El espacio UPC en Movimiento critica la falta de democracia en la normalización de la Universidad Provincial de Córdoba, conforme lo establece la Ley de Educación Superior. Cuestionan por ilegal y arbitraria el Acta Acuerdo firmada entre las autoridades y representantes de la UEPC.
UPC en Movimiento es un espacio de la Universidad Provincial de Córdoba conformado por docentes, codocentes, estudiantes, egresadas y egresados que nació a partir de la falta de diálogo de las autoridades universitarias, que conducen la casa de estudios sin atender a las necesidades y reclamos de la comunidad universitaria y, sobre todo, sin adecuarse a los parámetros de la Ley Superior de Educación sobre los procesos de normalización para obtener la categoría de universidad pública.
En tal sentido, el espacio emitió hoy un documento con duras críticas al contubernio que el rectorado emplea con el gremio sectorial docente provincial UEPC, para atentar contra derechos de las y los trabajadores del organismo, así como limitar la participación democrática de estudiantes, egresados y egresadas, a través de un Acta-Acuerdo conformada a espaldas de la comunidad universitaria.
En sintonía con el proceso de afiliación masiva a ATE del personal universitario UPC en Movimiento difundió el documento que plasma muchas de las fuertes críticas a las autoridades provinciales.
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA
“La Universidad Provincial de Córdoba, es una institución educativa pública creada en el año 2007, mediante la ley 9.375 emitida por la Legislatura de la Provincia de Córdoba y que desde 2014 se encuentra en la instancia de normalización.
La normalización, lleva ya casi 7 años contraviniendo lo previsto en el Art. 49 de la Ley de Educación Superior el cual, en lo pertinente al plazo para democratizar una nueva institución universitaria, establece: “….. adecuándose el proyecto de estatuto a las normas de la presente ley, procederá el Ministerio de Cultura y Educación a autorizar la puesta en marcha de la nueva institución, la que deberá quedar normalizada en un plazo no superior a los cuatro (4) años a partir de su creación”.
De esta manera, nuestra Universidad Provincial de Córdoba debe proceder urgentemente a democratizar sus espacios y dejar sin efecto todos aquellos actos y reglamentos que sólo dilatan el cumplimiento del propósito normalizador deviniendo en instrumentos arbitrarios, inconsultos, ilegítimos y además en el caso del Acta Acuerdo de fecha 09/10/2020 y su reciente modificación, ilegales por atentar contra el derecho humano a la participación democrática universal y el derecho humano a la estabilidad laboral.
Respecto a la reciente Acta Acuerdo y su modificatoria firmada entre las Autoridades Rectorales y representantes de la UEPC en el marco de la CPPD debemos decir:
En relación a la modificación firmada con fecha 26/12/2020, observamos un reconocimiento explícito por parte de las partes firmantes de que el Acta Acuerdo se constituye como un instrumento equivocado y de vulneración de derechos en el proceso de normalización que la Universidad transita.
En ese sentido, los cambios realizados nos demuestran que acertamos al levantar la voz disidente a tan nefasto instrumento y que indudablemente debemos seguir en el camino que hemos marcado para lograr construir una normativa verdaderamente progresista y democrática que respete los derechos humanos y reglamente con perspectiva de género.
Por otra parte, nos resulta absolutamente preocupante la falta de participación y diálogo con quienes decidimos promover el debate profundo sobre las decisiones que se toman en esta instancia histórica de tanta relevancia institucional.
En ese marco, resulta una decepción que delegadxs que firman la reciente modificatoria lo hagan contraviniendo la voluntad de quienes lxs elegimos para representarnos. Pero no sólo ello, sino que también con su firma avalan la violencia y discriminación que sufren sus propios compañerxs de trabajo, que también han sido designadxs delegadxs y eligen ser consecuentes y leales al mandato de sus bases.
Es este último punto el que como colectivo más nos duele. Pues la violencia de la gestión rectoral y de la patronal Junta Ejecutiva de la UEPC no nos sorprende en absoluto. Ahora bien, la violencia de quienes son nuestrxs propixs compañerxs, a los que les depositamos la confianza como delegadxs, es algo que definitivamente no esperábamos y que nos deja un enorme sinsabor.
En segundo lugar, consideramos pertinente clarificar que lo que se pretende llevar a cabo, son Falsos Concursos, pues el denominado Concurso para la Regularización e Ingreso a la Carrera Docente no prevé el otorgamiento de Cargo Docente Universitario ni tampoco el acceso a una categoría docente universitaria.
Es decir, este “falso concurso” es, en realidad, una Evaluación Académica que tiene como único objeto la conformación del claustro docente universitario para las futuras elecciones a realizarse en la Universidad.
Esto resulta a todas luces incorrecto desde, al menos 3 dimensiones, a saber:
Dimensión Legal: El Acta Acuerdo que se pretende constituir como el instrumento de conformación del claustro docente viola de manera flagrante el Art. 69 del Estatuto de la UPC aprobado mediante Res. E 2717/2016 del Ministerio de Educación de la Nación el cual establece: CLAUSTRO DOCENTE: Se considera que forma parte del personal docente de la Universidad a quien planifica, desarrolla, evalúa procesos de enseñanza y aprendizaje, o quien colabora con dichos procesos; y a quien realiza investigación y extensión vinculadas a su disciplina y/o tarea educativa, en sus distintas categorías, carácter y dedicación; comprendiendo también a aquel profesional que se encuentra cumpliendo funciones directivas de la Universidad.
Como puede observarse, la pertenencia al claustro docente la otorga el ejercicio de la labor docente en la institución y de funciones directivas sin que se exija ningún otro requisito adicional.
Este Art. 69 se encuentra en sintonía con la Ley de Creación Nº 9375 de la UPC (Art. 4º, inc. B), con el Art. 78 de la Ley 24.521, con el Art 37 y 75, inc 19 de la CN y con los Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional que consagran al derecho a la participación democrática como un DERECHO HUMANO.
Como puede verse, la ilegalidad del ACTA ACUERDO es MANIFIESTA convirtiendo al instrumento en NULO por afectar el Principio Democrático.
Dimensión Histórica: El Acta Acuerdo cuestionada, desconoce la constitución y desarrollo histórico de nuestra Universidad Provincial de Córdoba la cual se creó sobre la base de ocho institutos fundantes. Hablar de instituciones fundantes, no es simplemente referirse a edificios de cemento, sino que nos estamos refiriendo a las comunidades que los habitan y le dan vida a su funcionamiento.
Por tanto, la comunidad de los institutos fundantes, es constituyente de la Universidad Provincial de Córdoba desde su misma creación debiendo, en sintonía con la ley, considerarse como sujetos de derechos universitarios a toda la comunidad educativa de las instituciones de origen.
Dimensión Simbólica: Es esta la dimensión más grave, por la concepción profundamente elitista que el ACTA ACUERDO refleja, pues: Condicionar el ejercicio del derecho a participar en la vida de la Universidad al resultado de una Evaluación Académica se traduce por una parte, en una intención de calificar el derecho a expresarse democráticamente en la vida universitaria y por otra, en una desvirtuación de la Evaluación Académica que, en lugar de implementarse en el marco de una política integral de mejoramiento de la calidad educativa, es utilizada como un instrumento de especulación y dilación política.
Esta pretensión, además de ser ilegal, choca abiertamente con los compromisos históricos de las Universidades de nuestro país con el Sistema Democrático como fundamento de la Autonomía Universitaria y como forma de gobierno indispensable e innegociable para el desarrollo integral de nuestra nación.
Por ello, instamos al Rectorado de la Universidad a llamar al diálogo abierto y constructivo con representantes de todos los estamentos y de esta manera debatir los caminos para cumplir el objetivo esencial de la normalización. Pues, democratizar la UPC con la participación plena de su comunidad no sólo es posible, sino que es el acto más legal, ético y de justicia histórica que la gestión rectoral debiera llevar adelante en los primeros meses del año 2021.
Finalmente, desde la organización y unidad constituida, reafirmamos el compromiso de seguir luchando, invitando a nuestrxs valiosxs compañerxs docentes, co docentes, estudiantes y egresadxs a fortalecer y protagonizar esta gesta colectiva que tiene como fin hacer realidad una UNIVERSIDAD PÚBLICA GRATUITA, DE CALIDAD, POPULAR Y DEMOCRÁTICA”.
Fuente: www.atecordoba.org