Un Tribunal de Impugnación resolvió este lunes confirmar las condenas a los ex jefes policiales que participaron en la represión a la protesta docente de abril de 2007, donde fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba. Todavía queda una última instancia de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. La Ctera celebró el fallo.
Las juezas Patricia Lupica Cristo y Leticia Lorenzo, y su par Nazareno Eulogio, ratificaron «en todos sus términos» y por unanimidad la sentencia dictada en marzo pasado, que había sido apelada por las defensas en octubre.
El fallo emitido este lunes destaca que las sentencias son una muestra cabal de imparcialidad, objetividad y razonabilidad de los jueces del Tribunal de juicio. Ahora, la última instancia provincial de apelación es el Tribunal Superior de Justicia.
De esta manera se confirmó las condenas de Benito Matus a 1 año y 4 meses de prisión (culpable del delito de abuso de armas), misma pena que para Jorge Garrido (culpable de abuso de la autoridad), quien ocupaba el cargo de jefe de Departamento de Seguridad Metropolitana. En tanto, los otros ex altos mandos que fueron encontrados culpables de abuso de la autoridad, condenados a la pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional, son: Carlos Salazar, quien era comisario General, Jefe de la Policía de Neuquén; Moisés Soto, quien era comisario general, subjefe policial; Adolfo Soto, comisario General, Superintendente de Seguridad Metropolitana; Mario Rinzafri, director de Seguridad a Cargo del operativo; Jorge Garrido, jefe de Departamento de Seguridad Metropolitana. El gobernador de Neuquén en ese momento era Jorge Sobisch.
Es un hecho probado que en el «Operativo Arroyito» existió un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, y que merece un reproche penal. A su vez expresa que «la crítica (de las defensas) resulta por demás infundada, ya que los jueces (del juicio) han desarrollado una minuciosa labor a la hora de justificar» el rol de cada jefe condenado y en el caso del jefe de la policía del Neuquén de Carlos Zalazar expresaron que «sus obligaciones y deberes, no son delegados en sus subalternos».
«Conservó en todo momento la obligación de hacer cesar los actos contrarios a la ley y a la Constitución Nacional», remataron los jueces.
«El tribunal no dudó: los jefes conocían al momento, cómo se desarrollaban los hechos, y por ende, tenían la obligación de hacer respetar la ley, haciendo cesar el uso de la fuerza que se manifestaba a todas luces arbitrario y sin ningún tipo de justificación», expresaron desde el gremio docente CTERA.
Fuente: www.infogremiales.com.ar