Tres docentes y dos empleados administrativos denunciaron por “maltrato, acoso, hostigamiento y violencia laboral” a la conducción del INESCER por vía administrativa.
El personal hizo presentaciones ante la Dirección de Educación Superior y de Educación Técnica y Formación Profesional.
Entre los docentes está Marcel Pochulú, quien tiene judicializado su caso, y Jesús Chirino, ambos con tres décadas de trabajo (Chirino, 35). A ellos se sumaron Fernando Rubiano y María Alejandra Tanus, ex secretaria docente, hoy vicedirectora de la Escuela Alberdi, adonde llegó tras los hostigamientos denunciados en INESCER.
Uno de los denunciantes prefiere no hacer público su nombre, y “hay otras denuncias que no han sido sumadas a la investigación”, según una fuente del caso.
En una presentación plasmada en 16 páginas, los agentes señalaron “la falta de atención y respuesta por parte de las inspecciones a los reclamos generados”, y apuntaron que “debería haber sido motivo de preocupación para la DGES y la DGETyPF, las cuales no actuaron de oficio, conforme a sus funciones para investigar y esclarecer los acontecimientos”.
“No escapa al conocimiento de ambas Direcciones Generales, así como de las inspecciones a su cargo, que los directivos del INESCER han incurrido en una serie de conductas constitutivas de acoso laboral y violencia en el entorno educativo, generando un ambiente laboral e institucional hostil”, indicaron.
Acusaron que recibieron “expresiones verbales inapropiadas, como desvalorizaciones públicas, gritos, insultos, burlas, difusión de falsos rumores, difamación, amenazas, intimidación y discriminación basada en la religión”.
“Se han realizado críticas injustificadas al desempeño laboral, se han asignado tareas irrelevantes con el propósito de humillación y se ha utilizado presión encubierta para inducir la renuncia del personal afectado”, aseguraron.
Los y la trabajadora apuntaron hacia Liliana Abrate y Claudia Brain.
Los denunciantes desempeñaron sus funciones de manera ininterrumpida en la institución, son parte del núcleo fundacional de la misma, y “comparten características de revista similares, lo cual sugiere un patrón de selección en relación con su hostigamiento, acoso y persecución institucional”, precisaron en la exposición.
Se destacó que los docentes denunciantes cuentan con “un grado académico mínimo de magíster, adquirido durante su servicio, y en un caso ha obtenido hasta dos posdoctorados, cumpliendo con los mecanismos de acceso vigentes en el momento de su designación en las cátedras”.
Por otra parte, mencionaron que “la falta de acción y silencio por parte de ambas Direcciones Generales podría interpretarse como una aprobación implícita de las acciones denunciadas”.
El inspector Ernesto Olmedo respondió que la denuncia administrativa formará parte de la investigación que ha dispuesto el Ministerio de Educación, y que intervendrán la Fiscalía de Estado, la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación, y la División Apoyo Jurídico de la Dirección General de Educación Superior.
Fuente: www.eldiariocba.com.ar