Por Javier Varetto *
El DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei, son una Reforma Constitucional encubierta, donde el Poder Ejecutivo busca de hacerse de facultades extraordinarias y avanzar sobre otro de los Poderes de Estado, como el Legislativo.
Por un lado el DNU 70/23 que es inconstitucional, pretende modificar y derogar leyes, lesiona y ataca derechos consagrados en la Constitución Nacional en el ART.14 BIS, modifica la ley de Contrato de Trabajo, entre otras cosas, y por el otro la Ley Ómnibus por la que, nada más y nada menos, declara la emergencia económica, fiscal, previsional, financiera, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de Diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga por el mismo gobierno y que ratifica también el DNU 70/23, teniendo los ciudadanos argentinos experiencias en estas medidas que empiezan con temporalidad y luego se extienden en el tiempo.
El DNU sobre todo avanza sobre normas y derechos laborales, flexibilizando, cuando es claro que el crecimiento o decrecimiento del empleo, en la experiencia de nuestro país y del mundo no dependen de normas jurídicas.
No existe vinculación directa entre la desregulación y el empleo, esto es afirmado por la OIT, que estas políticas no han ayudado a generar empleo y que en cambio si contribuyeron a deteriorar la calidad del empleo existente.
El DNU deroga artículos en beneficio de los empleadores incumplidores, quitando sanciones a quienes contratan informalmente, fomentando la tercerización y el trabajo no registrado. Baja valores de las indemnizaciones, habilita su pago hasta en 12 cuotas con una tasa mínima de actualización, impulsa el avance para el reemplazo de la indemnización por un fondo de cese laboral, extiende el período de prueba de 3 a 8 meses, elimina el pago de horas extras por un banco de horas, desarticula la ultra actividad de los convenios colectivos, se estimulan formas precarias de contratación, se limita la acción sindical, restringe el derecho a huelga, avanza en la criminalización de la protesta, etc.
Y en su Ley Ómnibus quiere avanzar en la privatización de empresas públicas y de prestación de servicios, reprime la protesta social, puede endeudarse sin autorización del Congreso, ajusta a los jubilados, modifica el sistema electoral, etc.
Las normas de Milei en lo laboral, con la supuesta finalidad de buscar una mayor libertad, en realidad intentan eliminar la fortaleza de los sindicatos y los trabajadores en la Argentina. Nuestro país, es uno de los que tiene mejores normas que protegen al trabajador y es justamente lo que intenta deshacer el capitalismo internacional con su alumno, el Presidente.
Los trabajadores y los sindicatos no nos oponemos a trabajar con diálogo y consenso en la necesidad de ir modernizándonos a las nuevas realidades laborales, con los avances de la tecnología, por ejemplo, pero atacaremos la idea y toda acción que plantee que esa modernización sea quitando derechos y aún más profundo suprimiendo lo que en el siglo pasado representó en nuestro país constitucionalismo social.
Por lo expuesto, como radical y trabajador radical, cuando acabamos de cumplir el cuarenta aniversario de la recuperación de la democrática, encontrándonos frente a una avanzada autoritaria en contra de derechos adquiridos, de los cuales muchos de ellos tuvieron origen en gobiernos de la UCR o en plumas rojas y blancas en el Congreso Nacional no podemos decir otra cosa que: “¡Presidente Milei, así no!”.
Por lo que debe tenernos a los trabajadores radicales, como siempre hemos estado, en la defensa de los derechos laborales y sociales legítimamente adquiridos.
Reclamando también a nuestros legisladores nacionales a posicionarse como radicales, en modificación, en rechazo de todo lo que vaya en detrimento de los trabajadores, los jubilados, la sociedad en general, las instituciones, la constitución y la democracia.
*Presidente Congreso Nacional de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR)
Fuente: www.enredaccion.com.ar