Por Jorge Elizondo
“Una clase dominante no abandona sus ventajas ni siquiera por consecuencia con sus propios principios políticos. Es otro caso de ‘idealismo’ burgués: se defiende la ‘Libertad’ como idea platónica y desencarnada, pero en el terreno vulgar de la práctica se desconoce la condición de libres a lo s que ponen en peligro los privilegios. La oligarquía no solamente es dueña de las cosas: también es dueña de las palabras. ‘Libertad’, ‘democracia’, ‘moral’ figurarán cuantas veces sea necesario en un decreto que dé el zarpazo a las libertades civiles argentinas”.
John William Cooke
La represión en Jujuy es un laboratorio o un ensayo general de la nueva etapa que se abriría en nuestro país, si la oposición de Juntos por el Cambio —en cualquiera de sus pretendidas variantes— ganara las elecciones generales. Aun cuando esto no haya ocurrido, la Constitución autoritaria de Morales y la represión sobre los trabajadores y las comunidades indígenas tienen un alto nivel ejemplificativo y disciplinador que va más allá de las fronteras de dicha provincia, que amenaza descargarse sobre la clase trabajadora y demás sectores populares.
El movimiento anti-piquetes y otras organizaciones patronales que colaboran con la represión policial crean las condiciones para impedir o debilitar las luchas por la reincorporación de trabajadores despedidos por motivos de discriminación gremial.
Conflictos actuales
Un ejemplo de ello es lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires con la sentencia del juez José Ignacio Ramonet, titular del Juzgado Nacional de Trabajo n.° 69, que resuelve una medida cautelar ordenando el reintegro de 29 trabajadores despedidos por la empresa Lácteos Vidal. Sostiene el magistrado que el accionar de la empresa “resulta violatoria del derecho de huelga y de la libertad sindical”. La empresa apeló la resolución, pero el recurso no tiene efecto suspensivo: la cautelar es de cumplimiento obligatorio y su incumplimiento determina la aplicación de multas, además del delito de desobediencia a una orden judicial.
La patronal ha gozado del apoyo de la Sociedad Rural, del Centro Industrial, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Carlos Casares.
El dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, Heber Ríos, denunció el accionar del autodenominado Movimiento Empresarial Antibloqueos, que conduce Florencia Arietto —la misma que manifestó en una entrevista que en el Conurbano hay que ingresar con “metra”—. “Ya tuvimos la ingrata oportunidad de enfrentarnos en un conflicto del año pasado en Lácteos Mayol, donde se movieron de la misma manera que ahora, en este y varios conflictos que no toman tanta trascendencia porque logran sus objetivos”. Lo que intenta hacer el grupo —dice Ríos— es “judicializar y obviamente demonizar por intermedio de los medios de comunicación, y a su vez generar denuncias falsas que por ahí agarran algunos fiscales flojos de papeles, que le dan trascendencia a esas denuncias del sector empresario”.
En realidad, el dirigente ha denunciado la acción sistemática tendiente a criminalizar el ejercicio del derecho de huelga, siempre con los mismos argumentos: bloqueo del establecimiento, corte de calles, etc.
En el caso que citamos, el juez laboral ordenó el reintegro a sus puestos de trabajo de los 29 trabajadores despedidos. Sin embargo, Lácteos Vidal se niega a acatar la sentencia, y en lugar de la reincorporación al trabajo, ofrece pagar indemnizaciones, cursos y la posibilidad de transformarse en “emprendedores” vendiendo productos de la empresa.
Y estas medidas anti-obreras se generalizan en un contexto de disminución de los conflictos laborales. Al respecto, el espacio de Capacitación y Estudio sobre el Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín ha informado: “Los datos oficiales muestran que actualmente la conflictividad es la más baja desde hace más de quince años (los registros estadísticos comienzan en 2006 y no hay niveles inferiores desde entonces). Además, en 2022 se registró el récord de convenios y acuerdos paritarios con cláusulas de paz social, las cuales suponen el compromiso de sindicatos y empresas de agotar todas las instancias de diálogo antes de iniciar medidas de fuerza. A su vez, el paro de actividades no viene siendo el primer reflejo de los trabajadores ante un desacuerdo con las empresas: por cada paro llevado adelante durante 2022, se registraron cerca de dos medidas de fuerza con acciones que no implicaron detener la producción. Este panorama se da en un contexto en el que los salarios de los trabajadores no recuperaron el 20 % de la caída de su poder adquisitivo que tuvo lugar entre 2017 y 2019 y en el que los niveles de precarización del empleo continúan siendo muy elevados”.
El informe concluye de la siguiente forma: “El riesgo al que nos enfrentamos no parece ser tanto el de sindicatos desbocados que obstaculizan la producción. Más bien parece ser que la crisis económica se convirtió en una oportunidad para avanzar en el disciplinamiento de la clase trabajadora”.
El informe no dice que la caída de los salarios se agravó durante la pandemia y sobre todo en la post-pandemia, coincidiendo con un crecimiento muy importante de la economía durante los años 2021 y 2022.
Pero para la clase dominante no es suficiente que el capital siga aumentando sus ganancias a expensas de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, sino que es necesario reforzar el disciplinamiento de la clase trabajadora, el debilitamiento de sus organizaciones y la pérdida de sus medios de lucha. Los objetivos políticos son tanto más importantes que los económicos.
Continúan manifestándose abiertamente contra el derecho del trabajo vigente. Con el pretexto de combatir la que llaman desde los 90 “industria del juicio”, justificando la ilicitud de los empleadores que no registran a su personal, insisten en eliminar toda protección contra el despido arbitrario. Sostienen que por existir una proporción tan alta de la fuerza de trabajo no registrada, sólo es posible dar empleo en condiciones de disminución de derechos, es decir, crear un empleo precario legalizado, garantizando al empleador la libertad de despedir sin causa y sin indemnización alguna. Existen varios proyectos de legisladores de Juntos por el Cambio. Las propuestas que ofrecen los candidatos de dicho frente político en plena campaña electoral replican dichos proyectos: facilitar los despidos, aumentar el trabajo temporario y la inestabilidad en el empleo y la represión de la protesta social son los objetivos sostenidos en común por las diferentes variantes de la derecha y ultraderecha.
La Unión Obrera Metalúrgica anunció un cronograma de medidas de fuerza, ante la negativa de las patronales a arribar a un acuerdo, luego de una quinta audiencia en el Ministerio de Trabajo, sin resultado alguno. El reclamo sindical es de un aumento del 60 % para el primer semestre: 10 % retroactivo a junio y 30 % hasta septiembre, más una suma fija de $ 60.000. La respuesta de las empresas se limita a ofrecer un aumento del 30 %, no acumulativo, sin bono y sin la inclusión del plus del 30 % para zonas desfavorables. Luego de la movilización del martes 18 frente al edificio Catalinas, preveía otro paro de 48 horas para el jueves 20 y viernes 21 de julio; y en caso de no existir acuerdo con las patronales, un nuevo paro nacional de 72 horas para los días 26, 27 y 28 de julio. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, antes del segundo paro, de modo de evitarlo.
Desde hace varios meses, la Unión Obrera Metalúrgica —a través de su secretario general, Abel Furlán— viene reclamando un aumento de suma fija, como lo hacen otras organizaciones gremiales: “Las paritarias tienen que seguir siendo libres y la suma fija tiene que ser un aporte para tratar de sostener y recuperar aún más el poder adquisitivo”; y su monto no debería bajar de 50/60.000 pesos [1].
Quien se opone rotundamente a estos reclamos es Techint, que lidera los grupos económicos de la industria siderúrgica, principal adjudicataria de la fabricación de los tubos del gasoducto “Néstor Kirchner”.
Este grupo económico con sede en Luxemburgo fue noticia durante la pandemia por su obstinada negativa a cumplir con las medidas estatales de prevención, aun cuando estuvieren en juego las vidas de sus trabajadores. Así ocurrió con la Tenaris Dálmine en Bérgamo, Italia, parte del grupo de Paolo Rocca, que presionó al gobierno italiano para que la actividad siderúrgica continuara, aunque dicha ciudad de la región de Lombardía tuviera uno de los más importantes focos de la enfermedad. Como consecuencia de ello, fallecieron cientos de trabajadores víctimas de Covid-19.
En nuestro país, Techint despidió en el 2021 a 1.450 trabajadores de la rama de la construcción, luego a un gran número de tercerizados, y suspendió con reducción de remuneraciones a otros de planta permanente, en todos los casos violando los decretos de necesidad y urgencia que prohibían los despidos y suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo. Los despidos y el momento en que se produjeron, en vísperas de una elección que los voceros mediáticos del poder económico auguraban como la catástrofe final para el gobierno y el inicio de una transición hacia un nuevo régimen, y que en realidad fue un anticipo de la derrota de la clase trabajadora y una demostración de poder de la patronal —y del conjunto de la burguesía— frente a la medida de prohibición de los despidos.
El poder simbólico y ejemplificativo de los despidos anticipaban el éxito de los proyectos de eliminación de las indemnizaciones por despido y el comienzo del fin del derecho del trabajo en nuestro país, que hoy plantean sin ningún tipo de prejuicios los representantes políticos de los grupos económicos.
Cabe destacar que el grupo fue un precursor en materia de flexibilización laboral y de los procesos de descentralización productiva, que se generalizaron a partir de la década del ‘90.
Su liderazgo indiscutible sobre el conjunto de las empresas de la actividad hizo posible que estas avanzaran sobre las condiciones de trabajo y de sus trabajadores, en el marco de la profundización de la crisis económica y sanitaria desatada por la articulación entre la pandemia del Covid 19 y la dinámica de acumulación capitalista. Lejos de ser perjudicado por la pandemia, las ganancias de todo el grupo aumentaron durante el 2020 y se destaca que las de la filial argentina de su holding de aceros planos Ternium crecieron un 70 %.
Creemos que la lucha de los trabajadores metalúrgicos será muy difícil si el grupo Techint —beneficiario de la estatización de la deuda externa privada en 1982 durante la presidencia de Cavallo en el Banco Central; de las privatizaciones del menemismo, entre otras de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA)— continúa hegemonizando el conjunto de los grupos económicos locales, y presionando al Estado en sus tres poderes, como lo ha venido haciendo hasta hoy.
El problema del Estado
El Estado se ha transformado en las últimas décadas: de ser un instrumento centralizado que expresa los intereses políticos de la clase o del bloque social y político dominante, se constata en la mayoría de los países numerosas desviaciones de la tradición de centralización —sobre todo económica— de la autoridad estatal; la pérdida del control total y directo del Estado sobre la economía nacional, un incremento de la coacción exterior y, por ello, una aparente supremacía del mercado. Se observa menos eficacia en las intervenciones del Estado, una disminución de sus controles directos y exhaustivos, una mínima centralización de su presencia y un debilitamiento de la acción administrativa [2].
En síntesis, pasa a convertirse en un Estado condicionado por los poderes externos; y esta transformación se potencia más aún en una etapa de sobreendeudamiento del país respecto tanto al Fondo Monetario Internacional, como a los acreedores privados. Los grupos económicos que asaltaron el poder en la dictadura cívico-militar, los gobiernos de Menem y la Alianza y el de Cambiemos (2015-2019) capturaron el Estado a nivel de los tres poderes.
Es indudable que cualquier pretensión de modificar esta situación y de recuperar —aun parcialmente— la soberanía económica perdida es y será rechazada por las fracciones políticas que representan los intereses del capital financiero trasnacional y el gran capital local.
“Con la asunción de Macri se retomó el antiguo modelo económico basado en el endeudamiento y la valorización financiera que revirtió negativamente las mejoras alcanzadas por el país en los indicadores de la deuda pública” [3].
Como ocurriera a fines del 2015, existe una oposición que reafirma —violentamente— que en el mundo sólo existe una forma de gobernar: la que se somete al dominio de las corporaciones, que el Estado sólo existe para garantizar la seguridad jurídica de estas y la represión de los sectores populares que cuestionan la explotación y la opresión.
Quienes se asumen desde ya como futuro gobierno pretenden demostrar a sus mandantes —las corporaciones transnacionales y locales— que están dispuestos a realizar lo que llaman nuevamente “el cambio”, cueste lo que cueste y pese a quien le pese. Como ocurriera en el período anterior —más rápidamente, dicen algunos— habría miles de despidos en el Estado y el sector privado, represión contra trabajadores en lucha nacionalizando el modelo de Morales en Jujuy, la decisión de gobernar por decreto el tiempo necesario para desmontar gran parte del andamiaje político-jurídico del gobierno anterior: actos preparatorios de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF, la destrucción de áreas del Estado destinadas al desarrollo científico, industrial, social y cultural, y el despido de los trabajadores responsables de dichas funciones. Nada que altere el concepto de Estado-gendarme o Estado-policía debería existir. Ni las centrales nucleares, que preocupan al imperialismo, ni la actividad científica y espacial, ni el desarrollo ferroviario, ni la fabricación de vagones, ni los astilleros. Sólo la actividad financiera y la exportación de commodities garantizarían la reinserción plena en el mundo capitalista e imperialista.
Se nos propone un crecimiento con desigualdad; las fuerzas políticas de derecha se horrorizan ante el más tibio intento de lograr una mayor igualdad social. Se nos propone una república sin democracia real, un pensamiento único neoliberal, con falsas alternancias entre variantes de este (conservadores o social-liberales), se nos propone el fascismo para combatir los desbordes de las masas: protocolos, gas pimienta y balas de goma o de plomo, persecuciones a los militantes (“cárcel o bala”) y prisión garantizada de estos a través de una Justicia al servicio de los poderosos.
En momentos en que se expresa con mayor agresividad la campaña política y mediática contra las organizaciones políticas y sindicales de los trabajadores y demás sectores populares, no basta con defender los derechos reconocidos, sino que es necesario avanzar hacia la conquista de nuevos derechos.
Los sucesivos escalones de dictaduras cívico-militares y gobiernos neoliberales fueron aumentando y perfeccionando los mecanismos de la represión contra los trabajadores y el pueblo, que alcanzan su máxima expresión genocida durante la última dictadura. Cada escalón represivo significó una enorme pérdida de derechos, que sólo pudieron ser recuperados parcialmente durante la etapa de gobiernos constitucionales iniciada en 1983.
Hoy los grupos más concentrados del poder económico y sus voceros de la derecha redoblan la apuesta: no sólo se le niega a la clase trabajadora el derecho a recuperar el valor de los salarios del 2015, sino que —con el nombre de “modernización”— anuncian el fin del Derecho del Trabajo, que, aun recortado y flexibilizado por la dictadura y el menemismo, sigue siendo un obstáculo para sus objetivos.
Frente a tal ofensiva, que cuenta con el respaldo del bloque económico dominante, una respuesta coyuntural limitada a la defensa de las normas laborales vigentes sería errónea e insuficiente.
Las luchas del movimiento obrero y los sectores populares deberán comprender —además del aumento salarial a través de una suma fija— la reducción de la jornada sin impacto salarial, la obligatoriedad de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, el reconocimiento legal de la participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la gestión, la defensa de nuestros recursos naturales, y la reconstrucción del Estado como instrumento de transformación económica, política, social y cultural.
[1] “La UOM insiste en una suma fija: Se hace imprescindible en este contexto”, Página 12, 22 de mayo de 2023.
[2] Beatrice Hibou, De la privatización de las economías a la privatización de los Estados, Fondo de Cultura Económica, p. 16/18.
[3] Cholvis, Jorge Francisco, “La Constitución y los tiempos del FMI. De Aramburu a Macri”, en Democracia vs. Neoliberalismo, Ediciones Ciccus, p. 105.
Ilustración de portada: Protesta, 1928, Juan Antonio Ballester Peña
Fuente: www.elcohetealaluna.com