Por Juan Carlos Giuliani*
La precarización laboral no hace distingos entre empleados públicos y privados. Castiga a todos por igual. Se extiende como una mancha de aceite a la totalidad del universo del trabajo. La problemática de la flexibilización -en sus distintos formatos- es uno de los ejes principales de la pelea diaria de los trabajadores y trabajadoras para frenar el ajuste y ponerle el cuerpo a la superexplotación obrera con la que el Estado empleador y las patronales cobijadas por gobiernos adictos de toda laya, maximizan su tasa de ganancia.
Derrotar a los magros salarios y la inestabilidad laboral -que adopta formas variopintas a través de figuras como los contratados, los que se rigen por el Artículo 9, los monotributistas, etcétera- provocada por la renuencia de los distintos niveles del Estado en pasar al personal precario a planta permanente, junto con la efectiva reincorporación de la totalidad de agentes de la Administración Pública despedidos en la Era de Macri, configuran el principal desafío a resolver por parte de los estatales.
Ni hablar de los empleados municipales de todo el país que, en su gran mayoría, perciben sueldos por debajo de la Línea de Pobreza -en algunos casos apenas rozan la Línea de Indigencia- y la dotación de trabajadores contratados duplica a los de planta. Sobre llovido mojado: Los empleados públicos municipales y provinciales, junto al Personal de Casas Particulares y los peones rurales no están alcanzados por el régimen de Salario Mínimo Vital y Móvil.
La precarización laboral, la tercerización, los contratos basura, la falta de oportunidades, los salarios por debajo de la Canasta Familiar y la necesidad de trabajar 14 horas por día para llegar a fin de mes parecen situaciones normales: Si hay que ponerle un rostro a esta Emergencia Laboral, ese rostro es el de los jóvenes y las mujeres. Los dos sectores de la sociedad que con mayor enjundia protagonizan la lucha cotidiana por la Libertad y Democracia Sindical, por la justa distribución de la riqueza, por la conformación de organizaciones sindicales de nuevo tipo.
La mayor parte del universo de trabajadores ocupados -asalariados, autónomos y cuentapropistas- no cuenta con lo que en la refinada terminología de la OIT se denomina un “trabajo decente”. Esto puede ser porque no está registrado, o si figura “en blanco” trabaja más horas que las legales, o tiene condiciones laborales deficientes porque no cobra los días de enfermedad, los francos trabajados, las vacaciones o el aguinaldo.
Además, de los asalariados “en negro” una alta proporción trabaja en empresas formales o registradas. Todo esto implica que el trabajo irregular no es un problema que concierne solamente a la economía informal, sino que también es común en algunos sectores de la economía formal. Hay 5.270.000 asalariados informales según los últimos datos del INDEC. Una calamidad que espeja la abismal desigualdad social imperante en nuestro país.
La presencia de un amplio segmento de ocupados no registrados es consecuencia del mantenimiento de una injusta matriz productiva y de redistribución de la riqueza. Esos empleados “en negro” que trabajan en relación de dependencia no están debidamente registrados; lo cual implica que no tienen acceso a los beneficios de la Seguridad y Protección Social.
La precarización laboral es una soga que asfixia la dignidad del trabajador. Un veneno que corroe al conjunto de la sociedad. El trabajo “en negro” ahonda la catástrofe social. Su vigencia en el tiempo está directamente vinculada con la falta de Libertad y Democracia Sindical. El trabajo chatarra existe en tanto y en cuanto se sigue sin reconocer a los trabajadores el derecho a organizarse según su leal saber y entender, sin padrinazgos de ninguna especie, respondiendo únicamente a los intereses de la clase.
La oleada neoliberal de los ‘90 demolió la legislación protectoria del Derecho del Trabajo y alentó el trabajo informal, con lo cual no sólo se comete un fraude laboral sino que también se está lastimando la autoestima de quien no tendrá jubilación, obra social, aguinaldo y vacaciones.
La Asamblea del año XIII eliminó la esclavitud en la Argentina. Sin embargo, persiste en el mundo laboral esta forma de esclavitud más sutil pero igualmente humillante. La imagen de los pibes y pibas en bici o moto cargando en sus espaldas las mochilas de alguna de las APP multinacionales de Uruguay, Colombia o Brasil que inundan las calles de las ciudades en la Argentina, nos exime de mayores comentarios.
El fraude laboral es ejercido por las corporaciones empresariales al amparo de un sistema que los protege. El Estado -Nacional, Provincial o Municipal- es uno de los principales precarizadores. Miles de trabajadores y trabajadoras revisten como empleados públicos a través de formas de contratación peyorativas y flexibilizadoras.
La lucha por trabajo y salarios dignos es estratégica.
No existe democracia y libertad sin justicia social.
Y sin justicia no hay paz.
Ilustración: Jericles
*Periodista. Congresal Nacional de la CTA Autónoma en representación de la provincia de Córdoba