Se realizó el 5 de diciembre en la sede del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA), la primera reunión multiactoral para tramitar avances frente a la denuncia internacional ante la OIT por violación al Convenio 169 “Consentimiento Previo, Libre e Informado a pueblos y comunidades indígenas tribales”, para el caso de la construcción de un tramo del Corredor Bioceánico del COSIPLAN del IIRSA, denominado vulgarmente por el Gobierno de Córdoba como “Autovía de Punilla”.
En la misma estuvieron presentes, el periodista Juan Yacobs, Secretario General de la CTA Autónoma Punilla; María Ana Mandakovic, Secretaria General del Cispren y Secretaria Adjunta de la Central a nivel nacional; junto a la Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA-A Nacional, la hermana del pueblo nación Mapuche Miriam Liempe.
En el encuentro estuvieron presentes distintos damnificados por la obra del Corredor Bioceánico, defensores ambientales procesados, junto a distintos integrantes de las comunidades indígenas de Punilla. La coordinación estuvo a cargo del Secretario de Derechos Humanos de la CTA-A Punilla, y referente en la Central del pueblo Kamiar-Comechingón, Fernando Guzmán. También se hizo presente la colaboración técnica y académica de la Magister Cecilia Carrizo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
En la apertura de la reunión, Yacobs expresó que “retomamos aquí las acciones formales de protesta que iniciara nuestro Instituto de Seguridad Laboral y Medio Ambiente ISLyMA de la CTA en el año 2017. Agotadas ya todas las vías administrativas y judiciales provinciales y nacionales, decidimos acudir junto a la CTA-A Punilla a la OIT, como máximo organismo a nivel mundial garante de derechos entre las empresas, el Estado y la clase trabajadora, y esperamos entonces para esta jornada, que sepamos alumbrar el camino para que nuestro reclamo llegue a buen puerto y podamos alcanzar finalmente la tan ansiada justicia reparadora y restauradora de derechos”.
A su turno, Liempe manifestó: “Siempre las luchas políticas la hacen los pueblos, en este caso la CTA asume la lucha de los pueblos originarios de Córdoba y se compromete a llevar e insistir con este reclamo ante los organismos competentes, de la misma manera como sucede con los hermanos del Malón, que están ahora en Buenos Aires, y a los que también estamos acompañando. Es decir que cuando el Gobierno argentino se presente a solicitar fondos ante los organismos, la nomeclatura de la Argentina va a estar dañada, pero lo que no podemos soslayar de ninguna manera es que la verdadera lucha se hace en los territorios. Por esto, la CTA-A está comprometida a llevar adelante éste y todos los reclamos de los pueblos originarios, pero no hay que olvidar, que la única lucha que podemos realmente llevar adelante para defender los territorios, es no firmarle un cheque en blanco a nadie”.
En tanto Mandakovic, sostuvo que “como anfitriona lo que quisiera decirles es que sobredimensionar lo que podamos alcanzar con una denuncia ante la OIT es parte de lo que no tenemos hacer, creo que hay que agotar la instancias que para eso se hicieron, pero lo importante es que surja de acá una organización, que tenga en cuenta los testimonios que escuchamos esta tarde que fueron desgarradores, entonces que nos vuelvan a recordar lo que ha pasado, nos sirve para darnos cuenta todo lo que nos falta. Pero acá, lo que hay que construir es poder popular para que estas cuestiones cambien, porque mientras no podamos revertir ese poder hegemónico va a suceder como en esta provincia, que tuvo un apoyo abrumador en las elecciones nacionales un espacio político que cree que las soluciones las tiene el mercado, entonces aprovechemos esta oportunidad para construir unidad y poder popular”.
Entre las conclusiones que son reflejadas en el documento final, se pudo traslucir la necesidad expresa de que el Ministerio de Trabajo de la Nación se pronuncie sobre este expediente en admisión así como también solicitar se aceleren los plazos del amparo que se encuentra actualmente en la Corte Suprema por falta de consulta previa, y que estaría pronto a resolverse en manos de la Secretaría de Juicios Ambientales, donde a partir del esperable fallo en contra del pueblo Kamiar-Comechingón, con la colaboración del Servicio de Paz y Justicia, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales de la mano de la CTA-A, se acudiría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.