La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de la provincia de Córdoba expresó su “solidaridad” con el histórico dirigente del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de la ciudad capital, Rubén Daniele, a quien se lo imputa por tercera vez en los últimos años por presunta “incitación a la violencia pública”, debido a declaraciones que realizó el 20 de septiembre en medio del conflicto municipal, a la vez que “repudió la política implementada desde el poder para perseguir judicialmente a los dirigentes que luchan por los derechos de los trabajadores”.
La Central recordó que, así como ocurre con el dirigente municipal, el Secretario General de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, fue imputado por el Fiscal de Instrucción, Ernesto de Aragón, por participar el 5 de abril de la Marcha contra el Hambre convocada por la Unidad Piquetera. En ese punto, rechazó la “ofensiva política, judicial y mediática contra el movimiento obrero y los sectores populares” y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo y el desastre ambiental, el Gobierno persigue y procesa a los que salimos a la calle para denunciar la crisis económica y social que se lleva puesto los ingresos de los trabajadores”.
“Aunque el Intendente de Córdoba y Gobernador electo, Martín Llaryora, quiera desmarcarse, sus huellas están en el ‘Plan Antipiquete’ que motorizan varios de sus dirigentes en la Legislatura y el Poder Judicial adicto al ‘Cordobesismo’ el cual tiene como propósito regular la protesta social ante la profundización del ajuste. La hostilidad antisindical demostrada contra Daniele y el SUOEM, es un aviso de lo que tiene planificado hacer Llaryora con los sindicatos estatales con zona de actuación en la provincia que no se subordinen a sus políticas cuando asuma en ‘El Panal’ porque no se banca la autonomía de la clase”, enfatiza la nota.
Y agrega: “En cumplimiento de estas directrices generales surgidas del ‘Palacio 6 de Julio’ y a través de un Hábeas Corpus presentado por vecinos de Nueva Córdoba, el Fiscal Ernesto de Aragón imputó a nuestro compañero Federico Giuliani, a Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero, y otras cuatro personas con el objetivo de lanzar un globo de ensayo para ver si funciona como instrumento para disciplinar a los que reclaman contra este calamitoso estado de cosas”.
“La Jefa de la Policía, Liliana Zárate, confirmó que la Fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es un inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para reprimir el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho”, subraya.
Señala que “no claudicaremos en el reclamo, menos aún cuando tocan a los compañeros por luchar, y seguiremos exigiendo el cese de la persecución política a Giuliani, Daniele y el resto de la militancia sindical, social y ambiental que enfrenta el ajuste y el saqueo en nuestra provincia. El Gobierno y la Justicia de Córdoba tienen que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción, la inseguridad que golpea a los que menos tienen, la violencia institucional de la Policía, el hambre y la marginalidad crecientes, en lugar de asediar a los que pelean para que vuelva a imperar la Justicia Social”.
“Convocamos al conjunto del Movimiento Obrero cordobés a seguir reclamando en la calle por nuestras justas reivindicaciones aunque los gobernantes de turno, de cualquier pelaje político, pretendan amordazarnos echando mano al aparato represivo, la Justicia y los medios de comunicación hegemónicos que demonizan a los que no se resignan a soportar pasivamente esta escandalosa desigualdad social”, concluye la declaración.