“Este 8 de noviembre, en el Día del Empleado y Empleada Municipal, desde el Centro de Jubilados Municipales del Interior de la Provincia de Córdoba y desde la Unión de Trabajadores de los Estados Municipales (UTEM-CTA), nos abrazamos con cada compañero y compañera en la convicción de que podremos avanzar en la reconquista de los derechos que se nos restaron en los últimos años. Poco tenemos para celebrar más allá de nuestra pertenencia a la clase que, todos los días del año, pone en marcha los servicios municipales. P
“Pues somos nosotros quienes atendemos, con los escasos recursos que nos proporcionan las autoridades, en los centros de salud; en ámbitos educativos; encada oficina; en el corralón; en la biblioteca; atendemos las iluminarias; en el cementerio y tantas otras áreas que nos desempeñamos.
“El intendente de Villa María, Martín Gill, está terminando el actual período de gobierno municipal, anteriormente había ejercido la intendencia cuando Accastello se fue a la provincia. Es decir que es la segunda vez que está al frente del Poder Ejecutivo Municipal y va iniciar otro periodo para el cual fue elegido. En todos estos años ha tenido un comportamiento errático en relación al personal, en 2006, como secretario de gobierno, fue autor de un furioso recorte de derechos al personal municipal mediante un Estatuto del Empleado que generó un sistema de menos derechos para quienes ingresaran a la planta a partir de 2007.
“Luego, siendo Intendente, a partir de las demandas reconoció y dio marcha atrás en algunos artículos (no en todos).
“Le reconocemos ese paso, pero llega al final de este mandato con una situación terrible en cuanto a los derechos de lo/as trabajadore/as. Conocemos y denunciamos, mucho antes que él y sus partidarios, el desmanejo de la economía a nivel nacional y la consecuente crisis. Pero esa situación no alcanza para justificar la terrible situación que vivimos lo/as municipales de Villa María: sueldos muy bajos (muy por debajo de los que cobran otros municipios); altísimo índice de precarización laboral (contratados, facturantes, talleristas que cobran por subsidios, etc.); dentro de la precarización una feminización de esa desventajosa situación; planteos de violencia laboral que no son atendidos por las autoridades; el continuo retraso en el pago de sueldos (injustificadamente los facturantes cobran luego del 20); paritarias que se arreglan con el propio equipo de campaña política del intendente; y un largo etcétera que, hasta ahora no son atendidos, descuidando el capital humano del municipio. Inclusos debemos sumar el retraso en el pago de los sueldos a contratados y personal de planta permanente.
“Si bien esta intendencia nunca pagó todos los sueldos en tiempo y forma (a los facturantes les paga siempre tarde) se ha sumado esta realidad, pero a la par de ellas vemos como desde intendencia se habilitan endeudamientos y pagos en dólares, por inversiones en terrenos, a la par que se nos dice que no tienen plata para pagarnos. Dentro de pocos días se abre una nueva etapa de gobierno, y con ello la posibilidad de dar un golpe de timón y realmente avanzar en la construcción de una paritaria democrática que incorpore a UTEM y Jubilados; en terminar con la precarización laboral (pase a planta del personal); en el pago de antigüedad a los contratados; en reuniones de personal que atiendan las problemáticas de cada área; en la atención a los derechos de las mujeres trabajadoras; en la mejoras real de los sueldos; y otro largo etcétera de situaciones a atender.
“Los trabajadores venimos poniendo toda la paciencia necesaria y más. Ya llevamos 20 años del municipio gobernado por el mismo sector político partidario; 20 años demandando y esperando una repuesta acorde que nunca llega. Consideramos que no existe posición política/ideológica capaz de justificar que el municipio pague sueldos bajo la línea de indigencia; que le reste autonomía al personal sometiéndole a situaciones de precarización que van mucho más allá de lo laboral. Entonces, preguntamos, dónde se posicionan las autoridades municipales para llevar a restarles derechos a los trabajadores municipales, una realidad opuesta a la de otros municipios.
“En el día de quienes trabajamos en el municipio, reafirmamos nuestro pedido de un salario mínimo municipal de $33.000 (costó la canasta familiar en agosto), con orgullo de clase nos abrazamos con cada compañero/a y demandamos a las autoridades que estén a la altura de las circunstancias. A las mismas personas que, en campaña, decían que las cuentas municipales tenían superávit, pero cuando pedimos mejora salarial dicen tener pérdidas y toman deudas y hacen pagos en dólares”, concluye la declaración que lleva las firmas de Camilo Rodríguez (Centro de Jubilados) y Jesús Chirino (UTEM CTA-A).