Por Claudio Lozano*
El trámite parlamentario, cuyo resultado es la media sanción favorable para la Ley de Bases pedida por el Gobierno de Javier Milei, ha sido absolutamente bochornoso e irregular y es la evidencia manifiesta del nivel de degradación institucional, así como también de las consecuencias sociales que ese proceso va generando y generará en la Argentina que tenemos.
El Presidente Javier Milei ha dado muestras sobradas, desde su asunción, de pretender lograr la suma del poder público para impulsar una verdadera reforma constitucional que reconfigure el orden político, económico y social de la Argentina.
La reforma que impulsa la hace eludiendo todos los pasos institucionales que se requerirían para semejante objetivo. Reforma que además supone una absoluta regresión en materia de derechos respecto al orden constitucional vigente desde 1994 y que pasa por encima de todos los pactos internacionales suscriptos por la Argentina y que se incorporaron en el texto constitucional.
Estamos en presencia, por lo tanto, de un Presidente que con el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus camina abiertamente por la senda de la inconstitucionalidad cometiendo, además, el delito de traición a la Patria. A la vez, el proceso parlamentario de la Ley Ómnibus es poco menos que bochornoso. Ni los propios legisladores tienen a disposición el texto definitivo.
Las preguntas que caben entonces son ¿cómo puede ser que en este marco se siga discutiendo la posibilidad de delegarle facultades a un Poder Ejecutivo que funciona de este modo? ¿cómo puede ser que se siga debatiendo una ley inconstitucional que además tuvo un trámite absolutamente irregular? ¿cómo puede haber diputados que se presten a esto? ¿cómo puede ser que aún las Cámaras no hayan rechazado el DNU? ¿cómo puede ser que se insista en validar una ley sin que quede claro que el DNU ya no corre más? ¿cómo puede ser que el Poder Judicial y la Corte Suprema no hayan intervenido respecto a la inconstitucionalidad flagrante del DNU más allá de alguna definición de carácter sectorial?.
La explicación es una sola: La vigencia de una matriz conservadora y reaccionaria que domina el conjunto del sistema institucional. El carácter genuflexo y de clara subordinación a los poderes fácticos de parte sustantiva de la dirigencia política.
La eliminación del capítulo fiscal con la consiguiente eliminación de impuestos y retenciones que gravaban la renta exportadora no hace más que profundizar los rasgos de absoluta injusticia de la estrategia económica en curso. Gobernadores y fuerzas políticas pusieron el grito en el cielo para defender la renta exportadora que alimenta a las oligarquías provinciales y a los capitales más concentrados, sin importar que el costo recaiga sobre la mayor parte de la población. El mantenimiento del objetivo del déficit cero frente a la poda de recursos que se realizó profundizará el recorte del gasto público sobre funciones esenciales del Estado Nacional y profundizará los recortes de subsidios y la reducción de las transferencias a las provincias, sobre todo en aquellas que no se allanaron a los objetivos bestiales de la gestión libertaria.
A la vez, la poda de recursos fiscales agrava las inconsistencias del programa Mileista. Es sabido que es imposible alcanzar el déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica. La menor actividad reduce la recaudación y obliga, una y otra vez, a seguir reduciendo el gasto.
La matriz conservadora y reaccionaria del conjunto del sistema institucional ha construido un lamentable escenario de degradación social e institucional a partir del comportamiento Legislativo y Judicial y de la reacción de parte importante de los gobernadores frente al DNU, la Ley Ómnibus y el ‘Caputazo’. Escenario que explica también las razones de la existencia de un Gobierno de Milei. Son las limitaciones del sistema político y el debilitamiento institucional lo que explica que un fanático con ideas precámbricas pueda ser Presidente y que además pueda imponer condiciones siendo ínfima minoría en el conjunto del sistema institucional.
*Economista. Fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). Ex Director del Banco Nación. Diputado Nacional (MC). Presidente de Unidad Popular (UP)