
En todo caso, la sociedad percibe a diario que la Justicia utiliza una vara para juzgar a los “pibes chorros” y otra muy distinta cuando se trata de ladrones de “guantes blancos”.
*Periodista. Congresal Nacional de la CTA Autónoma en representación de la provincia de Córdoba
Fuente: www.retruco.com.ar