Por Lucía Ceresole
Así lo manifestó en diálogo con LNM la secretaria de Género y Diversidad de ATE Córdoba, María Spaventa. Gremios estatales denuncian la situación desde diciembre y el gobierno dijo que se trata de “contratos de servicios” que se vencieron. Mientras, las trabajadoras son las más expuestas.
El sábado 30 de diciembre de 2023, a las doce del mediodía, Irina lee un mensaje de Whatsapp que llega reenviado a un grupo: “Se acaban de comunicar con nosotros del Ministerio para decir que van a revisar los contratos, que no van a trabajar más, presenten el CV y nos estaremos comunicando”.
Es licenciada en Pedagogía Social, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) y era socieducadora en el Complejo Esperanza, el establecimiento dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que alberga a jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Durante siete años trabajó ahí. “Todos entramos por concurso a través de un convenio entre la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la SENAF, que fue el único contrato que leímos. Luego de eso se ve que se terminó el convenio y quedamos ahí. No sabíamos cuáles eran las condiciones, sí sabíamos que era como monotributista; no sabíamos que el contrato terminaba el 30 de diciembre porque nunca me llegó un contrato”, dice.
Irina ingresó a trabajar en 2017 como educadora social por un habeas corpus presentado por Liliana Montero, quien en ese momento era legisladora y hoy es ministra de Desarrollo Humano, cartera de la cual depende Senaf y el Complejo Esperanza.
“El escrito instaba a la Provincia a que incorpore profesionales que mejoren la vida diaria de los jóvenes. Esas venimos a ser nosotras. Nuestra labor la construimos nosotras, solas, en equipo, junto con nuestra coordinación, pero es un rol nuevo, somos las únicas que tenemos ese saber. No solo la formación pedagógica de la universidad si no que construimos el rol a partir de la experiencia y somos las únicas que trabajamos adentro del pabellón con los jóvenes y lo que hacemos es el acompañamiento grupal e individual, educativo, de salud, familiar, judicial. Hacemos la contención y el acompañamiento con la intención de generar hábitos saludables para la vida. También articulamos con los equipos técnicos para pensar proyectos de vida una vez que egresen”, explica.
Ante el despido informal, ella y una docena de compañeras en la misma situación decidieron ir el martes 2 de enero a su trabajo y se presentaron en el lugar. “Las chicas que tenían que ir ese martes entraron, pudieron hablar con la coordinación y las que tenían que entrar a la tarde no las dejaron entrar. El Servicio Penitenciario tiene nuestros nombres para impedirnos el ingreso al lugar donde trabajamos siete años, donde están todas nuestras cosas adentro, no pudimos despedirnos de nuestros compañeros ni de los chicos con lo que venimos trabajando hace años. Es duro para nosotros que nos quedamos sin laburo, pero también la forma, porque somos las que hacemos el acompañamiento a los chicos y no pudimos decirle chau”, cuenta.
El viernes 12 de enero llega el mensaje definitivo. No les iban a renovar el contrato a ninguna y estaban entrevistando a otras personas para esos roles: “Un destrato absoluto, un no reconocimiento a la tarea profesional. Somos todas mujeres, madres, que quedamos a la deriva un 30 de diciembre sin saber cómo vamos a afrontar los gastos de la vida diaria”. Desde ATE estiman que hay 23 despedidas, mayoría mujeres, en el Complejo Esperanza a lo que se suman otros despidos en otras áreas de SENAF.
“El Servicio Penitenciario tiene nuestros nombres para impedirnos el ingreso al lugar donde trabajamos siete años, donde están todas nuestras cosas; no pudimos despedirnos de nuestros compañeros ni de los chicos con lo que venimos trabajando”.
“En el área salud y en SENAF es donde más se han dado esos despidos”
La Secretaria de Género y Diversidad de ATE Córdoba, MarÍa Spaventa, reflexiona sobre los despidos y la baja de contratos de trabajadoras del gobierno provincial: “Una de las grandes conquistas del movimiento feminista ha sido visibilizar las situaciones reales de las mujeres trabajadoras. En el área salud y en Senaf es donde más se han dado esos despidos y tienen que ver con la precarización. Y en esa precarización la mayoría son mujeres, no es casualidad que la mayoría tenga estos contratos de monotributo siendo que hace años que prestan servicios y trabajan a la par de cualquier contratado y planta permanente”.
Spaventa detalla también que las labores que realizaban se vinculan con tareas de cuidado que no son reconocidas: “Tanto en SENAF como en salud son tareas que no se reconocen ni para adentro ni para afuera”. Asimismo, asegura que hay un alto porcentaje de las despedidas que pertenecen a hogares monomarentales y son jefas de hogar. “En los trabajos nos encontramos con la precarización y consecuencia de esto es que se dan todos estos despidos y que además vulneran mucho más a las mujeres porque ahora sin un ingreso económico y con una situación social complicada se hace difícil adquirir alimentos y mucho menos encontrar un trabajo digno en el mercado laboral. Los despidos son sufridos en un 80% por mujeres”.
Fuente: www.lmdiario.com.ar