Este 28 de mayo se cumple un año de un hecho que marcó un antes y un después en la relación entre el Estado Provincial y el derecho a la protesta social en Córdoba. Aquel día, el Fiscal Provincial Emilio De Aragón (foto de portada), vinculado al oficialismo del “Cordobesismo”, ordenó el allanamiento del domicilio particular de Federico Giuliani, Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, así como de la sede sindical de ATE Río Cuarto.
El operativo policial, ejecutado con una fuerza desproporcionada, no solo incluyó la retención del teléfono celular de Giuliani, sino también el celular de su hijo de tan solo 9 años, el auto de su esposa y otro vehículo de uso gremial. Todo ello en el marco de una causa abierta por De Aragón tras la represión policial del 25 de mayo de 2024, durante una protesta pacífica en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y 27 de abril, donde manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos y balas de goma por efectivos que custodiaban el acto del presidente Javier Milei.
Giuliani, junto a 14 manifestantes más, resultó herido en aquella jornada sin que mediara provocación o justificación alguna para el accionar represivo. A pesar de no haber sido aún citado a declarar, el dirigente sindical fue obligado a pagar una fianza de 10 millones de pesos para evitar la prisión preventiva.
La escalada judicial no es nueva. En 2023, De Aragón ya había imputado a Giuliani y a otros cinco dirigentes sociales por participar en la Marcha contra el Hambre, realizada en abril de ese año. En ese caso, la imputación se basó en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona la obstrucción de la circulación en la vía pública.
Sin embargo, la Cámara de Acusación del Poder Judicial de Córdoba resolvió recientemente el sobreseimiento de todos los acusados, marcando un freno al hostigamiento judicial contra quienes ejercen el derecho a la protesta. No obstante, hace unos días el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, apeló a través de un recurso de casación la sentencia del máximo tribunal penal de la provincia y pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que revise el fallo. Esta medida se produjo de manera sospechosa inmediatamente después que el poderoso Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) cuestionara la decisión de la Cámara.
A un año del episodio, organizaciones sociales y sindicales se preparan para movilizar nuevamente, no solo en defensa de Giuliani, sino también en repudio a una política de criminalización.
Fuente: www.gremial.online