Roberto Baradel, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de las y los Trabajadores, realizó la presentación en nombre de las dos Centrales en el marco de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, en Ginebra, Suiza. Allí denunciaron el brutal ataque contra las centrales sindicales, los derechos laborales y el desmantelamiento sistemático de las instituciones laborales del país.
“Intervengo en nombre de los trabajadores y trabajadoras Argentinas de ambas CTA, nucleados en la CSA, en la CSI y también en representación de La Internacional de la Educación, para expresar nuestra profunda preocupación por el incumplimiento por parte de la República Argentina de las obligaciones asumidas en virtud de los Convenios núms. 81, 129 y 150 de la OIT”, dijo.
Asimismo afirmó: “Nuestra preocupación es aún mayor porque muchas de las cuestiones que hoy nos convocan ya fueron advertidas en esta misma casa. Hace dos años, durante la discusión del Estudio General sobre los sistemas de administración del trabajo y la aplicación del Convenio núm. 150 y la Recomendación núm. 158, las organizaciones sindicales argentinas alertamos sobre el proceso de degradación institucional que comenzaba a desarrollarse en nuestro país. En aquella oportunidad denunciamos la reducción de programas públicos, el debilitamiento de las políticas de empleo, la degradación del Ministerio de Trabajo a una Secretaría y los despidos masivos en la administración pública nacional”.
Y afirmó: “En ese sentido y en consonancia con el informe de la Comisión de expertos sobre el incumplimiento de los artículos 1, b), 4, 7 y 10 del Convenio 150, debemos señalar que se ha incrementado el proceso de reducción del empleo público llevado adelante mediante despidos, no renovación de vínculos y programas de retiros voluntarios que impactaron sobre distintas áreas de la administración nacional sin consulta efectiva con las organizaciones sindicales representativas. Estas medidas no solo afectaron las condiciones laborales de miles de trabajadores y trabajadoras estatales, sino que produjeron una pérdida concreta de capacidades institucionales, experiencia técnica y presencia territorial del Estado. La disminución de personal en organismos estratégicos vinculados al trabajo, la producción, los derechos sociales y el control estatal compromete la posibilidad de garantizar una administración laboral eficaz, de sostener políticas públicas y de asegurar el acceso efectivo de la población trabajadora a derechos reconocidos por la legislación nacional y los convenios internacionales”.
“La crisis del diálogo social constituye otra expresión del incumplimiento del art. 5 del Convenio 150 como lo señala el informe de los expertos. Las organizaciones sindicales debieron intimar formalmente al Gobierno para que convoque al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, denunciando el incumplimiento de la periodicidad prevista en su propio reglamento. La continua determinación unilateral de incrementos insuficientes por parte del Gobierno y la ausencia de revisiones periódicas constituyen una seria afectación de los principios de consulta, participación y diálogo social consagrados por el Convenio”, agregó.
También dijo: “Respecto a lo mencionado en el informe de los expertos sobre el incumplimiento de los convenios 81 y 129, debemos destacar que se produce en el contexto de reforma laboral sin diálogo social y peor aún su reglamentación, que ha debilitado herramientas históricas de protección de los trabajadores y favorecidos procesos de desregulación incompatibles con el fortalecimiento de la inspección laboral, como lo es la eliminación de mecanismos sancionatorios contra el trabajo no registrado y la sustitución progresiva de instrumentos de control por esquemas que privilegian la regularización voluntaria por sobre la fiscalización efectiva”.
A su vez, remarcó: “Todo ello ocurre cuando se cierran miles de PyMEs, hay despidos masivos en el sector privado y en el sector público, hay una caída pronunciada del poder adquisitivo del salario de trabajadores y jubilados, desfinanciamiento de la educación pública,universidades, ciencia tecnología y salud, y un ataque a las organizaciones sindicales estableciendo multas millonarias cuando un sindicato convoca a una huelga como pasó con el gremio de APA, UTA La Fraternidad y a sindicatos docentes en cuadrados en CTERA, intervención de sindicatos como el caso de la UOM, persecución a los dirigentes sindicales y represión a la protesta social que casi se lleva la vida del reportero gráfico Pablo Grillo”.
“Señora Presidenta, cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva, limita el derecho de huelga y desmantela organismos encargados de garantizar derechos, no estamos frente a una simple reorganización administrativa. Estamos frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a asegurar el trabajo decente y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores”, remarcó.
“Ante la gravedad de la situación, solicitamos a esta Comisión que inste al Gobierno argentino de manera categórica a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito, garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario y cumplir plenamente con las obligaciones asumidas en virtud de los Convenios núms. 81, 129 y 150 de la OIT”, sintetizó.
Y finalizó: “Señora presidenta la justicia social no es una aberración como lo sostiene el presidente de la Argentina, es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”.
Fuente: www.ctaa.org.ar