Surgida como una aplicación en 2015, hoy se convirtió en un banco en su país de origen. En muchos países avanzan las denuncias y regulaciones. La experiencia cooperativa en Río Cuarto.
El pasado 25 de mayo, llegó Rappi a Río Cuarto. El servicio de reparto operado por medio de una aplicación virtual desembarcó en la ciudad, casi cinco años después de haberlo hecho en el país y en la capital cordobesa.
Si bien el anuncio no fue oficial por parte de la empresa, como si lo hizo en cada una de las ciudades donde debutó en los últimos meses, sus directivos afirmaron que el plan es seguir apostando a una expansión muy fuerte, “porque creemos que todavía hay mucho por explotar”. Además de estrenarse en nuestra ciudad, inició sus operaciones en Villa Carlos Paz.
¿Qué es Rappi?
Es una empresa multinacional, creada en Colombia en 2015, con presencia en nueve países latinoamericanos. Desde el inicio se dedica a intermediar entre clientes y comercios a través de una aplicación virtual de repartos a domicilio y una red de repartidores vinculados a la firma.
En 2018 se convirtió en el primer “unicornio” colombiano, tras alcanzar una valoración de mil millones de dólares y sus fundadores fueron rankeados por Bloomberg entre las personalidades más influyentes de América Latina.
Al día de hoy, no solamente distribuye productos comerciales, sino que también avanzó en el e-commerce (como Mercado Libre), en la distribución de dinero en efectivo, la gestión de trámites físicos (cadetería tradicional, o pagar un servicio, por ejemplo) e incluso ya incursiona en juegos digitales y entretenimiento virtual, como recitales y shows en vivo.
Son múltiples los convenios que la firma colombiana ya ha realizado con entidades de alcance global, como Santander o Unilever, y no fue hasta hace un año en que logró coronar la ambición de toda “start-up”: ser su propio banco.
En junio del 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia otorgó a Rappi (en alianza con Davivienda, el segundo/tercer mayor banco del país) la autorización para operar como banco digital en ese país, permitiendo realizar depósitos, cuentas de ahorro y operar una tarjeta de crédito propia.
En 2022, la valorización de la empresa se elevó a 5,25 mil millones de dólares, tras una ronda de inversión en la que participaron gestores de fondos de inversión como DST Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y SoftBank.
Desde la gerencia del “SoftBank Latin America Fund” propusieron este año sacar la empresa a cotizar en Bolsa, pero tras la turbulencia financiera global decidieron aplazar esta decisión.
Como principal competencia en Latinoamérica se encuentra iFood, multinacional brasilera valuada en 5,4 mil millones de dólares, propiedad del grupo Naspers. Naspers es originalmente un multimedios sudafricano que ha logrado ramificaciones globales y que también es controlante de la uruguaya PedidosYa, otro actor de peso en el mercado centro y sudamericano, de Delivery Hero (Alemania) y de Glovo (España).
Expansión a nivel nacional
A fines de 2022, Rappi informó que en ese año la plataforma sumó 100.000 usuarios, ampliando su cobertura a Bahía Blanca, Bariloche, Corrientes, Neuquén, Paraná, Pinamar y nuevas áreas de Mar del Plata. Hasta diciembre poseían 15.000 “comercios aliados”, 20.000 repartidores “vinculados” y 400 trabajadores empleados formalmente, con presencia en 38 municipios del país.
Para este 2023, la intención de la multinacional es llegar a otras 16 ciudades (entre ellos Río Cuarto) y sumar otros 10.000 locales de venta. Posadas, Resistencia, Jujuy, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Comodoro Rivadavia y Tandil, precedieron este año a Río Cuarto y Carlos Paz.
Cuatro años de Pedidos Ya
En julio de 2019 comenzó a funcionar la primera plataforma virtual de reparto en Río Cuarto, en medio de cruces con la Municipalidad y el Concejo Deliberante que, si bien intimaron a la empresa a amoldarse a las normativas comerciales y laborales de la ciudad, en última instancia no avanzaron en su cometido.
Un repartidor de esta aplicación (que prefirió el anonimato) dialogó con El Megáfono: él trabaja hace dos años y medio con su moto, sin horarios fijos. Haciendo un cálculo rápido, estimó en 60 mil pesos semanales lo que puede ganar un trabajador, repartiendo ocho o nueve horas diarias, de lunes a lunes, en función del “ranking” que tenga el cadete (una medición que realiza la aplicación del desempeño de cada asociado). Estima que hay cerca de 200 repartidores (o más) inscriptos en esa plataforma.
“Es re simple, entrás a la página, te anotás y listo. Después agarrás horarios, te conectás y esperás que salgan los pedidos”, explicó y aclaró que al menos, en Pedidos Ya, los insumos para repartir los paga cada trabajador.
La pandemia instaló de forma contundente esta forma de reparto en la ciudad, al igual que en el resto del país e igual de nacionales fueron los reclamos y movilizaciones que se produjeron en 2019 y 2020, por despidos arbitrarios o en reclamo de mejores condiciones laborales.
Un debate global
Desde 2021, en España rige la “ley rider”, mediante la cual “se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital”, estableciendo penas de cárcel a las empresas que violen los derechos de sus contratados.
A fines de ese mismo año, la propuesta fue presentada a escala europea, pero aún no ha sido aprobada por los diferentes órganos de gobierno.
En Francia, por tanto, el FNAE (una especie de sindicato de monotributistas) logró acordar con las empresas de reparto Uber Eats, Deliveroo, por ejemplo) un pago mínimo de 11,75 euros por hora de trabajo efectivo, por encima del salario mínimo.
Actualmente, en Colombia, se debate una Reforma Laboral presentada por el Presidente Gustavo Petro, la cual establece normas para los deliverys de firmas como Rappi, Didi Food, Uber Eats, entre otras. El texto plantea que los trabajadores deben ser formalizados mediante un contrato de trabajo y poder contar con todos los derechos laborales y garantías pactadas, entre ellos afiliación a la seguridad social en calidad de dependientes y la imposibilidad de ser suspendidos o expulsados de las aplicaciones de forma injustificada.
Hace algunos días, en Perú se realizó una movilización de los trabajadores de Rappi, los cuales exigen una mesa de negociación al Gobierno y a la empresa, que garantice la regularización de este rubro.
Regulación argentina
En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo logró en octubre de 2022 la aprobación unánime de un “Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones” en la Cámara de Senadores (provincial), pero no ha sido tratada aún en Diputados.
El proyecto de ley fue presentado por Omar Plaini, secretario general de Canillitas y actual senador provincial por el Frente de Todos. “Esta iniciativa otorga derechos laborales a las y los trabajadores de aplicaciones y pone un límite a la ambición desmesurada de algunas empresas de reparto y mensajería” expresaron en un comunicado los legisladores provinciales del oficialismo.
El registro deberá “fijar las condiciones y requisitos de inscripción; identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados”. También tendrá atribuciones para “controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad; determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento y “exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores”.
Un proyecto equivalente fue presentado en la Legislatura de Córdoba (provincial) por Emanuel Paredes, titular de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), hace un año. “Hoy usan el monotributo para evadir las cargas que nos corresponden”, planteó el dirigente, “estamos sin seguros, sin obra social, a la deriva y nadie se hace cargo”. “Nosotros no estamos en contra de ninguna empresa, solo queremos que nos reconozcan como trabajadores y nos den lo que nos corresponde por ley: ART, un seguro, vacaciones pagas. Nada de otro mundo”, comentó a El Megáfono.
Denuncia por lavado de activos
En diciembre de 2022, Gonzalo Ottaviano, trabajador de reparto y miembro de la conducción de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) denunció penalmente a Rappi ante el Ministerio Público Fiscal para que “se investigue a quien sea responsable, partícipe o encubridor del uso de trabajadores registrados para maniobras del delito de lavado de activos”.
Tras la realización de una investigación, el dirigente sostuvo en su denuncia que “el fraude fiscal, la precarización y la explotación laboral son la marca registrada y la realidad que ocultan las plataformas, que actúan realizando un fuerte lobby y tapiando cualquier acción que las regule”, por lo que reclamó que “los responsables de controlar y los legisladores dejen de mirar para otro lado bajo la falsa premisa de la modernización y combatan la complicidad y corrupción”.
Desde la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (FIT) respaldaron la denuncia. “Es una empresa denunciada en varios los países por distintos fraudes que incluyen precarización labor y evasión fiscal”, afirmaron y anunciaron que están trabajando con los sindicatos “el tema de las plataformas digitales donde encuentran muchos escollos en la Región por el fuerte lobby que aplican las multinacionales sobre los legisladores con poder político para no regular dicha actividad”. “La única realidad es que las plataformas digitales están retrotrayendo el trabajo al Siglo XVIII bajo una premisa de modernidad que esconde precarización laboral y que buscan edulcorar con estrategias de marketing”, sentenciaron.
Cadetería cooperativa
Cristian Fernández es cadete “tradicional” y formó parte de “Cadetes Unidos”, un grupo de trabajadores que se organizó en 2019 y 2020 para regular la actividad en general, incluyendo las plataformas. “El proyecto que discutía el Concejo Deliberante estaba hecho a la medida de los dueños de las cadeterías, pero cuando incluimos modificaciones, la archivaron”, dijo.
“Nosotros decimos que ‘Pedidos Ya’ y ‘Rappi’ son un sistema esclavista moderno -planteó-. Le hacen creer a los cadetes que son dueños y es mentira: los esclavizan. Los pibes se exigen y compiten entre ellos por liderar en un ranking que la aplicación maneja a su manera”.
Frente a esta situación, constituyeron la Cooperativa Solidaria y Transportes: “La diferencia es que nosotros no lucramos con el trabajo de los compañeros, no tenemos patrones ni empleados”, dijo Fernández. Con estas aplicaciones, “se va toda la plata afuera, no te dejan ni un centavo en Argentina y menos en la ciudad y son ganancias millonarias”, sentenció. Según el referente, “estos vienen a quedarse con todo, son unos monstruos, pero se los puede vencer, a base de trabajo”.
En vinculación con el Movimiento Popular “La Dignidad”, se contactaron con los desarrolladores de la aplicación “CoopCycle”, la cual “tiene una tecnología similar a estas plataformas” y ya se está usando en Europa y probando en Salta: “más barata, sin quitarle a los cadetes ni a los negocios, que Pedidos Ya les pide plata para que los publicite y además les paga una semana después”.
Fuente: www.elmegafono.net