La aclaración llega por parte de Claudio Lozano, director de la entidad pública e impulsor de la investigación que pesa sobre las finanzas de la cerealera. Desde los productores proponen una salida con intervención estatal que les asegure cobrar. Vicentin dice no necesitarlo.
“El Banco Nación no autorizó ninguna asistencia financiera a Vicentin”. Las declaraciones del director de la entidad pública, Claudio Lozano, responden a un rumor que creció con fuerza donde se aseguraba que el mismo banco que impulsó la investigación contra la cerealera en crisis había decidido rescatarla.
Lozano fue el impulsor de los dos informes que a comienzos del año pasado pusieron a la empresa en el centro de la escena cuando desnudaron que había recibido un préstamo de US$ 350 millones de la gestión anterior del Banco Nación, a cargo de Javier González Fraga. Y que la cifra superaba por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.
En estos días se conoció una iniciativa de un grupo de 70 acreedores comerciales –parte de los más de 1.500 que tiene la cerealera- que propone una salida al conflicto con tres pautas. La primera, separar la actual conducción de la empresa. La segunda, que los acreedores comerciales capitalicen, es decir que transformen en control accionario sobre la empresa la deuda que hoy tienen y por lo tanto que los dueños actuales de Vicentin se comprometan a vender el 100 por ciento del capital. Y tercero, piden la intervención de los Estados nacional y provincial para arribar a una solución sobre el futuro de la empresa que garantice la producción y el trabajo -explicó Lozano-. En términos generales, nosotros como banca pública respaldamos ese rumbo. Pero acá no hay ningún salvataje donde el Estado, ni el Banco Nación ni nadie haya planteado asistir financieramente a Vicentin. El Nación no puede darle un peso a Vicentin hasta que no recupere el crédito”.
La empresa –que es parte de uno de los principales exportadores de la Argentina y facturaba hasta el último balance US$ 4.000 millones al año- debe sólo al Banco Nación más de $18.370 millones, importe que representa el 78% de su deuda bancaria. Cuatro bancos públicos (Nación, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad y Provincia) son acreedores del 88,4% del total de la deuda de la compañía. A los productores agropecuarios, les adeuda otros US$ 350 millones.
¿Viento en popa?
Frente a la iniciativa del grupo de acreedores, Vicentin emitió un comunicado donde afirma que “se encuentra en plena etapa de co-construcción de una propuesta superadora que incluya a todos los acreedores y que pueda contar con su aprobación mayoritaria”, que no se generaron deudas pos concursales y que están recuperando solidez financiera con sus plantas funcionando a pleno. También afirman que se están cumpliendo con todas las instancias del concurso.
Sin embargo, la imagen que Vicentin tiene de sí misma no parece ser compartida por quienes esperan para cobrar sus acreencias. Y es que la reciente propuesta resulta toda una novedad si se tiene en cuenta el cambio radical de opinión de quienes la impulsan. Cuando el 8 de junio pasado el Gobierno anunció la expropiación de Vicentin, muchos de los productores santafecinos –damnificados y no por el concurso de la empresa- salieron a defenderla en nombre de la inalienable propiedad privada. Hoy, ante la falta de perspectivas de pago por parte de la exportadora de granos, la oferta de descabezamiento, capitalización e intervención estatal parte de las entrañas mismas de la Bolsa de Comercio de Rosario.
“A medida que va pasando el tiempo y se consuma la estafa, la situación social en Reconquista, Rosario y los demás lugares afectados fue cambiando y hay cada vez más consenso sobre que algo hay que hacer porque no van a cobrar”, señaló Lozano.
El también dirigente de Unidad Popular fue uno los autores del segundo informe de la entidad que desnudó la trama de las operaciones sospechosas del grupo en ambas orillas del Río de la Plata y alertó sobre el carácter fraudulento del concurso.
Por otro lado, si bien el Gobierno dio marcha atrás con la expropiación y la intervención quedó trunca por orden judicial, una solución como la que proponen los productores abriría un camino intermedio.
“Esto para nada inhibe que, a partir de una nueva intervención estatal y capitalizando deudas, el Estado se quede con una mayoría accionaria de la empresa, que le dé un bono al Banco Nación para que el banco cobre, y que tengamos una empresa testigo en el mercado cerealero”, analizó el directivo de la entidad.
Y agregó que una solución de este tipo permitiría impedir un desguace: “sería el final de un concurso que termine con una quiebra, es decir impedir que se concrete el operativo de fraude que llevaron adelante”.
Fuente: www.canalabierto.com.ar