Por Lea Ross
Se dice que la palabra aporofobia, que es la discriminación a las personas pobres, fue creada por la filósofa valenciana Adela Cortina. En su libro Aporofobia: el rechazo a los pobres, sostiene que en el mundo del intercambio comercial, “los pobres provocan un sentimiento de rechazo porque sólo plantean problemas a quienes en realidad lo que desean es ayuda para prosperar, suscitan desprecio cuando se les contempla desde una posición de superioridad, miedo cuando generan inseguridad y, en el mejor de los casos, impaciencia por librarse de ellos, impaciencia del corazón”.
Uno de los máximos referentes de la casta inmobiliaria cordobesa, Lucas Salim, el CEO del Grupo PROACO, descargó su enojo a los votantes de la provincia de Buenos Aires que habían elegido la lista de Fuerza Patria. Desde Twitter, los calificó como personas que “cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros, son brutos, son pobres por cómo votan. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido”. Y concluyó con lo siguiente: “Le deseo a los bonaerenses 25% de inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil así la próxima aprenden a votar”.
Desde la rigurosidad técnica, el analista de datos de Fundar, Daniel Schteingart, comparó el crecimiento en términos porcentuales de los votos a favor del peronismo en localidades bonaerenses, entre las presidenciales de 2023 y las legislativas 2025, con los respectivos niveles de pobreza. La conclusión es que, en realidad, Fuerza Patria tuvo mayor crecimiento porcentual, en comparación a Unión por la Patria de hace dos años, en los “partidos de nivel socioeconómico medio”. Particularmente, tanto dentro como por fuera del AMBA, creció poco en municipios ricos (Vicente López y San Isidro) y pobres (José C. Paz y Florencio Varela), pero mucho en los de niveles intermedios de pobreza estructural. Eso quiere decir que el triunfo de la lista opositora, donde generó una participación del 63% del electorado, cuando lo pronosticado era la mitad, provinieron de la clase media y no de las barriadas populares, donde La Libertad Avanza tenía su llegada juvenil, pero que aparentemente optaron por quedarse en sus casas.
De hecho, en el 2023, es cierto que Unión por la Patria ganó con la mitad más uno de los votos al triunfar en los tres cordones del conurbano, en contraste al amplio espectro geométrico de la provincia. Sin embargo, en 2025, la paleta fue más diluida, a punto tal que el panperonismo ganó incluso en sectores rurales, lo que está generando en estos momentos mucha curiosidad para los analistas, sabiendo que los escenarios agrícolas son reacios a la hora de votar por el peronismo.
Por supuesto que todo estos fenómenos inéditos pasan por arriba de los departamentos que construye Lucas Salim, pero que ni se da cuenta cuando agacha la cabeza para twittear desde la comodidad de la ignorancia.
Negocios con agujeritos
Entre los emprendimientos de Lucas Salim, y su holding PROACO, se encuentra el Pocito Social Life, que está por terminar en construir tres edificios en el barrio céntrico y populoso de Güemes. Durante los festejos de la llegada del año nuevo de 2024, la ciudad de Córdoba padeció fuertes tormentas, que provocaron el desmoronamiento en la calle Vélez Sarsfield al 1100, fruto de los trabajos realizado en ese megaemprendimiento en construcción. Ante la polémica, el mismo Salim tuvo que ceder a las presiones del municipio para que la empresa se haga cargo de las refacciones. Para eso, obligó a sus obreros a que trabajaran los fines de semana.
En el año 2003, el gobierno provincial, bajo el mando de José Manuel de la Sota, emprendió el Programa “Mi Casa, Mi Vida”, para la construcción de doce “barrio-ciudad”, que se instalarían en las zonas periféricas de la ciudad. Distintas académicas del CONICET, como María Cecilia Marengo y Ana Laura Elorza, habían resaltado que se trataba del “programa de mayor escala de intervención y de impactos en la configuración de la ciudad. A través de esta operatoria, se ha realizado el traslado de aproximadamente 70 villas de emergencia y se han adjudicado 9.870 viviendas, emplazadas en 47 nuevos barrios. La localización de estos barrios ha configurado una nueva distribución de la población pobre en la ciudad, trasladándola desde el anillo central e intermedio a sectores periféricos, donde los servicios y equipamientos son de menor calidad”.
Este traslado incluyó a quienes habitaban en la villa El Pocito, cuyos terrenos se volvieron como uno de los más cotizados. Por ese motivo, apareció una sociedad anónima llamada Trium SA., cuya constitución fue en el año 2006. Quienes figuraron como accionistas fueron los directivos de la destilería Porta Hnos. y de Tarjeta Naranja: David Ruda y Alejandro Asrin. Su sede había sido instalado en la calle 25 de Mayo N° 267, piso 3. Un par de pisos más arriba se encuentra la Escribanía Lanza Castelli, uno de los más antiguos de la ciudad. Trium se quedó, mediante una licitación, con los terrenos de la ex-villa El Pocito con un monto total de $ 11 millones de ese entonces, equivalente a 300 dólares el metro cuadrado, una cuarta parte del valor promedio de la zona de ese entonces.
Para diciembre de 2017, se creó una sociedad anónima simplificada por parte de los escribanos de apellido Lanza Castelli, entre ellos, Lucrecio. El fin era actuar “como fiduciaria” del fondo de garantía de El Pocito, para “el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los accionistas compradores” de Trium SA, conformada por Lucas Salim y Proaco SRL, a favor de quienes se lo vendieron, es decir, de los Porta y los Naranja. Un año después, Trium cambió su sede a la calle Avenida Sagrada Familia Nº 1782.
El 13 de mayo de 2019, Trium SA, bajo el mando de Salim, le otorgó un cheque de un 1,5 millones de pesos a la campaña a gobernador de Juan Schiaretti, bajo el sello de Hacemos Por Córdoba, según la propia planilla otorgada a la junta electoral. Fue el más abultado que se le entregó ese día.
Meses después, en un archivo del diario La Voz del Interior, con fecha del 8 de diciembre de 2019, se señaló que, según un informe de la Policía Ambiental, había en la capital 44 emprendimientos inmobiliarios en construcción sin tener la licencia ambiental, es decir, sin tener aprobado el estudio de impacto ambiental, a cargo de la provincia. Entre ellos: El Pocito.
Un año después, en septiembre del año 2020, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2º Nominación, a cargo de Franco Mondino, requirió la citación a juicio contra Lucas Salim, por el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el empresario habría frustrado el derecho acordado a los compradores en la venta de departamentos de desarrollos inmobiliarios de la ciudad de Córdoba. Eso hizo que se tornara imposible la posesión de los mismos, al volver a transferir las mismas propiedades a otros compradores. Pero una semana después, el flamante juez en lo Penal Económico Gustavo Hidalgo, que había sido el famoso fiscal anti-corrupción que no procesó a ningún funcionario público, lo sobreseyó de toda culpa y cargo. Había aducido que se había llegado a un acuerdo para la reparación de daño con quien lo había acusado por defraudación. Solo había pasado una semana.
En 2021, se había presentaod finalmente un aviso de proyecto en la Secretaría de Ambiente provincial para el emprendimiento Pocito Social Life. Lo redactaron los mismos técnicos que confeccionaron los informes ambientales del Camino del Cuadrado, uno de los proyectos viales más desastrosos en cuanto a destrozos ambientales por las voladuras de montaña, y el country El Gran Dorado, de la empresa GAMA SA. Ésta última fue frenada por la justicia por reconocer que se habilitaba desmonte sobre bosque nativo. En el caso de el Pocito, una de sus irregularidades fue detectada por la arquitecta María Beatriz Valencia, quien subrayó que en esos papeles no se mencionó que el terreno está en el viejo cauce de La Cañada, lo que explicaría el desmoronamiento ocurrido en las fiestas de enero de 2024.
En junio de 2023, Lucrecio Lanza Castelli, el administrador de los fondos de garantía del emprendimiento El Pocito, fue condenado a seis años de prisión en la llamada “causa Trebucq”, por haber participado de la ocupación ilegal de un terreno fiscal en barrio General Paz, pegado al Río Suquía, con el afán de levantar torres, como las que está desarrollando en estos momentos Salim. En estos momentos, la justificia federal está determinando si el principal condenado, Guillermo Trebucq, se lo puede acusar de una nueva causa, en este caso por lavado de dinero, al encontrarse supuestamente una cuenta bancaria en Suiza.
Toda esta trayectoria hace comprensible el anhelo de Lucas Salim para que exista la desnutrición infantil en los sectores pobres, para así permitir una manyor expansión de sus negocios, al ritmo que se van agujereando los papeles al día. Retomando al libro Aporofobia, la autora establece que son bienvenidas las instituciones educativas, familiares, mediáticas y de administración pública para apaciguar el odio a los pobres. Pero la realidad, es que “no basta con la política, la educación y la cultura, porque el peso de las instituciones económicas y de la vida económica en su conjunto es extraordinario, tiene una decisiva influencia en la conformación del modo de pensar y de actuar”. Y más todavía cuando ha sido la casta política la que ha alimentado esta casta inmobiliaria.
Fuente: www.lalunacongatillo.com