El actual directivo del terciario público local, traza un panorama integral de la actual situación que impediría abrir nuevas cohortes en las carreras de no certificar 30 inscriptos cada una. Además, hecha luz sobre aquel dirigente gremial de los `90 que hoy ocupa la primera silla del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba: Walter Grahovac.
Escribe: ASC y Mgter Ricardo César Carballo*
Por primera vez en décadas la realidad de las instituciones terciarias ha quedado al fin transparentada. Un poco “fuera de look” a causa del crecimiento universitario –público y privado– en la ciudad, aquellas gloriosos institutos terciarios –hasta 1987 sólo de gestión privada– que abrieron la posibilidad de educación de nivel superior a miles y miles de ciudadanos de Villa María y zona, pasaron a un segundo plano en el marco de una lucha desigual.
En el caso del sector público, de un tiempo a esta parte, con el mismo gobierno y el mismo ministro, paulatinamente se han practicado “cirugías institucionales” –con y sin anestesia– hasta que en 2019 pudo verse la primera línea de acción de un “Plan General” que disponía que para abrir una carrera en 2020 se debía contar con un mínimo de 20 matriculados. Esta situación dejaba abierta la posibilidad de reconsideración en un análisis “caso por caso”.
Para un 2021 post-pandémico el cupo mínimo y necesario se amplió a 30 estudiantes. Se hizo mediante un instrumento legal, ya no mediante una simple notificación a la Institución. En reuniones mantenidas entre los directivos y la máxima autoridad de la DGETyFP se indicó taxativamente que se trataba de un número “no conversable”. A causa de este ello la distopía golpea hoy las puertas del nivel terciario público local.
A esta situación se suma la peculiaridad de las denominadas “carreras a término”, carreras cuya apertura de nuevas cohortes están sujetas a la genuina decisión de las autoridades educativas, en el marco de un contrato explícito que les dio apertura.
Mientras todo eso transcurre en el sector público, en el sector privado la vida sigue “sin novedades oficiales”… Dejaremos por fuera de este análisis al sector privado por una cuestión constitutiva. Aún recibiendo subsidios públicos, el mismo está reservado a quienes están dispuestos a pagar por algo que en el sector público es gratuito merced al auxilio de las alicaídas arcas de las cooperadoras. También lo dejaremos por fuera porque nuestra trayectoria se desarrolla –por decisión social e ideológica– exclusivamente en el sector público.
En esta nota trataremos el Memorándum 03/20 y su impacto en las tres instituciones públicas del sistema terciario local: La Escuela Superior de Bellas Artes “Emiliano Gómez Clara”, El Conservatorio Superior Provincial de Música “Felipe Boero” y el INESCER “Dr. Ángel Diego Márquez”. Se trata de las mismas instituciones que estuvieron en la “piqueta” de la administración de Ramón Bautista Mestre (UCR) quien, en su pretendida reforma educativa sui géneris intentó la eliminación de la rama artística y se encaminó con sólidos pasos –hasta la intervención del propio ex presidente Raúl Alfonsín– hacia el cierre del INESCER.
Estas, también, son las mismas Instituciones que por cambio de paradigma socio–educativo post-neoliberal recuperaron su brillo y destino garantista/inclusivo en la era Kirchner/De La Sota cuando recibieron sus edificios propios luego de decenas de años de trayectoria.
Hoy paradójicamente, y nuevamente asediadas, éstas son las instituciones que resultarían más gravemente afectadas por la aplicación en Villa María –con llegada a toda su zona– del Memorándum 03/20 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Respecto al Memorándum, lo primero que habría que decir, porque todo merece ser mensurado de la manera más ecuánime posible, es que el mismo es portador de una fuerte coherencia, la que es plasmada con un criterio impecable. No se trata de una medida trasnochada nacida de la irracionalidad pasajera de alguna funcionaria. Tampoco es una “escapada de criterio” de las Direcciones que lo firman, todo lo contrario, es la consolidación de un rumbo que ya se venía tomando. Es aquí, en este punto, en donde radica lo más relevante.
Como en el caso de la “oportuna sanción” de la reforma de la Caja de Jubilaciones, esta medida es igualmente oportuna. No abriremos aquí juicio al respecto de esta “oportunidad”, ni rasgaremos nuestras vestiduras por cualquiera de los dos casos, pues los actos de gobierno, por su propia naturaleza, pueden beneficiar o perjudicar a muchos, inclusive a los propios votantes. Eso no nos impide resaltar que tanto la situación previsional como la educación tienen garantías explícitas en la Constitución Provincial y que la interpretación del alcance de dichas garantías queda subsumido al “criterio racional que sobre el bien común” ostentan una Legislatura pluri-representativa y el poder ejecutivo cordobés, ambos elegidos por el voto popular.
Lo que el Memorándum 03/20 cambia no es un número, lo que cambia es el espíritu de Estado del Proyecto Educativo de los Cordobeses. Tal Memorándum representa la transmutación desde una Educación de Nivel Superior inclusiva e igualitaria a una eficientista y diferenciada. Diferenciada no por el acceso, que será siendo irrestricto a las propuestas formativas, sino por el cercenamiento de propuestas de formación que no son altamente demandadas. Se instaura así el cruel oxímoron: “Sueña libremente un futuro educativo a nuestra propia medida”.
No hay lugar a equívocos, el Memorándum 03/20 es la plegaria que inaugura el catecismo de una nueva política de Estado en educación. Política de Estado que enfrenta a dos modelos. Debe quedar claro: Para la jurisdicción y sus funcionarios esta es una forma efectiva de fortalecer la Educación Superior. En este acto asumen una actitud sincera. Actúan con pleno convencimiento y con la inconfundible seguridad que ostenta quien cree estar obrando bien. Así lo refleja la superioridad en sus rostros, su tono y su lenguaje corporal en las reuniones que han mantenido con los directivos de las instituciones. Directivos que en muchos casos no comulgamos con este nuevo catecismo, pero que escuchamos su prédica con el decoro estamental que nuestro cargo demanda.
Bellas Artes, el Conservatorio y el INESCER históricamente han estado en la égida de propuestas con demandas moderadas, trabajando como puertas abiertas a los sueños y la vocación de sus estudiantes. Brindan carreras técnicas y docentes mediante las cuales el Estado garantiza la formación de nivel superior en el contexto de diversificación especializada que, según Durkheim, constituye la principal medida del desarrollo de las sociedades humanas.
Con instituciones como éstas el Estado puede garantizar a sus ciudadanos un lugar en el mundo social y productivo, un lugar acorde con los sueños, intereses y expectativas de los sujetos. Hoy con el “cupo mínimo e indispensable” esa garantía estatal caduca. Por suerte la conciencia de quienes fueron formados y de quienes se forman en el nivel terciario no se sumen en la docilidad ante este evidente retroceso en el Derecho a la Educación y al Trabajo.
El impacto mínimo proyectado a partir de la aplicación de esta medida en nuestra ciudad, en el sector público, puede racionalmente estipularse –con una estupenda dosis de optimismo– aproximadamente en la pérdida 11 carreras y 91 cargos de docentes con horas cátedras. Respecto a las pérdidas laborales y como consecuencia de la pérdida de carreras, durante los próximos dos años se mantendrán estables o en aumento. En blanco sobre negro: Una tendencia más gravosa que la que la OMS prevé para el caso del COVID19 en los próximos tres años.
En las últimas horas trascendió de que desde la Dirección General de Institutos Privados han dado cuenta de cierto aval a la medida, especie que de confirmarse ampliaría sombríamente este panorama, que se asienta en una política de Estado coherente con un nuevo paradigma, política que hasta resulta “atractiva” para algunos sectores empresariales/educativos o para instituciones sostenidas con presupuesto nacional.
En la “era mestrista”, un joven Secretario General de la UEPC, con un innegable carisma y un irrefutable compromiso –reconocido por propios y ajenos– motorizó la más populosa resistencia al ajuste educativo neoliberal. Su aguerrido discurso unió a la comunidad y a los trabajadores de la educación y “la lucha fue de todos”. Así feneció el proyecto reformista/excluyente y retardatario que el gobierno de turno impulsaba. Ese joven dirigente fue Walther Mario Grahovac, paradójicamente, hoy Ministro de Educación Provincial y aval –en primera y última instancia– de esta aniquiladora medida sistémica.
*Egresado, Docente y actual Director del INESCER
Fuente: www.villamariaeducativa.com.ar