Dos resoluciones impulsadas la semana pasada en el seno del Poder Judicial de Córdoba apuntaron contra la protesta social.
El martes, el Fiscal de Instrucción, Ernesto de Aragón, pidió elevar a juicio a 6 dirigentes sindicales y sociales por protestar en la marcha contra el hambre realizada el pasado 5 de abril en la ciudad de Córdoba.
Se trata de Federico Giuliani (Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Córdoba), Emanuel Berardo y Soledad Díaz García (PO), Marisa Cariddi (Libres del Sur), Agustín Nazar (Movimiento Teresa Vive) y Roxana Carezano (MTR Votamos Luchar)
El Fiscal los acusa de “coautores de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos en concurso material”, establecidos en artículos del Código Penal.
Sumado a lo exprés del fiscal, lo llamativo es que los principales testigos de la Fiscalía son los propios policías. Pero como si esto fuera poco, aparte de pintarle los dedos a los militantes, le secuestraron los celulares sin orden judicial ni permitir perito de partes, señaló Giuliani en un video difundido por redes sociales.
Esto no es más que un “espionaje a las organizaciones libres del pueblo para reprimir la movilización y el reclamo colectivo”, indicaron en una nota desde la CTA-A.
“Va de la mano -agregaron- “con lo afirmado oportunamente por la Jefa de la Policía, Liliana Zárate, quien confirmó que la Fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes” además de desplegar policías de civil y usar el registro de cientos de cámaras dispuestas” en la ciudad.
Es un claro caso de “criminalización de la protesta” social, señalaron un conjunto de organizaciones sindicales en distintos comunicados que repudiaron la decisión judicial y respaldaron a los militantes imputados.
Es un “ataque al conjunto del movimiento obrero” señalaron la CTA-A y CGT de Villa María en un comunicado en conjunto.
Condenados
Un día después de este pedido del Fiscal, trabajadores despedidos de la empresa Molino Harinero José Minetti fueron condenados a prisión por la Cámara en lo Criminal de 2° Nominación. Se trata de Emilio Gómez y Cristian Daniel, condenados a un año y seis meses por “delito de turbación de la posesión” y a Juan Alvarez y Darío López como “partícipes necesarios del delito de turbación de la posesión”.
El juicio inició debido a la toma de la fábrica en 2019, en el marco del conflicto laboral por el incumplimiento por parte de la empresa del pago de los salarios durante tres meses, incumplimiento del pago de ART, seguro de vida, cuotas alimentarias, embargos y asignaciones familiares.
De los 4 trabajadores condenados (de un total de 17 procesados), 3 son representantes gremiales.
“Esta Justicia nos ha perseguido por nuestra forma de pensar y de actuar a través de una causa armada” -indicó Gómez a Enfant terrible– y agregó: “para simplemente buscar decir que acá se cometió un delito cuando está claro que lo que se ha hecho es tratar de condenarnos para disciplinar a la clase trabajadora”.
¿Y la tutela?
A estas iniciativas del Poder Judicial, se suman decisiones de empresarios que violan la tutela sindical. Es decir, la protección que tienen trabajadores que representan a las organizaciones sindicales y están claramente establecidas en la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551.
En agosto pasado fue despedido de la empresa Córdoba Bolsas S.A, Marco Moreno, vocal suplente del Sindicato Plástico de Córdoba (SPC). Y en octubre de 2020, la empresa Plástico Dise S.A despidió a Macelo Piedra, tesorero de la entidad.
“Esto es más grave porque no respetan a los delegados ni a los miembros de la comisión directiva. Estamos buscando apoyo de todas las entidades de trabajadores. Nuestro sindicato tiene la simple inscripción pero la tutela sindical es reconocida”, dijo Fernando Moreno, secretario general del SPC.
El caso de Piedra ahora tendrá que resolverlo el Tribunal Superior de Justicia. La apelación que realizó el sindicato tuvo un fallo a favor de la Sala 5 de la Cámara de Trabajo. “Es importante que sea a favor por un lado para reincorporar al compañero, pero también para que quede precedente y no siga pasando y respeten la libertad sindical”, indicó Moreno.
Son “conductas antisindicales de algunas patronales cordobesas” indicó en un comunicado la CGT Córdoba el pasado 4 de octubre.
En julio de este año, LV16 Radio Río Cuarto, propiedad de los hermanos Sosa Barreneche, despidió ilegalmente a Guillermo Davies, delegado paritario del Círculo sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA).
Las empresas tienen que entender “que esto no es joda, que cuando los compañeros y compañeras tenemos inmunidad gremial, es porque en las discusiones que tenemos en paritaria y por la defensa de los derechos del trabajo, necesitamos esta protección, porque si no, nos pasan por encima”, señaló María Ana Mandakovic, titular provincial de Cispren, en una de las tanta movilizaciones realizadas en la ciudad de Río Cuarto.
Pero esta política trasciende las fronteras provinciales. El miércoles, Sabrina Paredes, delegada y miembro del Consejo Directivo del Sindicato Empleado de Comercio de Capital Federal fue despedida por la multinacional Carrefour. “Si nos tocan a uno nos tocan a todos”, indicaron desde mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT).
Contra el derecho a huelga
“Es un atropello no solo a quienes trabajan sino a la organización que representan. Nosotros estamos en contra de todo tipo de judicialización que le pueden hacer a los trabajadores”, dijo Rubén Urbano, Secretario General de la UOM Seccional Córdoba.
Giuliani indicó que al “tipificar como delito protestar se está cercenando el derecho a protestar que está en el 14 bis de la Constitución. Esto es un combo venenoso”.
Urbano planteó que a los trabajadores “nos quieren mansos sin que hagamos ningún tipo de protesta” y alertó sobre la época: “Mientras sigan coleando los Milei y todo el arco neoliberal, seguirán en contra de los derechos de los trabajadores. Mientras tengan al Partido Judicial del lado de ellos van a tratar de judicializar”. Igual “no me sorprende, hace rato que decimos que tenemos que estar con la guardia alta porque vienen por nuestros derechos”, concluyó.
Giuliani llamó a la solidaridad de las organizaciones de trabajadores ya que “criminalizar la protesta en un contexto de precarización laboral es peligroso”. Y llamó a “estar unidos, porque tiene que ver con una política general que pretende cercenar derechos”.
Fuente: www.elmegafono.net