Crisis del transporte: La cuestión de quién pone la plata

Acaba de terminar en la ciudad de Córdoba la segunda jornada de paro del transporte urbano de pasajeros sin acuerdo entre las patronales y la UTA.

Según los cálculos se requeriría unos 150 millones de pesos mensuales hasta fin de año para alcanzar el 35% de aumento que ya cobran los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y por lo cual no están de paro en este momento.

El gremio reclama algo lógico “que por igual tarea se pague igual remuneración”, y la única manera de cubrir semejante déficit no sería otra que el aporte o adelantos que puedan hacer los gobiernos provinciales y/o la municipalidades, o apelar a un nuevo aumento del boleto ya que los dueños de las empresas agrupadas en la FETAP se lavan las manos alegando que no tiene margen para pagarlo ni en todo ni en parte sin que las autoridades municipales las desmientan en público.

A los trastornos que sufrieron los casi 9 millones usuarios del transporte urbano de pasajeros por el paro de 48 horas tiene que sumarse el precio exorbitante que los vecinos de las ciudades del interior tenemos que pagar por la inequitativa distribución de los subsidios por la cual el AMBA se queda con el 85% de los mientras que el resto del interior solo recibe el 15% restante.

El conflicto se enmarca dentro la quita de subsidios generalizados en gas, electricidad y transporte que el Gobierno Nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar las metas de déficit fiscal para el 2023. La quita de subsidios a las tarifas de electricidad y gas por redes afectará a 39,1% de los usuarios de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y de ECOGAS, y a 61,4% de los clientes de las cooperativas eléctricas de la provincia de Córdoba. En la práctica, el aumento en las tarifas será del 20% promedio, tanto para la energía eléctrica como para el gas en octubre.

En noviembre regirá un nuevo aumento en este caso de 40%, y en enero se completará con el 40% restante, es decir que, desde entonces, los usuarios alcanzados pagarán tarifa plena que en la práctica implicará aumentos de tarifas de entre el 100% y 130%.

En cuanto al transporte el titular de la cartera del Transporte Alexis Guerrera, indicó que está previsto distribuir en 2023 unos $ 66.000.000.000 para el interior, frente a los $ 46.000.000.000 de este año. Eso implica un aumento del 43%, que está lejos de la inflación proyectada en el propio presupuesto enviado por el Ejecutivo y que la estima en un 60% para el año próximo aunque todas las consultoras la prevén en 100% como mínimo.

Según lo antes expuesto para conservar el mismo porcentaje de subsidios la partida debería llegar a 95.000.000.000 de pesos para el interior y sin que esto solucione el tema de la injusta e inequitativa distribución de los subsidios para lo cual deberían comenzar a discutirse seriamente propuestas como la del “Boleto Federal” que presentaran en la Cámara Alta los senadores Alejandra Vigo (Córdoba Federal), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) y Beatriz Avila (Juntos por el Cambio de Tucumán).

En dicha discusión en fundamental que los gremios intervengan activamente dejando de lado cualquier interés partidario y poniendo el interés general de la clase trabajadora por encima de cualquier consideración ya que los obreros somos los principales usuarios de este servicio público y cualquier incremento impacta de lleno en nuestro bolsillo.

Es de reconocer que la mayoría del activismo y la dirigencia sindical subestiman el impacto que va a tener la quita generalizada de subsidios, que en el caso del transporte público de pasajeros provocará aumentos que sobrepasen ampliamente el 100% si los municipios no ponen más dinero o el Estado Federal no flexibiliza la políticas de quita de subsidios.