Este jueves 18 de diciembre a las 9 horas, en los Tribunales de Cruz del Eje, comenzará la audiencia preliminar del proceso penal contra seis vecinos y vecinas del Valle de Punilla, imputados por su participación en una manifestación ambiental realizada en agosto de 2022 en Cosquín, en el marco del conflicto por la Autovía de Punilla. Asambleas y organizaciones denuncian que la causa constituye un intento de criminalizar la protesta socioambiental y apuntan al exintendente de Cosquín, Gabriel Musso, hoy Vocal en el Directorio de la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de Martín Llaryora, a quien señalan como impulsor del proceso judicial “a título personal y con recursos del Estado”, pese a que el municipio ya no tiene competencia en la causa. Convocan a acompañar la audiencia en la puerta del tribunal y solicitan apoyo económico para afrontar traslados, gastos legales y días laborales perdidos.
En un contexto de creciente judicialización de la protesta socioambiental en Argentina, este jueves 18 de diciembre en Cruz del Eje, comenzará el primer juicio penal contra defensores ambientales en la provincia de Córdoba. Seis vecinos serán llevados a una audiencia preliminar por una manifestación realizada en 2022 en Cosquín, en rechazo a la Autovía de Punilla, una obra atravesada por denuncias de irregularidades y graves impactos ambientales. Para las asambleas y organizaciones, el proceso no busca esclarecer hechos, sino disciplinar a quienes se opusieron a una obra cuestionada desde sus inicios.
El conflicto comenzó en 2022, durante un plenario ambiental en la plaza San Martín de Cosquín, convocado para exigir información pública sobre la Autovía de Punilla, una obra cuestionada por asambleas locales, técnicos y vecinos debido a irregularidades detectadas en las audiencias públicas y a los impactos ambientales señalados desde hacía años. Según los testimonios, el entonces intendente Gabriel Musso apareció sorpresivamente en el lugar. Su presencia generó reclamos para obtener precisiones sobre el permiso de uso de suelo que habilitó la obra dentro de áreas protegidas. La respuesta institucional, relatan vecinos, fue un operativo policial que terminó en represión y en la posterior imputación de seis personas por amenazas, daños y resistencia a la autoridad.
Una de las testigos, integrante de la Multisectorial Ambiental Córdoba y de la Feria Agroecológica de Córdoba, recuerda que la asamblea “era muy pacífica” y que acercarse al funcionario fue, para muchos, un acto ciudadano elemental. Afirma que nunca hubo disposición al diálogo y que, en cambio, se desplegó un fuerte operativo con infantería, cámaras y un cerco policial que generó tensión. El momento más crítico se produjo cuando un manifestante fue sujetado por agentes y los presentes intentaron evitar que se lo llevaran. La testigo describe también el contexto más amplio: el desalojo violento del acampe de Molinari en la madrugada del 10 de mayo, las horas de persecución policial posterior y las dificultades económicas y sociales que atravesaron numerosos vecinos durante la construcción de la autovía y tras las expropiaciones.
Entre las personas imputadas, está Gabriela, profesional de la salud, la educación y la comunicación, militante ambiental y referente en espacios de derechos humanos. Prefiere reservar su apellido. Hace más de 20 años que, con su familia, eligieron vivir en Santa María de Punilla por la salud de sus cuatro hijos, una de ellas con discapacidad.
“Con el avance del proyecto de la Autovía de Punilla, comenzamos a denunciar colectivamente la falta de legalidad, la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental real y decisiones tomadas por el gobierno provincial de Juan Schiaretti, junto a los gobiernos municipales de Zanotti, Musso y Oliva, sobre el uso del suelo a espaldas de la ciudadanía. Sabíamos que se estaban ocultando daños ambientales irreversibles”, relata la militante.
En diálogo con La tinta, agrega que la oposición vecinal a la autovía se centró en la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental adecuado, la falta de legalidad en el otorgamiento del uso de suelo y la toma de decisiones por parte del gobierno provincial y municipal “a espaldas de la ciudadanía”.
Gabriela asegura que participaron en la protección de sitios ancestrales prehispánicos comechingones y otros aún más antiguos, que se realizaron los relevamientos correspondientes y quedaron registrados en la Secretaría de Ambiente de Córdoba junto a antropología y geología. “A raíz de esta lucha, fui detenida junto a compañeros y compañeras. Estuvimos en situación de desaparición forzada hasta que nuestra abogada y las organizaciones nos encontraron y lograron nuestra liberación. Fue un episodio de enorme estrés para todas las familias involucradas. Personalmente, me tomaron las huellas digitales cinco veces. Hoy, nuevamente, debo afrontar un juicio junto a cinco personas más”, cuenta.
La docente explica que el 13 de agosto no estaba en la asamblea inicial porque se encontraba registrando posibles impactos en el monte; al llegar a Cosquín, a las 17 h, se encontró con un fuerte despliegue policial. Como comunicadora, comenzó a registrar para Radio Revés y para el programa Volver a la Tierra, de la Facultad de Comunicación de la UNC. Se le solicitaba al intendente información sobre el uso de suelo. “Recibí golpes, tirones de cabello e intentos de arrebatarme mi dispositivo de trabajo. Logré salir del cerco policial. En medio del tumulto, infantería intentó llevarse por la fuerza a un compañero. Todo está filmado: no iniciamos ningún acto violento. Sí está demostrado que la policía, bajo las órdenes del entonces intendente Musso, reprimió. Ese domingo, éramos muchxs. Sin embargo, solo seis fuimos imputados. Su respuesta fue la represión”, afirma Gabriela.
En los comunicados difundidos por las organizaciones en las últimas semanas, se denuncia que el proceso judicial es “desproporcionado”, que vulnera el Acuerdo de Escazú y que podría sentar jurisprudencia para habilitar una persecución más amplia contra quienes ejercen el derecho a la protesta o reclaman por el ambiente.
También hacen hincapié en que la Autovía de Punilla se construyó desoyendo de manera sistemática los amparos judiciales, las objeciones técnicas y las denuncias presentadas por asambleas comunitarias, así como el rechazo masivo expresado en audiencias públicas. Aseguran que los daños ambientales son irreparables y que las promesas oficiales no se cumplieron: la obra no mejoró el tránsito en la Ruta 38, se registraron accidentes graves y derrames de sustancias peligrosas, y se destruyeron más de 300 hectáreas de monte nativo en excelente estado de conservación, protegido por la Ley nacional 26331. También se documentó la afectación de reservas naturales, la destrucción de sitios sagrados de las comunidades indígenas de Las Tunas y Ancón —en violación a la Constitución nacional y al Convenio 169 de la OIT—, el incremento del atropellamiento de fauna autóctona por un diseño vial no compatible con los ecosistemas, la interrupción de vertientes, la voladura de manantiales y el deterioro de ríos y arroyos. A ello, se suman la acumulación de basura, la contaminación sonora y del aire por el tránsito constante, la polución lumínica nocturna y los problemas de salud que afectan a vecinos expuestos de forma permanente.
“Hoy, quienes terminamos criminalizados no somos los responsables de esta destrucción, sino quienes defendimos el monte”, sostienen. Un punto central del reclamo es el rol que ocupa hoy Gabriel Musso. Aunque el pedido de información pública en 2022 se dirigió a él como intendente, actualmente, Musso es Vocal en el Directorio de la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de Martín Llaryora. Según los imputados, continúa impulsando la causa “a título personal y utilizando recursos del Estado”, aun cuando el municipio ya no tiene competencia en el proceso.
Las defensas remarcan que se trata de una causa de baja gravedad para la cual correspondería la probation, pero la fiscal de Cámara, Paula Kelm, la negó y rechazó pruebas y testigos que volverán a presentarse en la audiencia del 18.
Para las personas imputadas, este paso judicial tiene un peso simbólico y material: son trabajadores, profesionales y padres y madres que afirman no contar con los recursos necesarios para sostener los costos del juicio. La testigo agrega que varios compañeros están atravesando necesidades económicas y, por eso, ferias, radios comunitarias y asambleas organizan fondos de lucha para colaborar.
Las organizaciones consideran esta instancia clave para evitar que se consolide un precedente que, según plantean, podría habilitar una mayor criminalización de la protesta en Córdoba. Convocan a acompañar desde las 9 horas de la mañana en Cruz del Eje bajo la consigna: “Absolución ya. Defender el monte no es delito, destruirlo sí”.
También solicitan apoyo económico para afrontar traslados, gastos legales y días laborales perdidos, que se sostiene tanto a través de aportes al alias imputades.punilla.mp, a nombre de Carla Bima, como mediante actividades autogestivas: en la Feria Agroecológica de Córdoba mantienen un puesto para juntar fondos para esta causa, ofreciendo a la venta la revista «Susurro de la Madre Tierra», editorial independiente, libretas y calcos. Además, también se puede conseguir ahí las publicaciones de la Editorial Hen, así como el último libro de Marco D’Angelo, de Cosquín, docente de Geografía, comunicador y una de las personas judicializadas.
Imagen de portada: CDM Noticias
Fuente: www.latinta.com.ar