Por Nicolás Fassi
Hace poco más de un año, la gestión de Juan Schiaretti navegaba por aguas relativamente tranquilas que, esquivando algunos charcos tales como la cuestión ambiental, las recurrentes crisis en la conducción policial y la desocupación/pobreza, le permitían empezar a prefigurar un lanzamiento a la tan mentada arena nacional.
Sin posibilidad de un tercer mandato consecutivo y a sabiendas que las “nuevas generaciones” reclamaban con más fuerza su lugar en la segunda época de Hacemos por Córdoba tras casi un cuarto de siglo al frente de la provincia, la posibilidad de coronar su prolongado camino político intentando el asalto a la Casa Rosada aparecía como factible.
Esa imagen de gestor se sustentaba en un clima de cierta calma en el quehacer diario con los gremios públicos, uno de los pilares de su menú a la hora de ofrecerse al resto de las provincias y de diferenciarse del resto de potenciales competidores o adversarios.
Más de 365 días después, ya en las postrimerías de su mandato, el clima de cara a las elecciones provinciales, en las que “su” legado mostrará fortaleza ante los nuevos/viejos actores está lejos de ser el esperado.
El último episodio fue la conciliación obligatoria dictada -a la carta- por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en un conflicto docente que lleva un mes y medio y que amaga con meterse en las elecciones provinciales, previstas para el domingo 25 de junio.
Este escenario, que encuentra origen en la crisis en materia sanitaria que estalló en diciembre del año pasado, revela quizá los límites de la gestión schiarettista en materia de ida y vuelta con los gremios públicos.
“Pax augusta”
En otras condiciones, la “pax augusta” que sobreviene producto de una conciliación obligatoria se torna impertérrita. Con el paraguas ministerial, la posibilidad de negociación entre las partes encuentra un freno. Luego de mayores o menores tensiones, se llegaba a un acuerdo. Al menos así lo marcaba la experiencia reciente.
No obstante, en el tumultuoso año electoral 2023, el conjunto de complicaciones que aparecieron en el horizonte no avizoran una solución tan rápida como se auguraba desde El Panal. El rechazo prolongado de las bases docentes a la oferta salarial, la sucesión de paros con alta adhesión y la aparición de grupos de docentes autoconvocados criticando a la conducción de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), precedió a la convocatoria a la conciliación.
Para sorpresa de algunos propios y muchos extraños, la Mesa Técnica Paritaria tendrá nuevos actores: Los representantes de las escuelas privadas. “En febrero del año 2005, el Gobierno decidió excluirnos de la mesa de negociación salarial. Ahí se fragmentó el frente docente y desde esa fecha hemos quedado fuera de la mesa de negociación. La convocatoria es un reconocimiento a nuestra representación”, sostuvo Gerardo Bernardi al conocerse el llamado, ocurrido esta semana.
Los autoconvocados, sin lugar en la mesa pero con poder de fuego
La lectura política obliga a pensar que el Gobierno, quizá acorralado por los tiempos, decidió abrir el juego para horadar de alguna manera el frente de conflicto. No es un dato menor el hecho de que tanto Walter Grahovac, Ministro de Educación, como el secretario General de la Gobernación, Julio Comello, salieron a remarcar que los docentes autoconvocados no formarán parte de la mesa.
La afirmación se caía de maduro. No obstante, el reconocimiento al accionar de docentes de base que con acciones por fuera del propio cinturón de contención del gremio, como concentraciones en plazas, peajes o en cercanías de los colegios, muestra que la situación es más compleja de lo que se aparenta. De hecho, las convocatorias a movilizaciones son constantes y podrían desembocar en una masiva marcha con los otros “rebeldes”: Salud Córdoba Unida.
Marcando la cancha
De manera paralela, Grahovac intentó llevar el eje del conflicto hacia adentro del gremio al sostener que “hay muchos delegados de la UEPC que son opositores a las conducciones y se colocaron esta camiseta”. “Vamos a tratar de encontrar una salida. Necesitamos que las escuelas recuperen un clima de atención a los chicos, tenemos que respaldar el trabajo de los docentes y de sus familias”, aseveró. Desde el gremio docente se salió a marcar la cancha. Su titular, Juan Monserrat, señaló que observa predisposición del gobierno en cerrar el acuerdo y negó una mala fe negocial. No obstante, reclamó por los días descontados y también tuvo palabras, elípticas, para con los autoconvocados: “Nadie le puede cuestionar a este colectivo de trabajadores organizados en nuestro sindicato que no tiene voluntad de pelear por el salario”.
Un par de brasas
Anticipándose a lo que puede llegar a ser un lastre importante en tiempos de campaña electoral, Martín Llaryora salió a mostrar iniciativa en el conflicto. Ante intendentes y dirigentes locales, sostuvo que “vamos a resolver el conflicto docente y vamos a mejorar la educación (…) vamos a ser nosotros los que vamos a resolver el conflicto sanitario y mejorar la salud”.
Afuera del Hotel Quorum, mientras el actual Intendente lanzaba sus promesas de campaña, un grupo de docentes hacía oír su reclamo. Antes de la conciliación, con mucha cintura, señaló que “hay que buscar una asignación justa en un momento muy difícil, al que tenemos que acostumbrarnos. Hay que buscar un aumento razonable… al igual que para los trabajadores de salud. Pero es la situación que atravesamos todos los que gobernamos en este contexto”.
Cabe destacar que los docentes rechazaron por tercera vez la oferta del Ejecutivo, que ofrece que un maestro o maestra inicial de grado ganará $162.185 en marzo y abril; $174.500 en mayo, $186.875 en junio y $187.845 en julio.
De cualquier manera, se trata de un juego con final abierto, donde los que otrora jugaban seguros y sabían de antemano los resultados, ahora ven incertidumbres a caballo de la situación económica y de ciertos desgastes en la gimnasia negociadora.
Fuente: www.lmdiario.com.ar